Una oportunidad en el caos

ECONOMÍA LOCAL

Edición Impresa 22 de mayo de 2020 Diario Sumario

Que la pandemia y la emergencia sanitaria, con aislamiento social, preventivo y obligatorio que esta implica, golpeó fuertemente a los comercios y las economías regionales no es ninguna novedad.

La flexibilización otorgó cierto respiro a los negocios que pudieron abrir sus puertas en las diferentes localidades del país con el pase a la fase tres. En algunos casos el aire fresco no duró mucho, como ocurrió en la ciudad de Córdoba, que debió dar marcha atrás luego del brote de contagios en el Mercado Norte, lugar por excelencia del comercio en la capital cordobesa. Ante los primeros casos, los comerciantes de la zona - echando mano aquello que era lo único que los podía hacer subsistir – decidieron, obstinados, mantener las puertas abiertas. Sin embargo la orden directa del COE Central y el Ministerio de Salud de la provincia hizo bajar los humos y prevaleció el sentido común, obteniendo hoy una Córdoba sitiada con una rígida cuarentena.

En el departamento Santa María, la situación fue mutando con el correr de las semanas, impulsando medidas y regulaciones destinadas a acompañar a los comerciantes y trabajadores, incentivando el consumo y la contratación de mano de obra local y tratando de fortalecer las economías regionales.

Los primeros pasos

A fines de abril, el Gobierno Nacional informaba la entrada a la “cuarentena en fase de segmentación geográfica”. El COE Central, definió la modalidad para la provincia, estableciendo zonas blancas – aquellas donde no hubiera casos y una población de no más de 500 habitantes -  y zonas rojas – grandes conglomerados urbanos o lugares con casos activos. En las zonas blancas se permitiría el regreso de la obra privada, los comercios y el ejercicio de las profesiones independientes.

A partir de ahí, comenzó a cambiar el panorama. Las localidades del departamento Santa María catalogadas como zonas blancas, comenzaron a tomar medidas y aplicar los protocolos. En todas, la consigna principal era exigir que los trabajadores y profesionales tuvieran domicilio en cada una de las ciudades donde pretendieran cumplir su activad, impidiendo el ingreso de personas que vinieran de zonas rojas a desempeñar cualquier tipo de función.

Así, localidades como Anisacate, Villa La Bolsa y Potrero de Garay, permitieron el retorno de las obras privadas, solicitando un listado de los trabajadores, que debían tener domicilio en esas localidades. Algo similar ocurrió con las profesiones independientes, que podrían ser ejercidas sólo por profesionales con domicilio en el lugar, no pudiendo recibir en ningún caso clientes de otras localidades. Entonces las fronteras se cerraron para los foráneos.

Incentivar, el siguiente paso.   

Anisacate fue la pionera en el departamento en buscar alternativas para reforzar la economía regional. El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza Nº 301 estableciendo beneficios para todos los comerciantes que emprendieran en la ciudad y contratasen empleados locales.

Soledad Molina, presidenta del Concejo Deliberante destacó “la importancia de crear herramientas que beneficien y estimulen el desarrollo comercial en nuestra localidad. Elaboramos una propuesta que nació en el ejecutivo municipal, sabemos que vendrán tiempos muy difícil cuando esta cuarentena sea levantada al 100%, es por esto que buscamos alternativas para mantener y alentar las inversiones locales”. Molina explicó además que, si bien la ordenanza nació en este contexto de pandemia, la idea es que mantenga en el tiempo. “Se pensó en este contexto, por la recesión económica, pero esta para quedarse. La idea no es que sólo en el marco de la emergencia económica, sino extenderla en el futuro”.

Entre los beneficios se destacan: un 15% de descuento mensual a partir del 2020 a los comercios inscriptos que no tengan deuda hasta el 31/12/2019; un descuento del 30% en las tasas municipales durante los 6 primeros meses a los comercios que se instalen en Anisacate a partir de la aprobación de la ordenanza; un descuento del 50% a quienes se inscriban por primera vez o renueven su habilitación comercial; un descuento del 10% a quienes contraten hasta 10 empleados con domicilio en Anisacate; y un descuento del 15% a quienes contraten más de 10 empleados con domicilio en Anisacate.

El foco en el Estado

Con el mismo espíritu de acompañamiento e incentivo, el bloque de Alta Gracia Crece presentó esta semana un proyecto de ordenanza para instrumentar un régimen en el cual el Estado Municipal al momento de contratar, priorice empresas locales para la adquisición de insumos, bienes y servicios.

“La crisis ya existía incluso antes de la Pandemia por Covid-19. Lo que buscamos con este proyecto es promover el consumo local y así conservar e incluso generar nuevos puestos de trabajos. La propia Carta Orgánica establece claramente que a la hora de la adjudicación deben priorizarse empresas locales”, manifestó la concejala Lucia Allende. “Tenemos un municipio muy grande, con un presupuesto bastante amplio y que consume y compra muchos insumos para llevar a cabo todos los servicios que tiene a su cargo. En el mes a mes eso suma muchísimo. Hay muchos proveedores de Córdoba y de otras ciudades que nada tiene que ver con la ciudad, que no tributan en la ciudad, ni apuestan a la ciudad, ni tienen mano de obra local. Por eso nos parece muy importante poder implementar esto para incentivar la reactivación económica y darle un mayor impulso a los recursos que tenemos acá, que son muchos”.

El proyecto cuenta con un artículo destinado a la obra pública, que determina que aquellas empresas que ganen las concesiones de las mismas, deberán contratar personal local y adquirir los materiales en la ciudad también, respetando las normativas con respecto a ofertas y precios, para que no termine resultando un costo adicional para el municipio  o se preste a algún tipo de abuso. “La ordenanza apunta a que los comercios y trabajadores locales tengan prioridad por sobre las ofertas de afuera”.

El proyecto también establece una serie de requisitos con los que deben contar las empresas, comercios, autónomos o monotributistas que quieran ser oferentes como por ejemplo la acreditación del desarrollo de su actividad como mínimo 12 meses antes de la sanción de la presente ordenanza.

La pandemia, de forma obligatoria y hasta positiva en cierto punto, obliga a las administraciones municipales y comunales a buscar salidas que beneficien a los emprendedores locales, que, entre otros, terminan siendo los más perjudicados por la crisis sanitaria. La importancia del fortalecimiento de las economías regionales, cobra sentido y resulta necesario en este contexto, para evitar que muchos terminen cayéndose del mapa.

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