Entre la intención y la desidia

Edición Impresa 29 de diciembre de 2020 Diario Sumario

Desde julio fueron más de 300 mil las hectáreas que ardieron en la provincia de Córdoba. El fuego, que se expandió a lo largo de tres meses, alcanzó también 90 mil hectáreas en la provincia vecina de San Luis. Los incendios más devastadores comenzaron las últimas semanas de agosto y se extendieron hasta fines de octubre. Desde el inicio de los episodios, las autoridades provinciales, como así también los vecinos de la zona, aseguraron que cada uno de los focos fue generado de manera intencional. 


El frente inicial comenzó en las áreas montañosas del departamento Ischilín y luego se extendió hacia el Valle de Ongamira y el norte del departamento Punilla. También se registró otro foco de importantes dimensiones varios kilómetros al sur, sobre las Sierras Chicas, entre las ciudades de La Calera y Cosquín. Mientras, algunos episodios de menor envergadura y duración se desataron en el valle de Paravachasca y en las ciudades de La Falda, Achiras y Valle Hermoso.


En cada pueblo, ciudad y rincón de la provincia donde los incendios causaban devastaciones, bomberos voluntarios y vecinos acudían de manera urgente para salvar el monte nativo y, a veces, sus propias viviendas. Algo que muchas veces ocasionó problemas y acusaciones encontradas. En este contexto, un grupo de vecinos de diferentes zonas del Valle de Paravachasca, reunidos en asamblea, se pronunció en contra de los "contrafuegos" y denunciaron el accionar de bomberos, de las autoridades y de la policía. En un contexto de caos, miedo y preocupación, los propios bomberos y funcionarios provinciales pedían a los inexpertos que no fueran a los lugares afectados, ya que entorpecían el trabajo que allí tenía lugar, e incluso se contempló la intervención de la Justicia si esta “sugerencia” era desoída. Ante panorama, los vecinos se indignaban.

Más declaraciones para avivar el fuego
"Hay que dejar de lado toda esa historia que queman para urbanizar”, dijo en octubre la senadora por Córdoba de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado. 


La polémica frase vino a desacreditar todas las versiones de especialistas y ambientalistas que indican que los incendios que tuvieron lugar en Córdoba fueron intencionales y tendrían fines urbanísticos o inmobiliarios. De hecho, proyectos a nivel nacional y provincial buscaron impedir desarrollos urbanísticos en zonas incendiadas, lo que indica que la presunción de esos fines es barajada como posibilidad por el Estado. 


Desde su elección en la Cámara Alta en 2015, distintas versiones mencionaron el nombre de la senadora al hablar de supuestas inversiones inmobiliarias en La Paisanita. Se trata de una afirmación que se repite cada tanto, quizá inspirada en la buena relación que existe entre la legisladora nacional y el jefe comunal Ignacio Sala. Las declaraciones de Rodríguez Machado revivieron el viejo rumor y avivaron las llamas que durante días había padecido... La Paisanita.


Una denuncia al Gobernador
También en octubre, una fundación ambientalista de Córdoba denunció al gobernador Juan Schiaretti y a funcionarios del Gobierno provincial, para determinar eventuales responsabilidades penales, a causa de no haber actuado de manera temprana en pos de detener la propagación de los incendios forestales.


La denuncia penal fue promovida por el titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Raúl Montenegro, acompañado por el abogado Juan Carlos Smith, e ingresada en la Fiscalía del Distrito 2 Turno 5, de la ciudad de Córdoba. Funam argumentó que Schiaretti  actuó con "demora en pedir apoyo urgente a otras jurisdicciones" para combatir los incendios, ya que el fuego comenzó en junio y se mantuvo activo ininterrumpidamente hasta fines de noviembre.


En ese contexto, el escrito aseveraba que el mandatario provincial "es el único responsable de decidir el requerimiento de auxilio de otras jurisdicciones en materia de Bomberos Voluntarios y tecnología de extinción de fuegos, previa declaración del estado de emergencia Amarillo o Rojo".


Para la fundación, el requerimiento de ayuda fue "demorado en forma injustificada" y que consecuentemente esa demora llevó a que "se registraran víctimas y daños incalculables a los bienes naturales de la provincia, y a los bienes particulares de personas afectadas".

El después
Los incendios en la provincia de Córdoba fueron considerados una de las 10 catástrofes forestales más grandes del mundo al momento, comparables con los Incendios en el Oeste de Estados Unidos de 2020.


Meses atrás, el biólogo Raúl Montenegro advirtió que durante años la provincia venía acumulando daños en su medio ambiente, y que sumado los últimos incendios “en este momento la situación ambiental es la peor de toda su historia”. En aquella oportunidad, Montenegro alertaba también sobre la toxicidad del agua que consume la población debido a los residuos y sedimentos que deja el fuego y son arrastrados por las lluvias hacia las cuencas hídricas. Y esos residuos se pudieron ver en algunos ríos serranos, cuando comenzaron los primeros días de calor, con su cauce lleno de cenizas y pelo de animales. 


El biólogo precisó que en lo que va del año “se quemaron más de 350.000 hectáreas, en una provincia donde solo quedaba menos del 3% de bosque en buen estado de conservación, y que venía sufriendo un promedio de 5.000 hectáreas de desmonte por año”. Al respecto agregó que este año es también “el momento de mayor vulnerabilidad histórica a las sequías, a las lluvias y al Cambio Climático Global”.


La posibilidad de realizar una remediación es concreta a largo plazo. Los árboles y las distintas especies nativas demandan mucho tiempo para regenerarse y crecer. Por eso mismo, lo más importante es que los incendios no vuelvan a producirse. La flora que se regeneró luego de los focos producidos en 2013 apenas estaba llegando a recuperar su capacidad de absorción y acción sobre el ecosistema cuando volvió a ser destruida por nuevos incendios en 2020. 
 

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