--- canonical_url: "https://diariosumario.com.ar/contenido/51585/agostina-no-puede-responderle-a-quienes-dicen-que-el-problema-son-las-denuncias-" title: "Agostina no puede responderle a quienes dicen que el problema son las denuncias falsas" article_type: "NewsArticle" description: "Mientras el Senado discute cómo castigar denuncias falsas, el presunto femicida de la niña fue liberado hace un año, tras ser denunciado por otra joven." main_image: "https://diariosumario.com.ar/download/multimedia.normal.8db31679b2dcebff.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-06-01T22:26:00-03:00" date_modified: "2026-06-01T22:28:42-03:00" author_name: "Salvadora Onrubia" author_url: "https://diariosumario.com.ar/usuario/11/salvadora-onrubia" category_name: "Opinión" category_url: "https://diariosumario.com.ar/categoria/5/opinion" --- # Agostina no puede responderle a quienes dicen que el problema son las denuncias falsas ![Carolina Lozada Falsas Denuncias 2026](/download/multimedia.normal.8db31679b2dcebff.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) *La Senadora Carolina Lozada, autora del proyecto sobre falsas denuncias, exponiendo en abril pasado.* **(Alta Gracia; SN).-**Agostina Vega tenía 14 años. No era un expediente, no era una estadística, no era un caso para debatir en televisión con la comodidad cruel de quienes opinan desde lejos. Era una chica. Y ahora su nombre vuelve a poner sobre la mesa eso que el poder prefiere esconder debajo de la alfombra: cuando una mujer, una niña o una persona vulnerable desaparece, el Estado suele llegar tarde, mirar mal o preguntar cualquier cosa menos lo urgente. Mientras se consumaba el femicidio de Agostina, en un marco atravesado por demoras, prejuicios e inacción judicial denunciada por su entorno y organizaciones feministas, el Congreso de la Nación se preparaba para discutir otra prioridad: endurecer penas por “falsas denuncias”. La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Losada, propone modificar el Código Penal en casos vinculados a violencia de género, delitos contra la integridad sexual o menores. La escena es de una obscenidad perfecta. Afuera, una adolescente asesinada. Adentro, señores y señoras preocupados por el fantasma de las denunciantes mentirosas. La realidad golpea la puerta con un cuerpo roto; la política responde con un proyecto para que las víctimas piensen dos veces antes de hablar. No se trata de defender una falsa denuncia. Nadie serio lo hace. El problema es otro: en un país donde denunciar violencia todavía implica exponerse, revictimizarse, perder trabajo, familia, casa, paz y hasta la vida, convertir ese debate en bandera legislativa es un mensaje. Y el mensaje llega nítido: “Cuidado con denunciar”. Después le pondrán moño republicano, lenguaje penal y cara de preocupación institucional. Pero debajo está el viejo reflejo patriarcal: sospechar de la víctima antes que del violento. La ultraderecha entendió hace rato que no necesita prohibir todos los derechos de un día para el otro. Le alcanza con vaciarlos. Cerrar áreas, cortar presupuestos, eliminar programas, perseguir palabras, ridiculizar luchas y sembrar sospecha. La motosierra no sólo corta gastos: corta redes de protección. Y cuando se corta una red, alguien cae. El Gobierno de Javier Milei degradó y desmanteló estructuras destinadas a políticas de género. Eliminó o redujo programas, clausuró organismos, atacó la perspectiva de género, prohibió el lenguaje inclusivo en la administración pública y convirtió al feminismo en enemigo cultural. La palabra “ideología” funciona como comodín para todo: si una política protege a mujeres y diversidades, es ideología; si el mercado disciplina cuerpos y vidas, es libertad. También avanzó contra la Educación Sexual Integral. Primero por presupuesto: el proyecto nacional para 2025 no incluyó fondos específicos para ESI, mientras se recortaron políticas como el Plan ENIA y se eliminaban partidas fundamentales para asistencia y prevención. Después por decisión política: el Decreto 436/2025 quitó al Poder Ejecutivo Nacional la responsabilidad de garantizar la jornada “Educar en Igualdad”, una herramienta pensada para prevenir y erradicar la violencia de género en las escuelas. La ESI no es una amenaza para las infancias. Amenaza es el silencio. Amenaza es que una niña no pueda nombrar un abuso. Amenaza es que un adolescente crea que controlar, perseguir o humillar es amor. Amenaza es que la escuela mire para otro lado porque el gobierno dice que educar es adoctrinamiento. La ESI no fabrica problemas: los revela. Y por eso molesta. Los datos de salud sexual también muestran el retroceso. La distribución de preservativos, anticonceptivos y medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo cayó con fuerza durante la gestión libertaria. En el tercer trimestre de 2024, según relevamientos sobre datos oficiales, no se cumplió ninguna meta física del programa nacional: apenas se entregó una parte mínima de los preservativos previstos y no se distribuyeron tratamientos de IVE planificados. La libertad, parece, viene sin preservativos, sin acompañamiento y sin presupuesto. Nada de esto ocurre en el vacío. Ocurre en una época donde la ultraderecha convirtió el odio en sentido común. “Feminazis”, “curro”, “ideología de género”, “privilegios”, “denuncias falsas”: palabras lanzadas como piedras, repetidas hasta que dejan de sonar violentas y empiezan a parecer opinión. Así se construye clima. Así se habilita crueldad. Primero se degrada el lenguaje; después se degradan las políticas; finalmente se degradan las vidas. El caso de Agostina Vega duele porque condensa todo: una adolescente, un sistema que llega tarde, un agresor con antecedentes, una búsqueda atravesada por prejuicios, un país que vuelve a decir “Ni Una Menos” mientras el poder responde “no hay plata” o “algo habrá hecho”. La inacción judicial no es un accidente administrativo. Es parte de una cultura que sospecha de las víctimas y subestima el riesgo hasta que aparece un cuerpo. Y hay un dato que vuelve todavía más brutal el caso. Claudio Barrelier, imputado como presunto femicida de Agostina, había sido denunciado el año pasado por otra joven que logró escapar de una situación de extrema violencia. Pese a la gravedad de los hechos relatados y al riesgo que implicaban esos antecedentes, recuperó la libertad por decisión judicial. El dato no es menor: mientras algunos sectores políticos construyen una agenda centrada en las supuestas denuncias falsas, la realidad vuelve a mostrar un problema mucho más frecuente y peligroso. No son las denuncias inventadas las que dejan víctimas en el camino; son las advertencias ignoradas, las causas archivadas, las medidas que no llegan y los agresores que vuelven a la calle cuando todavía existen señales de alarma encendidas. En ese contexto, discutir “falsas denuncias” como prioridad política no es neutral. Es elegir dónde poner el foco. Y el foco, otra vez, no está en los violentos, ni en la prevención, ni en la justicia que falla, ni en las niñas que no llegan vivas. Está sobre quienes se animan a denunciar. La ultraderecha llama batalla cultural a lo que muchas veces es simple restauración del miedo. Quiere mujeres calladas, diversidades escondidas, escuelas mudas y Estado ausente. Quiere que cada víctima llegue sola a una ventanilla cerrada. Y si se anima a golpearla, que además tema terminar acusada. Agostina no puede leer proyectos de ley. No puede escuchar discursos. No puede responderle a quienes dicen que el problema son las denuncias falsas. Pero su nombre debería alcanzar para ordenar la discusión pública: lo urgente no es castigar más a quienes denuncian, sino evitar que las maten después de que nadie escuchó. Cuando el odio se sienta en el Congreso, no siempre grita. A veces pide la palabra, cita el Código Penal y sonríe para la foto. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.