La farsa del cementerio jesuítico

Alta Gracia no descubrió nada. Menos su cementerio jesuítico que estuvo y está perfectamente delimitado con su ingreso actualmente tapiado, posiblemente desde que se lo trasladó a su actual ubicación después de que Manuel Solares impulsara la creación de la Villa de Alta Gracia (no Juan Nieto, como reza una errónea placa frente a la iglesia). Sí en cambio, podemos descubrir las barbaridades que se cometen en contra de los Monumentos por una serie de personajes que hoy se autodenominan “especialistas” y que encima se lo hacen creer a los funcionarios que con sus pocas luces usan los fondos públicos para convertirse en los mayores depredadores del Patrimonio. Los atentados contra la estancia jesuítica de Alta Gracia tienen su propia historia cuando a poco de haberse declarado Patrimonio de la Humanidad se construyeron unos baños dentro del museo violando reglas elementales en el buen manejo de un Monumento de esta naturaleza. Con ello quedó evidente el estrecho vínculo entre impunidad y complicidad en una obra innecesaria. Pareciera que al estar todo permitido las intervenciones llegan en este caso de actos, a arbitrariedades de las más inverosímiles. De hecho una de ellas es la ridícula apertura de la calle Nieto y su cerramiento con tan poco criterio estético y funcional. Pero eso no es todo, se cometieron actos verdaderamente incomprensibles como la de haber revocado el muro de la Iglesia (S.XVIII). Y no sólo eso, se dejaron los mechinales (huecos donde se colocaban los andamios) a la vista y tomado con cemento un “enrejado” que los cubre negando el sentido que tenían. Todo este macabro espectáculo circense se corona con una serie de carteles, mal redactados y erróneos en su información que, a base de acrílico y adosados al muro, dejan un hueco visible detrás donde se puede observar el alto grado de condensación de humedad que produce, de donde es fácil prevenir el deterioro que sufrirá el muro en corto tiempo. Por todo esto lamento que se hayan realizados estas obras con tanto desatino e impunidad que no hacen más que reafirmar que al menos en Córdoba el mayor depredador del patrimonio es el propio Estado que actúa con extrema ignorancia frente a un patrimonio que le queda grande.