Recalculando…

POLÍTICA

Edición Impresa 05 de junio de 2020 Diario Sumario

A mediados de enero, comenzaron a circular globalmente las primeras noticias sobre el coronavirus covid-19. La extraña neumonía recién salía de los límites de Wuhan y, poco a poco, las informaciones dieron cuenta de que la epidemia se expandía a Europa. El primero de marzo, cuando Marcos Torres Lima realizó el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, todavía faltaban dos días para que se detectara el primer caso de covid-19 en el país. Aún el nuevo coronavirus no era considerado una pandemia y en el hemisferio sur, las poblaciones se sentían protegidas por los últimos días de verano ya que el virus moría con el calor.

El primer día de marzo, el desgastante 2019 parecía haber quedado muy lejano para Marcos Torres Lima. Un año marcado por una campaña electoral signada por los ataques opositores y el fuego de la propia tribuna. La interna de Unión por Córdoba dividió al bloque oficialista del Concejo Deliberante, la planta de empleados y los funcionarios municipales entre “torristas” y “saiegistas” y la estrategia de Facundo Torres Lima –por entonces Intendente- se basó en los acuerdos. La ordenanza de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias impulsó que cuatro listas se presentaran dentro de Hacemos por Córdoba llevando como candidatos a jefe del gobierno local a Marcos Torres Lima; Pablo Ortiz; Rodrigo Martínez y Ana Carolina Pincirolli. La garantía de triunfo para la fórmula que ya se había impuesto holgadamente en las primarias radicó en evitar que sus adversarios internos apoyaran la lista opositora. ¡Abracadabra!... y aparecieron los acuerdos: Pablo Ortiz, con un lugar garantizado en el Concejo Deliberante si triunfaba Hacemos por Córdoba, tenía la posibilidad de levantar la mano junto con la oposición en las sesiones legislativas y provocarle a Marcos Torres Lima más dolores de cabeza de los que Daniela Ferrari llegó a ocasionarle a su predecesor. La compañera de fórmula de Ortiz, Analía Subirá, fue designada al frente de Defensa al Consumidor; Rodrigo Martínez se convirtió en Director de Políticas Educativas y Ana Carolina Pincirolli pasó a formar parte de Atención al Vecino. Las promesas parecían cumplidas. Era el momento de organizar el 2020 y los años venideros de la gestión.

Aquel caluroso domingo de marzo, cuando Torres Lima se dirigió a la ciudad para inaugurar el periodo legislativo, anunció las prioridades de su gobierno: apuesta a los consejos participativos; aumento de la infraestructura de dispensarios municipales; una nueva escuela y un edificio para la Pro-A; un parque industrial; separación de residuos; bacheo; calle para desviar el tránsito pesado; el asfalto en el acceso norte por calle Monseñor Roldán bordeando Potrero de Loyola hasta el Parque García Lorca; un puente sobre calle Salta y una conexión entre calles Luppi y Liniers para mejorar el tránsito entre los barrios; revalorización del Parque García Lorca; baños en el Parque de los Niños; una nueva Comisaría Departamental; transformación de la Pileta Olímpica y mejoras y construcción de una capilla en el Cementerio Municipal; capacitaciones en el marco de la Ley Micaela y la búsqueda de paridad en la función pública. Difícil era prever que los edificios escolares estarían vacíos durante tres meses por lo menos; que la actividad industrial se reduciría y que las empresas necesitarían un salvataje del Estado para pagar sueldos; que los parques estarían deshabitados mucho tiempo y que incluso se vedaría el ingreso a visitantes al cementerio o que el Polideportivo Municipal se convirtiera en un dispensario para pacientes febriles.

No habían pasado dos semanas desde aquellos anuncios cuando Torres Lima tuvo que presentar el equipo que abordaría la emergencia sanitaria y anunciar las medidas del gobierno municipal ante la pandemia. La designación de Martín Cugno a cargo de la flamante Dirección de Políticas Sanitarias a principios de abril fue el primer movimiento en el gabinete del Intendente altagraciense frente a la pandemia. Luego, al crearse el COE Regional Nº8, Pablo Ortiz se quedó con más protagonismo del que hubiera imaginado. Y vinieron nuevos movimientos en el gabinete: la creación de la Dirección de Obras Públicas, dependiente de la Subsecretaría homónima y la Dirección de Compras y Patrimonio. Leña para el fuego disparado desde una oposición que consiguió mayoría en el Tribunal de Cuentas y aprovecha cada sesión del Concejo Deliberante para señalar hasta el menor paso en falso dado por el oficialismo. “Cuando inició el año, el señor Intendente habló de que su organigrama iba a ser austero y lo que va de esta situación de crisis, ya hemos nombrado dos funcionarios más. Nos parece ciertamente preocupante, porque a la hora de administrar los bienes públicos, uno también tiene que ser eficiente y saber administrar los recursos humanos con los que cuenta y no cada vez que ve una falencia, nombrar gente porque eso no habla de una eficacia en el manejo de lo público” disparó Lucía Allende cuando se puso en conocimiento del poder legislativo el nuevo organigrama municipal. La gestión municipal encontró en la voz del concejal Manuel Ortiz su más ferviente defensa: “Entiendo que cuando se diagramó un organigrama para gobernar la ciudad por allá por mediados de diciembre, no se hizo pensando que íbamos a tener durante tres o cuatro meses una pandemia que iba a cambiar el escenario global. (…) No creo que se esté agrandando el organigrama, al contrario, porque comparando con ciudades vecinas similares, por ejemplo, Río Tercero, cuenta con once secretarías y nosotros tenemos cinco. Tenemos una planta política mucho más pequeña que la de ciudades similares a las nuestras. Seguimos manejando un gobierno con austeridad en el manejo de los recursos públicos. (…) De las trece direcciones en Alta Gracia, cinco son ocupadas por personal que está en planta permanente en el Municipio, es decir que el gasto es mucho menor que si fuera personal que no viene de la administración pública”.

Si bien el bloque de Alta Gracia Crece acompañó la modificación del presupuesto 2020, hubo críticas respecto a las áreas de las cuales se realizaría la redistribución. Principalmente, se reducirán partidas destinadas a la adecuación de edificios y a obras de emergencia para destinar cuatro millones de pesos a la Dirección de Compras y Patrimonio. Uno de los objetivos señalados en el decreto es “Atender las relaciones con el Tribunal de Cuentas Municipal”. Este punto le dio pie a la concejala Amalia Vagni para apuntar: “Gracias a la labor del Tribunal de Cuentas Municipal es que a lo mejor surge este nuevo nombramiento en compras. Parece ser que tanto los secretarios como los directores se han cansado, como quien dice, de que el Tribunal de Cuentas esté permanentemente observando el mal accionar de aquellas dependencias que no saben cómo se hace una compra”.

En medio de la emergencia sanitaria y la pandemia del coronavirus covid-19, el virus no es la principal preocupación de Marcos Torres Lima. Sus aliados están dispuestos a cobrar cada una de las boletas que lo pusieron 700 votos arriba de Leandro Morer. Y la oposición muestra los dientes con una minoría sólida en el Concejo y una mayoría detallista en el Tribunal de Cuentas.

 

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