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title: "Córdoba: la Provincia impulsa la “Ley Joaquín” para reforzar la protección de víctimas"
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description: "El Gobierno de Córdoba envió a la Legislatura un proyecto para garantizar derechos, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. La iniciativa recuerda a Joaquín Sperani."
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date_published: "2026-03-05T11:07:00-03:00"
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category_name: "Política"
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# Córdoba: la Provincia impulsa la “Ley Joaquín” para reforzar la protección de víctimas

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**(SN; Córdoba)** El Gobierno de la Provincia de Córdoba remitió a la Legislatura un proyecto de ley para crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos. La iniciativa busca ordenar, reforzar y garantizar la tutela efectiva de las personas que atraviesan un proceso penal.

De acuerdo con lo informado oficialmente, la propuesta plantea denominar la norma como **“Ley Joaquín”**, en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en la ciudad de Laboulaye en 2023 tras ser agredido por otro menor de edad.

El proyecto parte del diagnóstico de que, aunque el sistema penal contempla instancias de intervención para las víctimas, en la práctica persisten problemas como asimetrías de información, demoras judiciales, barreras de acceso y situaciones de revictimización. Frente a ese escenario, la iniciativa propone establecer un piso común de protección para todas las víctimas, sin alterar el debido proceso ni el equilibrio entre las partes.

### Derechos desde el primer contacto con la Justicia

La propuesta establece una serie de garantías para las víctimas desde el primer contacto con el sistema judicial. Entre los derechos previstos se incluyen el trato digno, la protección de la privacidad y la prevención de la revictimización.

También se contempla el acceso a información clara y comprensible sobre el avance de las causas, el derecho a contar con patrocinio jurídico —incluso gratuito y especializado cuando sea necesario— y la posibilidad de participar activamente en el proceso aportando información o interviniendo en audiencias y decisiones relevantes.

Además, el régimen prevé asistencia médica, psicológica, social y jurídica gratuita y continua, así como medidas urgentes de protección ante riesgos o situaciones de intimidación. El texto también reconoce el derecho a la reparación integral del daño, ya sea por vía penal o civil.

Otro punto central del proyecto es la incorporación del principio de **debida diligencia**, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras y a evitar que la intervención estatal agrave el daño sufrido por la víctima.

### Cambios en el Código Procesal Penal

Para que los derechos no queden en declaraciones formales, la iniciativa propone modificaciones puntuales al Código Procesal Penal de Córdoba.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la habilitación para que las víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes. También se refuerza la obligación de informar y notificar a las víctimas sobre decisiones judiciales que puedan afectar su seguridad o sus derechos.

El proyecto incorpora medidas destinadas a prevenir la revictimización, como la reducción de declaraciones repetidas o exposiciones innecesarias durante el proceso judicial.

Asimismo, se prevén modalidades especiales para la toma de testimonios en delitos graves, especialmente en casos de violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.

La propuesta también contempla la participación de las víctimas en decisiones judiciales relevantes, como la prisión domiciliaria, la libertad condicional o la suspensión del juicio a prueba.

En el caso del juicio abreviado, se establece la obligación de informar a la víctima cuando se trate de delitos graves, entre ellos los que afectan la vida, la integridad sexual, la libertad personal, robos agravados o situaciones de violencia de género.

### Un observatorio y recursos específicos

El proyecto prevé además la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura de Córdoba. El organismo estaría integrado por representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas.

Su función será elaborar diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas destinadas a mejorar las políticas públicas de asistencia y acompañamiento.

La iniciativa también establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos presupuestarios necesarios para su implementación, mediante reasignaciones o previsiones específicas.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la propuesta no introduce privilegios procesales ni altera el equilibrio del proceso penal, sino que busca garantizar respuestas “rápidas, eficaces y útiles” para quienes atraviesan situaciones de delito.

La denominación “Ley Joaquín”, según explicaron desde la Provincia, apunta a constituirse en un acto de memoria institucional y a recordar que detrás de cada expediente judicial existen personas, familias e historias de vida que esperan una respuesta efectiva del Estado.

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