EDICIÓN IMPRESA

¿Iguales ante la ley?

Por Julia Conalbi.
miércoles, 22 de diciembre de 2021 · 11:16

El artículo 16 de la Constitución de la Nación Argentina establece que todos los habitantes son iguales ante la ley. Sin embargo, a la hora de acceder a sus derechos, hay quienes deben sortear muchas más dificultades que los demás. Esto se produce, principalmente, por hechos de discriminación, trabas por parte de los organismos estatales o situaciones que las leyes contemplan, pero que su aplicación no se hace efectiva. En la comunidad LGBTTTIQ+ conocen en carne propia de qué se trata. 


Cuando quien quiere acceder a una prestación estatal, a la atención de salud o a trámites habituales no es una persona cisgénero (alguien heterosexual que se identifica con el sexo de nacimiento), las complicaciones están a la orden del día. En muchos de esos casos, la manera de sortearlas depende, casi exclusivamente, del capital social con el que cuente la persona y las posibilidades de conseguir -como algo extraordinario- garantizar derechos básicos.


Jules Groube nació en Córdoba capital, pero en 2010 se mudó con su familia a Alta Gracia. En la ciudad, conoció a distintos jóvenes que militaban y se unió al Colectivo Diverso. En 2012, decidió hacer el cambio de su DNI y adoptar el género masculino. “Hice el cambio el mismo año que salió la ley de identidad de género. Fue un poco a propósito. No me siento transexual, tampoco no binario, pero sería algo parecido. En ese momento, lo usé como una herramienta. Estudio arte, me involucro en la performance que es una rama del arte que tiene que ver con la puesta del cuerpo en la obra y parte de eso fue hacer el cambio de género. Lo hice como una especie de experimento en base a cierta disconformidad con sentirme mujer. Gracias a eso, me encuentro con otros tipos de posibilidades y experiencias. Sería muy distinto si yo tuviera el DNI que siguiera diciendo femenino. Cambiaría muchísimo. Siento que esto me abre la visión y el panorama a otra realidad, con otras corporalidades que es mucho más difícil. Porque a nivel burocrático es muy fuerte la cantidad de cosas que se imposibilitan” remarca Jules en diálogo con Sumario. El nacimiento de su hija, Simona, implicó tres experiencias consecutivas en donde el Estado no pudo dar respuesta cuando se propuso acceder a diferentes derechos.


El primero de los conflictos surgió al tramitar la Asignación Universal por Embarazo. Cuando Jules completó el formulario en internet y colocó sus datos personales, la página de Anses le respondió con un cuadro de diálogo que señalaba: “Su género no coincide para la prestación a la que intenta acceder”. Era imposible, en el sistema, que una persona de género masculino obtuviera ese beneficio. “No pensé que no estuviesen actualizados los formularios” se sorprendió Jules. “Yo sé que se viene avanzando muchísimo en cuanto a políticas públicas y Anses, especialmente con la accesibilidad a los derechos. Me parece que tuvo más que ver con que no se actualizó el sistema. Pero no por eso iba a dejar de reclamarlo. Por suerte Camilo, mi pareja, conoce a Mané (María Inés Chiotti, titular de Anses Alta Gracia) y le escribimos a ver qué onda. Lo pudieron resolver por vía de excepción. Hay un área relacionada con género y diversidad y otra que es de asignaciones. Unieron los reclamos de ambos lados. Se pudo hacer por vía de excepción. En Córdoba se había hecho en 2015. Igualmente, no me quedé solo con eso y mandé un mail al Inadi y a otros espacios para ver cómo se puede avanzar con esto”. Una vez concluido el trámite, Jules continuó el reclamo en función del beneficio colectivo. Seis meses más tarde, todavía los sistemas informáticos que se deben rellenar para acceder a esa prestación exigen que el sexo del DNI del beneficiario sea femenino.


Pero el derrotero de Jules para reclamar el cumplimiento de sus derechos no terminó ahí. Mientras la gestación avanzaba, fue conociendo diferentes opciones para tener a su bebé y se interiorizó acerca del parto respetado. Realizó los controles del embarazo en el dispensario de barrio Cámara. “Siempre he confiado en la salud pública” remarcó convencido. Sin embargo, señala que hubo inconvenientes con la profesional que lo trató en el centro de salud. “Me atendió una doctora que tenía muchísimo desconocimiento de la cuestión de género, entonces le costó atenderme. Eso fue un poco caótico” explicó y agregó también: “Ya me había pasado de tener otras experiencias en donde me atendieron personas que estaban muy capacitadas y que tienen la información al alcance, la voluntad y la empatía para tratarte. Por ahí no es necesario tratarte en masculino o en femenino. Se pueden evitar los pronombres”.


A partir de la semana 32 de gestación, los controles se realizan directamente en el Hospital Arturo Illia. “ Afortunadamente, el obstetra que me tocó entendió bastante rápido la cuestión de género. Pude explicarle mi identidad y que mi pareja es un varón trans. Yo también un poco voy educando. A veces es un poco cansador y no deberíamos, pero yo lo siento como parte de mi responsabilidad. Porque quizás hay otras personas que no se animan a hablarlo. Entonces, hablo por esas personas también” relató Jules. Sin embargo, cuando buscó acceder a un parto respetado, comenzaron los inconvenientes. Al plan elaborado por él, el médico le realizó algunas correcciones que no coinciden con lo señalado por la Ley Nacional 25.929 de Parto Respetado. Por ese motivo, Jules consultó con otros profesionales de la institución. Allí, según relata, vivió una serie de destratos relacionados con intereses de los médicos en realizar el parto antes de llegar a la semana 40 y no permitir que sobrepase la semana 41 de gestación y con negaciones a realizar una inducción o asistir un parto vaginal. También describió que algunos profesionales realizaron tactos y maniobras para acelerar el nacimiento sin consultarlo con él. “No hacemos partos respetados”, asegura Jules que le dijo el vicedirector del Hospital Arturo Illia cuando decidió plantear su reclamo ante la dirección. Finalmente, su hija Simona nació por cesárea y Jules elevó una denuncia ante la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG).  Además, envió al Inadi una copia de esa presentación ya que la identidad de género podría ser otro factor determinante.


Una vez en su hogar, con su familia, Jules podría haber creído que la seguidilla de dificultades para acceder a sus derechos había terminado. Al menos, en lo relacionado a su bebé. Sin embargo, pasó muy poco tiempo hasta que él y Camilo encontraron una nueva traba. En esta oportunidad, fue para la inscripción de su hija. “Tenían que anotar a dos personas masculinas como padres de una criatura y a nivel sistema no estaba contemplado la posibilidad de anotar a dos hombres. Por suerte, por conocer gente, también pudimos inscribir a Simona bastante rápido. Fuimos un viernes, nos quedamos esperando hasta las dos de la tarde, hasta que aceptaron cargarlo. Al principio no querían, nos dijeron que no sabían, que no podían y que no lo iban a hacer. Nos comunicamos con algunas personas, nos estábamos yendo cuando nos llamaron para decirnos que sí lo iban a cargar. Cuando se sentaron en la computadora para hacerlo, no podían porque el sistema se los impedía. Puede ser por falta de voluntad o de actualización tecnológica. El lunes nos llamaron de nuevo y el martes pudimos tramitar el documento” describió.


En un periodo muy corto, en solo pocos meses, Jules debió luchar por sus derechos y los de su familia en varias oportunidades. Las leyes de Identidad de Género y Matrimonio Igualitario están vigentes y si bien el Estado contempla esas situaciones, los sistemas informáticos de las instituciones son arcaicos e impiden el libre ejercicio de los derechos. Sin los contactos a los que Jules y Camilo pudieron acceder, probablemente la Asignación Universal por Embarazo no se hubiera concretado y la inscripción de Simona hubiese llevado mucho más tiempo y una serie de trámites burocráticos.
 

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