Cuatro familias ganan un round y festeja barrio La Perla

En febrero de 2009, el entonces intendente Mario Bonfigli vetó la ordenanza de expropiación de 200 lotes en barrio La Perla. Se trata de tierras que pertenecían a Marías Hermanos Sociedad Colectiva. Aquel veto habilitó a quienes se identificaban como los herederos de la desaparecida empresa a iniciar los trámites para recuperar el inmueble sobre el que ya existía un populoso barrio. El veto implicó para los presuntos herederos tener que empezar a recorrer el largo camino judicial, e hizo fracasar la estrategia de aterrorizar a los vecinos para obligar la intervención económica del Estado. Mientras se tramitaban las acciones judiciales, no faltaron especuladores que intentaban vender lotes ni familias que tomaron posesión de algunas de ellos. Con el paso de los años, distintos capítulos tuvieron lugar en esta lucha simbólica y legal por la tierra en la zona sur de Alta Gracia.

Audiencias, citaciones y el fantasma del desalojo, sobrevuela constantemente aquella zona de la ciudad. Mientras tanto, los vecinos -hartos del hostigamiento y la incertidumbre- buscan contantemente una salida que los haga sentir más seguros, con un techo sobre sus cabezas.

Una década después del inicio del conflicto, una luz aparece al final del túnel: el fallo del juez cordobés Román Andrés Abellaneda evitó el desalojo de cuatro familias que viven en la manzana 16 de barrio La Perla, amparándose en la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial sancionada en 2018.

¿El principio del fin?

En agosto de 2016, el Estado comenzó a relevar la cantidad de asentamientos en todo el país. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares que instrumentó el Ministerio de Desarrollo Social, se identificaron 4.228 villas, asentamientos y barrios populares. Sumados, cubren una superficie de 415,5 kilómetros cuadrados, dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. En esas tierras, viven aproximadamente cuatro millones de personas. En Alta Gracia, fueron cuatro los barrios relevados. La Perla es uno de ellos. En 2018 se sancionó la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial, que declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el censo del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana -RENABAP-, declarando además de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados.

Entendiendo el alcance de esta ley, el Juzgado de 36° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, encabezado por el juez cordobés Román Andrés Abellaneda[1], emitió un fallo favorable en un juicio de desalojo iniciado en agosto del 2012. El mismo, protege los derechos de posesión de un grupo de vecinos de la manzana 16 de barrio La Perla, evitando así el desalojo de cuatro familias y sentando un precedente para la posteridad, ante la realidad de los barrios populares y el saneamiento de tierras.

“Se trata de uno de los primeros juicios de desalojo que tuvieron lugar en el barrio. El fallo se basa en la aplicación de esta ley, que establece entre otras cosas, declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación los barrios populares censados en 2016 en todo el país, suspendiendo los desalojos por cuatro años desde que entró en vigencia la ley, es decir hasta el 2022, con la intención de que los gobierno locales se hagan cargo de brindar los servicios de los cuales aún no disponen”, explicó Nicolás Calvi, Coordinador del área tierras municipal, el tercer involucrado en este conflicto entre privados. “Nos pareció muy importante acompañar a los vecinos, porque entendemos que el barrio es una comunidad formada que pertenece a nuestra ciudad”, agregó el funcionario.

“Dentro del fallo, el juez indica a los Hermanos María que esta ley existe y que, aparte de prever la suspensión de desalojos, declara la tierra de utilidad pública y sujeta a expropiación, indicando a los demandantes soliciten la expropiación indirecta a Nación y cesen con el hostigamiento, que no llega a ningún lado. Es una indicación directa del juez”, explicó Calvi. 

 

Un poco de historia

En diciembre de 2008 el Concejo Deliberante de la ciudad aprobaba una ordenanza que establecía la expropiación de 200 lotes de barrio La Perla. El proyecto tenía como objetivos: la asignación de lotes para familias en condiciones de construir, pero sin acceso a terrenos; la gestión ante los gobiernos nacional y/o provincial para conseguir un plan de viviendas; y, por último, afectar un segmento a la construcción de un dispensario, un polideportivo y una nueva escuela. La ley fue vetada por el exintendente Bonfigli argumentando que el ejido urbano no alcanzaba a esa zona. 

 "Si bien sabemos que prestamos servicios en ese barrio, pero hasta que la ley no establezca el nuevo radio no podemos legislar sobre eso. Sería lindo buscarle un orden a todo eso, porque en definitiva por ahí terminan lucrando los privados, cuando podría hacerlo el Estado, y distribuir los lotes con algún criterio de justicia y conveniencia”, había argumentado Bonfigli en su momento.

En junio de 2009, Rolando Sarwuer y Alejandro Marías en representación de los diez herederos de terrenos ubicados en barrio La Perla se presentaron en el Concejo Deliberante con documentación a través de la cual intentaban acreditar sus derechos. 

A lo largo de los años, números s capítulos tuvieron lugar en esta pelea por la tierra. Entre los últimos es de destacar el de 2017. "Aparecieron herederos de Hermanos María, ellos dicen tener la titularidad y están iniciando un juicio de reivindicación para recuperar las tierras. Los últimos movimientos que ellos tuvieron en el lugar son del año '83 y '87, después desaparecen y volvieron a aparecer en 2009. Hay varios vecinos que han hecho posesión de manera pacífica, ininterrumpida y continuada y entonces hay que ver qué derechos tiene cada uno, cómo tienen que manejarse y qué hacer para defender sus derechos. La ley protege al poseedor, le da el derecho a adquirir la propiedad por medio de prescripción adquisitiva, que son los 20 años de posesión continua”, explicaba por entonces María Guadalupe Cravero, abogada representante de algunos de los habitantes de barrio La Perla que habían sido notificados. Un poco más acá, el 19 de junio de 2019, llegaban nuevas citaciones para los vecinos, solicitando que se presentaran ante la justicia con su documentación y la del lote que habitaban.

Hoy, este haz de luz brinda esperanzas al resto de vecinos que viven con la constante incertidumbre, ya que al fin de cuentas siempre será la Justicia la responsable de definir si la tierra le pertenece a quien la habita.

 

[1] Román Abellaneda, se destacó por implementar estrategias de lenguaje claro en la redacción de sentencias dictada en el marco de un proceso oral. El juez Abellaneda afirmó que, además del derecho a recibir información, los ciudadanos tienen “derecho a comprender”. Y, precisamente por ello, se comprometió, en la medida de lo posible, a usar conceptos simples, claros y fáciles de comprender.

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