Los vestigios del fuego que en agosto azotó los márgenes de la Asociación 8 de Agosto, aún pueden sentirse en la zona. Las lomas del sector sur de la ciudad se tiñen de un color que va del gris al negro, y en el ambiente aún persiste un leve olor a quemado -que huele más, o menos- según la dirección del viento. La calidez de los primeros días de octubre comienza a hacerse sentir en esta parte de la ciudad, dueña y señora de un paisaje envidiable. En los patios de las casas de “la ocho” -como suele conocerse entre los vecinos de la zona- los niños juegan en libertad, ajenos quizá a la pandemia y sus miles de implicancias, que dilatan las soluciones en los lugares más necesitados.
En el patio de Andrea Tosetti, Máximo, el menor del clan, vigila atento a sus sobrinos que entran y salen de la casa. Mientras Andrea recuerda el día del incendio. “Tuvimos miedo. Siempre que pasan estas cosas tenemos miedo. Nos sentimos desprotegidos. Acá a las calles las marcamos nosotros, como pudimos. Por ahí es difícil que un camión de Bomberos pueda acceder cómodamente, porque las calles no están bien demarcadas”, cuenta Andrea, y agrega: “ese día casi ni agua teníamos. Los Bomberos no lo podían creer”.
La mujer de 53 años es una de las fundadoras de la Asociación “8 de Agosto”-incluso la presidió en cierto momento- que se instaló en el predio de las ex Canteras del Cerro el 8 de agosto de 2012. Andrea es Auxiliar escolar y -en condiciones normales- trabaja en la Ensag de 7 a 11 de la mañana, cumpliendo tareas de limpieza. Vive con tres de sus cuatro hijos, su nuera y tres nietos. “Gracias a Dios todos mis hijos están trabajando. Así que entre todos podemos colaborar manteniendo nuestra casa”.
“Siempre me la rebusqué. He llegado a salir a vender Bayaspirina casa por casa. Desde que me quedé sola, salí adelante”, recuerda Andrea. “Me crié con mis bisabuelos. Ellos eran personas muy grandes y fallecieron. De ahí me fui a vivir con una tía, pero la situación no era buena y me tuve que ir. Pase una semana viviendo en Córdoba, en unos bancos al frente de Epec, lavándome la cara en el río. Pero pude salir adelante, nunca me quedé, siempre trate de avanzar. Recién ahora, estando en mi casa, yo me siento más calma, más tranquila, porque tuve una vida de mucho sacrificio. Pero no me arrepiento, ni me quejo. Siempre la luché para tener lo que necesitaba y para darles a mis hijos lo que necesitaban”.
Andrea recuerda su vida antes de formar parte de la asociación. “Vivía con mi pareja y mis hijos. No trabajaba porque me quedaba en casa cuidándolos a ellos. Pero un buen día me di con que me dejaban. Vivíamos en barrio General Bustos y de repente tuve que buscar un nuevo lugar para vivir. Conseguimos alquilar en barrio Liniers. Yo cobraba un plan, y eso era todo lo que tenía, porque me quedé sola con mis hijos, sin trabajo y sin plata”.
Así, con lo puesto y a cargo de cuatro hijos, Andrea comenzó a estudiar sus opciones. Por medio de Amalia “Chelo” Martín, una referente barrial en Liniers, Andrea empezó a dar clases particulares en el barrio y atendía el Centro Vecinal. Los fines de semana, con toda la familia, hacían pastelitos y empanadas para vender. “Con eso tratábamos de sobrevivir. Algunos de los chicos salían a levantar los pedidos, mientras otros que quedan conmigo ayudándome. Así sobrevivimos un tiempo, hasta que, también por intermedio de Chelo, pude entrar a trabajar como auxiliar en la escuela. Cuando me llamó para avisarme, no lo podía creer. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Cuando estás sola, y tenés hijos, una noticia así te hace tocar el cielo con las manos”, asegura emocionada.
A un contexto de militancia en la agrupación “Barrios de Pie”, se sumó una serie de episodios adversos que dejaron a Andrea y su familia sin un techo sobre sus cabezas. La influencia del referente barrial Humberto “Tito” Rivarola -quien ya tenía sobre sus espaldas el camino andado en barrio 1° de Mayo con la Coordinadora 27 de Mayo- fue el caldo de cultivo para que comenzaran las averiguaciones y se gestará la posibilidad de ocupar las tierras nacionales ubicadas detrás de barrio Liniers. “Yo pensaba que era el momento de que nos tocara a los pobres. Comencé a hablar con gente, que estaba en la misma situación y de a poco nos fuimos juntando. Nadie quería nada regalado, sabíamos que estas tomas eran posibles de forma pacífica, y que con el tiempo uno va pagando al Estado una suma simbólica para finalmente lograr las escrituras del terreno. Tito nos hizo notar que el terreno de la excantera era una buena opción, y empezamos a juntar familias. Al principio eran los más cercanos, los conocidos, pero después se fueron sumando más familias, que tenían las mismas necesidades”.
El viento de cola del kirchnerismo le permitió a la Asociación lograr institucionalidad desde la cual vincularse al Estado. Apuntalada por el entonces gobierno nacional, la agrupación encontró cierta posición de fuerza desde la cual pararse frente a la Municipalidad de Alta Gracia. Así nacieron las negociaciones que potenciaron el loteo social donde se asentaron las primeras familias.
En febrero de 2014, acompañados por Facundo Torres Lima -por aquel entonces viceintendente a cargo del Ejecutivo- y todo su gabinete, los vecinos de la “8 de Agosto” tomaron formal posesión de las tierras conocidas como Canteras del Cerro. "Queremos darle a los vecinos de nuestra ciudad una solución definitiva para que puedan acceder a la vivienda propia”, decía por aquellos días el Intendente. Meses después, trabajando conjuntamente con el Servicio de Promoción Humana –Serviproh- los socios lograron conseguir 20 unidades habitacionales de la organización Techo y el asesoramiento del Centro Experimental de la Vivienda Económica, dependiente del CONICET.
Sin embargo -y como uno más de sus pecados políticos capitales- el kirchnerismo le entregó el gobierno a una administración integrada por CEOs, sin haber concretado nunca la transferencia de las tierras a la Asociación 8 de Agosto. A los pocos meses de asumir las nuevas autoridades, la senadora Laura Rodríguez Machado (PRO Córdoba) se apresuró en comunicarle al gobierno de Alta Gracia que la asociación civil perdía el control del barrio y dejaba entreabierta una puerta para futuras negociaciones con la Municipalidad.
Atento a la nueva facultad de gestionar las tierras fiscales, el gobierno municipal comenzó a barajar la posibilidad de contar con ellas para satisfacer parte de una gran demanda pendiente en toda la ciudad. A partir de allí –y ya sin paraguas nacional- las relaciones entre la "8 de Agosto” y el Municipio comenzaron a tambalear. En abril de 2016, la Municipalidad realizó inspecciones en las obras que se realizaban en las tierras de la ex cantera. Allí se labraron actas por avances realizados sin autorización y se paralizaron los trabajos. En contrapartida, los miembros de la entidad denunciaron ante la Justicia sufrir "violencia institucional” por parte del Municipio. Como si fuera poco, en noviembre de 2016, el municipio recibió una comunicación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado –AABE- ratificando que las tierras en cuestión nunca fueron transferidas y reclamándole al estado municipal que impida el asentamiento de nuevas familias en la zona.
Como una bocanada de aire fresco y esperanza fue recibida por la "8 de Agosto” la media sanción del "Régimen de integración socio-urbano y regularización dominial”, que busca urbanizar villas, asentamientos y barrios populares en todo el país, y avanzar con acuerdos para que sus habitantes se transformen en propietarios. La iniciativa era parte de la construcción territorial del macrismo, asentada en dos filosas espadas: la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
En agosto de 2016, el Gobierno Nacional comenzó a realizar un relevamiento junto a diferentes ONG y movimientos barriales para determinar la cantidad de asentamientos en todo el país. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares que instrumentó la cartera a cargo de Stanley, se identificaron 4.228 villas. Sumadas, cubren una superficie de 415,5 kilómetros cuadrados, dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y en esas tierras viven aproximadamente 3,5 millones de personas. Entre sus puntos, el texto de la propuesta de ley estipula que se declare "la utilidad pública y sujetos a expropiación” los inmuebles "que componen el Registro Nacional de Barrios Populares”. En Alta Gracia fueron cuatro los barrios relevados que figuran en este censo: 1º de Mayo, Sabattini anexo, un sector de La Perla y el loteo social de la 8 de Agosto.
Actualmente son 24 las familias que viven en este loteo social. “Hemos pasado de todo. El sacrificio que hicimos las primeras familias para venir fue tremendo. Yo me vine primero al obrador, mientras levantábamos la casa. La primera noche fue inolvidable. Yo dije, le dije a mis hijos, de acá nadie me va a sacar. Voy a salir con los pies para adelante, porque se acabó nuestra lucha. Y ahora, cuando por ahí nos juntamos todos a comer, les repito que de acá nadie nos va a correr, porque esto es nuestro. Y no es que tenemos esto gratis. Algún día se lo vamos a tener que pagar a Nación, porque Nación vende, no dona. Se hace un plan de pago para cada familia y se hace una escritura”, aclara Andrea.
La relación vecinal en la zona ha llegado a un punto de equilibrada armonía. “Al principio fue complicado. Los vecinos de Liniers tenían miedo de que hiciéramos una villa, pero eso no iba a pasar y efectivamente no pasó. Tenían miedo por los robos, y ahora a los que les roban es a nosotros. Cuando vieron lo que éramos realmente, cómo vivíamos, que éramos gente trabajadora y de Alta Gracia, las cosas fueron mejorando y ahora somos prácticamente el mismo barrio”.
Con respecto a las demandas de infraestructura y obras como el tendido de agua potable, Andrea asegura que “no hay muchos avances con respecto a lo que teníamos. Todavía estamos esperando la obra de agua, pero siempre nos dicen que hay otros barrios que tienen la necesidad desde hace mucho tiempo. De alumbrado público ni hablemos. A la noche esto es una boca de lobos”, asegura Andrea. “Sentimos que vivimos al margen de la ciudad, que las autoridades en realidad nunca se preocuparon por nosotros”.
El contexto de pandemia ha quitado intensidad al ritmo de obras programadas por el intendente Marcos Torres Lima. Sin embargo, el municipio ya cuenta con la aprobación del proyecto para la realización de las obras que mejorarán el sistema de abastecimiento y distribución de agua potable en la zona sur de Alta Gracia. La obra permitirá proveer de mejor presión y caudal de agua potable a la zona Sur de la ciudad, y mejorar el servicio en el resto de los barrios.
En Alta Gracia, fueron cuatro los barrios relevados que figuran en este censo. Sabattini anexo, 1º de Mayo, 8 de Agosto y La Perla están ubicados en puntos diferentes de la ciudad. El primero se encuentra en la zona noroeste, colindando con el predio de Potrero de Loyola. El segundo, casi en el extremo noreste pegado a la Autovía Atilio López y a las vías del ferrocarril. Entre barrio Liniers y el camino a Villa La Paisanita se encuentran los terrenos de la Asociación 8 de Agosto. Hacia el suroeste, se ubica La Perla. Más allá de las distancias geográficas que los separan, las realidades de uno y otro son similares en muchos aspectos. La titularidad de las tierras, los servicios de apertura de calles, agua y electricidad son los que desde hace décadas han generado mayor demanda.
Los barrios más antiguos son La Perla y 1º de Mayo. Los vecinos de ambos sectores tuvieron que sortear las dificultades por las posesiones de las tierras y luchar para obtener el saneamiento de los títulos. En muchos casos, el problema aún no está resuelto.
En diciembre de 2008, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establecía la expropiación de 200 lotes de barrio La Perla. El proyecto tenía como objetivos la asignación de lotes para familias en condiciones de construir pero sin acceso a terrenos; la gestión ante los gobiernos nacional y/o provincial para conseguir un plan de viviendas; y, por último, afectar un segmento a la construcción de un dispensario, un polideportivo y una nueva escuela. La norma fue vetada por el exintendente radical Mario Bonfigli, argumentando que el ejido urbano no alcanzaba a esa zona. Aquel veto habilitó a quienes se identificaban como los herederos de “Hermanos Marías”, a iniciar los trámites para recuperar esas tierras.
Hasta 2017, el asunto estuvo en suspenso, pero en junio, comenzaron a llegar citaciones a diversas familias para que se presenten con su documentación y la del lote que habitan, lo que generó malestar e incertidumbre entre los vecinos.
Una década después del inicio del conflicto, una luz aparece al final del túnel: el fallo del juez cordobés Román Andrés Abellaneda evitó el desalojo de cuatro familias que viven en la manzana 16 de barrio La Perla, amparándose en la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial sancionada en 2018. Entendiendo el alcance de esta ley, el Juzgado de 36° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, emitió un fallo que protege los derechos de posesión de estos vecinos, sentando un precedente para la posteridad, ante la realidad de los barrios populares y el saneamiento de tierras.
También en 1º de Mayo, muchos habitantes reclaman la regularización de sus títulos de propiedad.
Al mismo tiempo, los servicios de agua potable y electricidad son igualmente reclamados en muchos de los barrios populares. Las movilizaciones de los vecinos de Sabattini anexo, 1º de Mayo y 8 de Agosto a la Municipalidad para exigir obras y servicios son moneda corriente. En Sabattini anexo, por ejemplo, la falta de planificación acarrea problemas, cuya solución se gestiona desde diferentes frentes.
En todos los casos, los vecinos destacaron la importancia de la organización grupal como forma de conseguir que sus reclamos sean escuchados. Además, el trabajo colectivo les permite fortalecer los vínculos entre quienes están unidos por una misma necesidad.
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