Un grito que se multiplica día a día

NI UNA MENOS

Edición Impresa 05 de junio de 2020 Diario Sumario

El 3 de junio de 2015, las calles céntricas de Alta Gracia estuvieron colmadas de manifestantes. El reciente femicidio de Chiara Páez, una adolescente de catorce años embarazada, a manos de su novio en Rufino, Santa Fe, acababa de motivar la consigna que luego se convirtió en bandera: Ni una menos. La etiqueta #NiUnaMenos fue tendencia principal en las redes sociales y las movilizaciones fueron multitudinarias en todo el país. No solo quedó instalado el eslogan, sino también la fecha. Pero además, el reclamo de que la violencia machista tenga un freno se multiplicó y los gritos de las calles llegaron a escucharse en algunos estamentos gubernamentales. Ese año, se creó el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de la Nación Argentina. El organismo realiza informes anuales sobre las muertes de mujeres y de ese modo visibiliza los femicidios cometidos en todo el país. A partir de 2016, el Gobierno de la Provincia de Córdoba emitió una serie de lineamientos para trabajar en la prevención y erradicación de la violencia hacia la mujer en todas las escuelas.

A nivel local, el Concejo Deliberante de Alta Gracia declaró de interés municipal la marcha y algunos de los ediles y miembros del gabinete de aquel entonces concurrieron a la movilización. En octubre de 2016, los legisladores de la ciudad del tajamar aprobaron la creación del Consejo de la Mujer, un reclamo que estaba presente desde 2008. Recién en mayo del año siguiente se convocó a quienes quisieran integrarlo. El Colectivo Ni Una Menos fue una de las instituciones que se integró, pero no contaba con posibilidad de votar por no tener personería jurídica. Una de las principales acciones del Consejo de la Mujer durante sus primeros dos años de funcionamiento fue la creación de un Protocolo de Acción de Violencia hacia la Mujer. Se trataba de un listado de organismos a los cuales las víctimas podían acudir en caso de necesitarlo. Pronto quedó en el olvido y no se profundizó el trabajo sobre el mismo.

Sin embargo, desde aquel 3 de junio en el que las marchas en ochenta ciudades de la República Argentina pidieron el fin de los femicidios, la cifra de mujeres menos que hay en el país a causa de la violencia machista supera las 1.450. En el departamento Santa María, son cinco las mujeres que faltan desde entonces: Johana Altamirano; Ana Rosa Barrera; Deolinda Díaz; Silvia Maddalena y Aydeé Palavecino se suman a Valeria Villarreal, Verónica Presson y Silvia Costamagna, asesinadas antes de la primera gran marcha contra los femicidios. En 156 días que lleva este 2020, el número de víctimas fatales se acerca a las 140 y cada 30 horas se le suma una más.

 

Lo conseguido

La lucha contra la violencia hacia la mujer no comenzó el 3 de junio de 2015, sino que tiene raíces muy profundas. Una de ellas es el Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza en una ciudad argentina todos los años desde hace más de tres décadas y que en el último año mutó a Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias.

Entre los logros de los movimientos feministas en la última década, es importante mencionar la implementación de la figura legal de femicidio como agravante de un asesinato. Pero está claro que el hecho de que los asesinos pasen más años en la cárcel no soluciona ni remotamente el problema de fondo.  Por eso, surgieron fuertes campañas de visibilización de la violencia; de educación sexual integral, que no abarca solamente la anticoncepción sino que profundiza en la afectividad, el buen trato y el respeto a las diversidades. Además, se puso el eje en la educación y en la construcción de género, entre ella las masculinidades. La educación en nuevos modelos de varón que no sea el dominador es uno de los mayores desafíos de la educación sexual integral y de la sociedad en su conjunto.

Por otra parte, en 2016 se creó a nivel provincial, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Polo Integral de la Mujer, que atiende las 24 horas todos los días del año consultas y denuncias ante situaciones de violencia de género. Tres años más tarde, tanto a nivel nacional, provincial e incluso en la ciudad de Alta Gracia los gobiernos que asumieron en diciembre de 2019 crearon en sus gabinetes organismos de defensa de los derechos de las mujeres y diversidades. Así surgió el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Argentina, que está a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta; el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba, dirigido por Claudia Martínez y la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Alta Gracia, comandada por Mónica Prada.

En 2018 se promulgó a nivel nacional la Ley Micaela, que establece que todos los organismos del Estado deben recibir capacitación en materia de perspectiva de género. Semanas atrás, la provincia de Tucumán decidió su adhesión y de este modo todas las jurisdicciones nacionales implementan o deberán realizar capacitaciones para sus empleados y funcionarios estatales.

Además de los aspectos legales e institucionales, hay otra cuestión que es muy importante en la lucha contra la violencia de género: la visión social. Hasta hace algunas décadas, se trataba de un problema privado, cuestiones de pareja e incluso diarios y noticieros televisivos informaban crímenes pasionales o relacionados con celos. La visión social cambió y el pasado 3 de junio, cuando el fiscal Fernando Rivarola de Chubut consideró que una violación en manada debía ser atenuada por tratarse de un “desahogo sexual”, hasta los medios más conservadores de la República Argentina lo consideraron un escándalo. Hay barbaridades que ya no pueden ser cometidas ni siquiera por la “Justicia”.

 

Lo pendiente

Si bien las conquistas son numerosas, también hay mucho camino por delante. Todavía sigue muriendo una mujer cada 30 horas en Argentina y que se visibilice esa realidad no evita los femicidios. A pesar de que la violencia hacia la mujer está condenada socialmente, todavía existen medios que señalan en sus titulares posibles motivos para un femicidio: “Degolló a su mujer porque y quiso suicidarse”; “Mató a su novia médica porque ”; “Creen que la mató porque quería dejarlo”. Las tres citas anteriores corresponden a titulares de medios argentinos publicados en 2020. En las dos primeras, se toma la declaración de manera textual, pero en todas, la oración sentencia que el motivo de la muerte es la infidelidad, el contagio de covid o el punto final a la relación. En ningún momento se habla en el título de femicidio o de violencia machista. En los tres titulares, la responsabilidad de la muerte recae sobre la propia víctima. Editores, periodistas y comunicadores también deberían ser capacitados en materia de perspectiva de género. Algunos medios incorporaron a sus plantillas la figura de la editora de género, que podría ser una alternativa para erradicar definitivamente las noticias que revictimicen a las mujeres.

El trabajo de la educación sexual integral es primordial, especialmente en el fortalecimiento de vínculos entre los diferentes géneros y en la construcción de feminidades, masculinidades e identidades diversas.  Construir la idea del hombre, macho, fuerte, que soporta cualquier cosa, que no exterioriza sus sentimientos, deja muertos. No solamente mujeres, como en los femicidios. También los hombres mueren a causa de la violencia machista. El caso más resonante de este año es el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en enero pasado.

En Argentina, las mujeres mueren por violencia de género ejercida de diferentes maneras. Una es la dominación, los golpes, el maltrato. Pero también son víctimas del incumplimiento de leyes centenarias como la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que se permite por causales específicas desde 1921. La violación es uno de esos causales. El embarazo en cualquier persona menor a quince años se considera fruto de una violación. Sin embargo, en abril de este año, a casi un siglo de la promulgación de la ley de ILE, personal médico de Santiago del Estero alteró información para impedirle abortar a una nena de 12 años. Al margen de ese caso, unas 50 mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos clandestinos y más de 40.000 son internadas en hospitales públicos por el mismo motivo. Mientras las prioridades de diputados y senadores están colocadas en la emergencia sanitaria derivada del coronavirus covid-19, las guardias de los hospitales públicos siguen recibiendo mujeres con graves complicaciones de salud por no querer gestar.

 

Y por casa, ¿cómo andamos?

El 20 de marzo pasado, el Gobierno Nacional decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. “Quedate en casa” reza el eslogan que garantiza a los ciudadanos la seguridad frente al virus del covid-19. Sin embargo, para algunas personas, su hogar es el lugar más inseguro en el que podrían estar. Posiblemente, se encontrarán a salvo del nuevo coronavirus pero no de la vieja y conocida violencia de género. En 2017, el 71 por ciento de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima; en 2018, el 66 por ciento de los crímenes ocurrieron en la casa y en 2019, el porcentaje de femicidios ocurridos en el hogar fue de un 60 por ciento. Para más de la mitad de las personas que termina asesinada a manos de la violencia machista, el lugar más inseguro en el que podrían quedarse es su casa.

Las instituciones que trabajan con la erradicación de la violencia de género y con la atención a las víctimas no son ajenas a esta realidad. “No estás sola” y “Quedate en casa, pero no te aísles” fueron las consignas elaboradas para visibilizar la atención incluso durante la cuarentena. Por otro lado, se habilitaron nuevos medios de consulta y denuncia, como redes sociales y mensajería instantánea. A nivel nacional y provincial, aumentaron las llamadas y consultas a las líneas de atención a víctimas.

En Alta Gracia, el Área de Familia realizó alrededor de 500 intervenciones en 70 días de aislamiento. Anualmente se realizan unas 3.000 consultas y abordajes, por lo que la cifra no difiere de los promedios habituales fuera del marco de la pandemia y el aislamiento. Si bien es alentador que el número no haya aumentado, tampoco ha disminuido. Esto significa que en el ámbito doméstico sigue habiendo agresiones y violencia hacia las mujeres e infancias y que para muchos, quedarse en casa es un riesgo mayor al de cualquier virus. El aislamiento y la incomunicación, solo contribuyen a profundizar la otra pandemia que azota desde mucho antes que el coronavirus covid-19.

 

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