Dante en el quinto círculo del infierno

Devora, destruye, atrae e hipnotiza. Arrasa con todo a su paso, chilla y brama. No perdona. Es cruel y despiadado. También, deseado y necesario. Es buscado, querido y cuidado. Es enfrentado, desafiado y muchos luchan a muerte contra él. Hay quienes dedican su vida a producirlo y otros solo piensan en acabar con él. Es la metáfora por excelencia, ya sea para describir la vida humana en el mar de fueguitos de Eduardo Galeano o las tumbas ardientes del quinto círculo del infierno dantesco.

El fuego está presente en los relatos desde los inicios de la humanidad. Necesario principalmente para el abrigo, la cocción de carnes o espantar a fieras salvajes, fue un bien preciado desde tiempos inmemorables. Incluso se refleja en los relatos mitológicos: Prometeo recibe un castigo sin igual cuando desafía a Zeus para entregarles a los hombres el fuego que les ha sido negado. Para las civilizaciones antiguas, era un tesoro. El fuego producido naturalmente no era muy frecuente, por eso resultaba imperioso mantenerlo, cuidarlo, resguardarlo. Aprender a generarlo y dominarlo le permitió a la humanidad mejorar en la calidad alimenticia, realizar actividades nocturnas y defenderse de depredadores. Algunos de los grandes hitos que diferenciaron a las personas del resto de los animales.

Sin embargo, en el siglo XXI, la historia de la humanidad ha recorrido incontables páginas desde los primeros pueblos que batallaban por las llamas en la película dirigida por Jean Jaques Annaud en 1981. El capitalismo salvaje tiene el poder de retrotraer los conflictos humanos a sus luchas más primitivas: agua, tierra, alimentos, aire puro. En las lógicas destructivas de acumulación de riquezas, todo lo que no es un buen negocio es factible de ser destruido o aniquilado. Aunque la humanidad entera dependa de ello. En 2019, miles de espectadores observaron espantados en sus pantallas cómo ardía el pulmón verde de la Tierra mientras unos pocos hacían números y calculaban sus posibles ganancias.

Brasil, Australia, Estados Unidos, Argentina. La lista puede continuar. No se trata en este caso de un dios furioso y encolerizado con la humanidad. Ni siquiera Zeus en el sumun de su rabia se atrevió a tanto. Pero el capitalismo, sí.

El bosque nativo... no es buen negocio

Arbustos, árboles, pastizales, animales, arroyos, vertientes. Ninguna edificación. Terreno escarpado, pedregoso, desnivelado. Un paisaje muy diferente a las extensiones verdes de campos sembrados de soja que asemejan el fondo de pantalla de Windows XP. Tampoco se trata de una placentera casa de dos plantas, con amplios ventanales, piscina y un zorro paseando a lo lejos. El bosque nativo no suma ceros en las cuentas bancarias de ningún empresario. Solamente brinda oxígeno, regula los cursos de agua y escorrentías, impacta en el clima de una región, preserva el equilibrio ecológico y es el hábitat de miles de especies. Pero no es un buen negocio en términos monetarios. 

Aunque para algunos se trate de un estorbo en sus planes económicos, es una entidad viva que lucha contra el depredador más feroz del universo. Afortunadamente, su atacante está dividido. En la misma especie que lo asesina, también existen quienes lo protegen y defienden a capa y espada. El bosque nativo lucha contra el capitalismo salvaje. Su vida está en juego y con ella la de la misma humanidad que lo ataca también. Pero tiene aliados.

Las fotografías que acompañan las cartografías de Google Maps de la mayoría de los barrios cerrados cordobeses muestran imágenes similares: caserones de dos o más pisos; piletas de natación; parques con césped verde y cuidadosamente cortado y algún que otro zorro. Nunca eligieron vivir dentro del alambre perimetral, pero su hábitat natural fue transformado tan severamente que en la actualidad, hasta posan para las cámaras de los celulares mientras son alimentados por los vecinos de las urbanizaciones. Los desarrollos inmobiliarios avanzaron sobre el bosque nativo, como siempre ocurrió con la expansión de las ciudades.

La discusión sobre las modificaciones a los ecosistemas naturales a causa del avance de las actividades humanas tiene una larga trayectoria. Para establecer acuerdos, se reglamentaron leyes que indican en qué lugares es posible o no realizar transformaciones de acuerdo con las características de las especies que los habiten. La mayoría de los países del mundo tienen sus normativas al respecto y Argentina no es la excepción.

La ley 26.331, sancionada el 28 de noviembre de 2007, estipula los presupuestos mínimos que son necesarios para la protección ambiental de los bosques nativos. Porque al no ser buen negocio monetario, es necesario que el Estado asuma el rol de velar por la preservación de esos espacios naturales. No solamente la ley asigna una partida mínima de dinero para invertir en el cuidado de los bosques. También establece la división en zonas delimitadas con los colores verde, amarillo y rojo, para señalar la posibilidad de realizar o no transformaciones y desmonte. Además, la legislación indica que cada jurisdicción debería redactar su propia normativa y delimitar los sectores verdes, amarillos y rojos en sus propios mapas.

La ley que vio arder el fuego

Un viejo refrán señala que “hecha la ley, hecha la trampa”. En el caso de la regulación de los bosques nativos, este dicho no aplicaría de manera directa. El artículo 40 de la ley nacional 26.331 advierte sobre la situación particular de los incendios. El fuego es anterior a 2007 y ya estaba contemplado en la normativa la posibilidad de que alguien decidiera aprovecharlo para decir que en cierto lugar ya no había bosque nativo. Por eso, la norma establece claramente: “En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial”. 

Prácticamente las mismas palabras se pueden leer en la ley provincial 9.814 de Córdoba, sancionada en 2010. “Los trabajos de recuperación y restauración en los bosques nativos que después de la sanción de la presente Ley hayan sido degradados por incendios o por otros eventos motivados por culpa de su titular, podrán ser ejecutados por el Estado Provincial, con cargo al titular o directamente por éstos con la supervisión de la autoridad competente. En todos los casos de incendios se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiere definido en el ordenamiento de los bosques nativos provincial establecido por la presente Ley” explicita el artículo 30. El apartado siguiente de esa norma amplía: “En los sectores pertenecientes a las Categorías I y II será obligatoria la realización y mantenimiento de infraestructuras de prevención y control de incendios o la realización de fajas cortafuego o picadas perimetrales, debiendo realizar la correspondiente comunicación, salvo casos de necesidad o urgencia, a la Autoridad Aplicación”.

En teoría y de acuerdo a lo que señalan las leyes nacional y provincial, los bosques nativos están protegidos. Sin embargo, el humo, el fuego y el olor a quemado son figurita repetida en la previa de la primavera en la provincia de Córdoba. Cada agosto, las sierras se convierten en hornos crematorios que arrasan con la vida y las denuncias sobre la intencionalidad de los incendios son cada vez más fuertes. Porque los hechos son demasiados como para tratarse de infortunadas casualidades.

"Si hacemos un análisis exhaustivo y una indagación seria, un trabajo periodístico a los jefes de los bomberos provinciales y se saca información de dónde fue cada incendio, en el 2004 acá, en el 2005... Y se va haciendo un mapa de esos incendios --digo de un caso concreto: camino a Falda del Carmen, Falda del Cañete, ahí había bosque nativo, con toda la biodiversidad que ahí habita--, veamos qué hay ahora: todos countries, barrios cerrados. Y hagamos un análisis posterior: ¿cuántos incendios consecutivos hubo en ese lugar antes? Iban semana de por medio los bomberos ahí y me lo contaron los mismos bomberos. Y ahora son todos barrios cerrados” remarcó Guillermo Galliano en una nota realizada en Radio Universidad.

La ley existe. Las sanciones están establecidas. Pero el fuego sigue destruyendo miles de hectáreas cada invierno. Agosto le da inicio a un ciclo que se vive cada año sin demasiadas variaciones. Primer acto: las sierras secas, esperan la llegada de las primeras lluvias. Segundo acto: altas temperaturas, vientos, el bosque nativo comienza a arder. Tercer acto: campañas de concientización del cuidado del fuego a la hora de hacer asados o acampar. Cuarto acto: algunos detenidos por iniciar focos, normalmente campesinos a quienes se les descontroló la quema de yuyos o situaciones similares. Sin embargo, la historia se repite cada año.

Mal clima

Los mapas, en el centro de la discusión

“En las sierras de Córdoba, 5.358 incendios –ocurridos entre 1999 y 2017– afectaron 700.385 hectáreas, un 28,9% de la superficie que suman las Sierras Chicas, las Sierras Grandes, las Sierras del Norte y las Cumbres de Gaspar, a lo largo de la franja occidental del territorio provincial” señala una investigación realizada por el Instituto Gulich (UNC-Conae). La superficie afectada corresponde a unas doce ciudades de la provincia. Muchos de esos incendios se produjeron antes de la sanción de las leyes de protección de los bosques nativos. Pero, también, una gran cantidad se originó con posterioridad, lo que centra la discusión en torno a la posibilidad de modificarla o actualizarla para evitar realmente que el infierno se reinicie cada año.

La ley provincial 9.814 se realizó no solamente con el trabajo de los legisladores, sino que también participaron numerosas organizaciones sociales y ambientales. Una de ellas fue Tierra y Ambiente, en la que intervino la altagraciense María Inés Chiotti. En 2010, cuando la ley se puso en discusión, Chiotti señaló que el principal impacto que tendría la sanción en Alta Gracia sería la necesidad de planificar el crecimiento urbano. “Se debe reconocer que estas ciudades con potencial de crecimiento hacia el Este o hacia el monte deben replanificar su crecimiento, porque toda zona donde haya bosque nativo y pendiente mayor al 5% como Alta Gracia, es zona roja y está prohibido el desmonte” explicaba en ese momento a Sumario.

En 2016, el gobierno de Juan Schiaretti envió a la Legislatura provincial un proyecto de modificación de la ley 9.814. La propuesta contaba con el visto bueno de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), la Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), entre otras organizaciones empresariales y agropecuarias. No así con el de la sociedad en general. Numerosos sectores de la ciudadanía se manifestaron en contra de la ley y el 27 de junio se realizó una multitudinaria manifestación por el centro de Córdoba que contó con la presencia destacada de Doña Jovita. El actor que la interpreta, José Luis Serrano, calificó al proyecto de ley de basura y pidió que se archivara. Meses después, el Gobernador visitó Alta Gracia y numerosos vecinos se movilizaron hasta el hotel en el que se encontraba para protestar contra el proyecto de ley. “Esta nueva ley viola la ley nacional. Hay un desequilibrio ambiental que los gobernadores deben controlar. Hay un sector que se quiere seguir enriqueciendo, el Gobierno va a trabajar para un grupo reducido de personas que con este modelo tampoco va a tener desarrollo en mediano o largo plazo. Cada 5 años se plantean los mapas con áreas verdes, amarillas y rojas. Esto se replantea, no hace falta una nueva ley”, manifestó Chiotti en esa oportunidad a Sumario.

Amalia Vagni era legisladora y también se opuso a la ley impulsada por el Gobierno provincial en 2016. “Hemos estado mucho tiempo trabajando con la modificación de la ley 9.814. Todo lo que fue ley de bosques quedó trunco cuando salió la ciudadanía a la calle allá por 2016. Yo participé de esa marcha, porque realmente veíamos que no había un resguardo de lo que se tenía que proteger que era el bosque nativo. Se excusaron en que los mapas estaban mal hechos, que cuando se hicieron no había tecnología capaz de permitir conocer el estado de los bosques. Hoy la tenemos. Hemos largado un satélite al espacio para poder medir la humedad que tiene la tierra, ¿cómo no vamos a poder saber dónde hay bosque nativo o no? Hoy se tiene que hacer un realce de los mapas realmente conscientes de lo que tenemos” indicó a Sumario la actual concejala de Alta Gracia Crece. 

En la misma línea, Chiotti señaló que: “La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección del Bosque Nativo es clara sobre el uso del suelo en zonas de bosque nativo. Toda zona de monte es zona roja y es por eso que no puede haber ningún cambio del uso del suelo: ni por desmonte ni por incendios. Y el decreto reglamentario especifica que en caso de haber incendios, el uso del suelo se mantiene como zona roja y deben implementarse las políticas necesarias de restaurar las zonas quemadas. Es imprescindible que se vea y que se respete la ley. Además, es necesario que se actualicen los mapas cada cinco años. El bosque nativo es un organismo vivo en plena expansión o en retroceso y eso debe mapearse cada cinco años. Justamente, con el ánimo de que cada vez haya más bosque nativo, no menos”.

La actualización de los mapas de la provincia de Córdoba en cuanto a bosque nativo es un reclamo de distintos sectores. Sin embargo, la preocupación está en las habilitaciones de uso de suelo que se pueden derivar de dicha modificación. En ese sentido, es importante el reparo de las leyes actuales, que advierten que lo que en algún momento fue declarado zona roja no puede revertirse luego de una catástrofe o desmonte.

La frontera roja

Ojos que no ven…

Ha pasado una década desde la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial De Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba y los incendios siguen siendo parte del paisaje entre el invierno y la primavera. “Es preocupante que en la Provincia cada vez sean más las hectáreas de bosque nativo que se pierden por incendios. La prevención, claramente no está bastando. No solamente por parte de la Secretaría de Ambiente sino también de los organismos de lucha contra el fuego y el presupuesto que se destina en la Provincia para ello”, remarcó Chiotti.

Desde enero de 2015 hasta diciembre de 2019, se llevaron a cabo 25 causas judiciales en la provincia de Córdoba por iniciación de incendios rurales o forestales. Extrañamente, ninguna de ellas corresponde a focos grandes, sino a fuegos menores. De todos esos procesos, solo uno tiene condena firme. 

De esta manera, la responsabilidad principal en cuanto a la prevención y erradicación de los incendios forestales recae en la Justicia. Si el bosque nativo no resulta un buen negocio monetario y no se aplican las sanciones establecidas por su destrucción, ¿qué impide a un desarrollista utilizar el fuego como herramienta de desmonte? Si no hay controles que garanticen el castigo a los responsables de provocar los incendios, tampoco existe para revisar la utilización que se le da al suelo luego de que ha sufrido un incendio. Más allá de que la ley sostenga la necesidad de reforestar con especies autóctonas, su cumplimiento llega a ser dudoso. “El tema es el control. Acá no se trata solamente de piromaníacos que van y prenden fuego. Hay muchos que son intencionales y tienen un propósito inmobiliario o para la agricultura. Se trata de un control estricto de las cuestiones que se vienen haciendo en contra de la ley” apuntó Vagni.

Martín Cascone es abogado, asesor en materia legal para la creación y gestión de áreas protegidas en el país. Trabaja junto  a Sergio Acosta, intendente del Parque Nacional Quebrada del Condorito en la causa que lleva adelante contra Alejandro y Francisco Becerra por iniciar incendios en sus campos en la Pampa de Achala. En diálogo con Sumario, el letrado defendió la ley actual: “La Justicia tiene elementos para perseguir a quien comete estos delitos. Y por otro lado, la ley de ordenamiento de bosque nativo de la Provincia establece que ante un desmonte por fuego, el área no puede sufrir un cambio en el uso del suelo. En ese sentido, es una normativa ordenada. Sin dudas que puede haber nuevos elementos y nuevos proyectos que vengan a sumar y a enriquecer el sistema legal. Pero la normativa de base está y es positiva”. 

Sin embargo, señaló que lo que está faltando es la actuación de jueces y fiscales para castigar realmente a quienes inician el fuego y hacer cumplir las leyes existentes para proteger el bosque nativo. “Hay que ver el rol de la Justicia ante la comisión del delito. Y cuánta atención le presta la Justicia a la persecución penal de estos delitos. La parte de la Justicia la evaluamos como deficiente. Una estadística del mismo Poder Judicial señala que la cantidad de causas que se investigan por incendios, que a su vez tienen imputación y logran la elevación a juicio es mínima.  Aún más deficiente es la sentencia, la condena de la cámara del crimen por la comisión de este delito. Esto deja a las claras que no hay una verdadera intención de perseguir, sancionar y en definitiva hacer cumplir la ley. Aún en las causas más sencillas, porque los organismos públicos han arrimado pruebas, allí no hay un autor concreto condenado” remarcó Cascone.

Señores jueces: Nunca Más

En 1985, el fiscal Julio César Strassera pronunció el célebre alegato en el Juicio a las Juntas Militares en el que enarboló el título del informe realizado por la Comisión Nacional contra la Desaparición de Personas (Conadep) como consigna popular. “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: "Nunca más"”, finalizó la acusación.

El juicio de 1985 fue el primero de todos los litigios que se realizaron contra el accionar de fuerzas militares y civiles durante la última dictadura militar. Los distintos gobiernos democráticos desde 1983 hasta la fecha han adoptado diferentes acciones y posturas en la condena de los crímenes del Terrorismo de Estado. Sin embargo, un factor importante en las condenas a los genocidas fue la lucha incansable de los organismos de derechos humanos. El interminable trajinar de abuelas, madres e hijos tuvo su corolario en las causas de lesa humanidad. Incluso, con un Presidente que llegó a la Casa Rosada prometiendo “Conmigo se acaban los curros en derechos humanos”, siguió habiendo sentencias que condenaron a los genocidas.

Refiriéndose a la falta de resoluciones en las denuncias de incendios intencionales, Cascone señaló: “Solo con el cumplimiento riguroso de las normas podemos lograr que la sociedad revierta o que quienes son autores de este delito cesen su actividad. Los fiscales tienen tienen la obligación de ejercer la acción, debiendo llevar adelante procesos ejemplificativos que terminen con esta práctica nociva. Es un delito perseguible por la instancia pública. No requieren la constitución de un querellante”.

Juan Schiaretti vive en Altos del Chateau, un barrio cerrado que al buscarlo en mapas tiene entre sus fotos zorros que se pasean por los terrenos parquizados, otrora su hábitat natural. La urbanización se encuentra a escasos metros de la Reserva Natural Urbana San Martín. Se trata de  una superficie de 114 hectáreas enmarcada por el Río Suquía y el Canal Maestro Sur. Es la única área natural protegida de la ciudad de Córdoba y posee gran importancia biológica, ya que corresponde a una zona de transición entre dos ecorregiones, el Espinal y el Chaco Seco, albergando ecosistemas nativos representativos. La Reserva San Martín alguna vez fue un monte mucho más extenso. Hoy, está rodeada de barrios privados.

“Acá también y principalmente está la responsabilidad del sector privado que podría estar interesado porque en esas zonas no haya más bosque nativo. Entonces son necesarias las investigaciones serias y la penalización real”, remarcó Chiotti en diálogo con este medio.

Los bosques nativos de la provincia de Córdoba necesitan defensores que los protejan como abuelas, madres o hijos y fiscales dispuestos a exigirles a los jueces un “Nunca Más” al ecocidio. Incluso con gobiernos de turno que prefieren el césped prolijamente cortado y los agronegocios.