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title: "Causa YPF: un abogado designado por Milei ahora trabaja para el fondo que demanda al país"
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description: "Eduardo González Olguín puso el foco en Agustín García Sanz: en 2024 fue elegido por Argentina para integrar el panel de árbitros del CIADI y hoy participa del nuevo reclamo impulsado por Burford."
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date_published: "2026-09-17T12:55:00-03:00"
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tags:
  - "Alta Gracia"
  - "Eduardo González Olguín"
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category_name: "Economía"
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# Causa YPF: un abogado designado por Milei ahora trabaja para el fondo que demanda al país

![MILEI YPF](/download/multimedia.normal.9919ba88f7fc9122.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

**(Alta Gracia; SN).-** La disputa judicial por la nacionalización de YPF sumó un capítulo tan delicado como polémico: un abogado designado por el Gobierno de Javier Milei para integrar el panel argentino de árbitros ante el CIADI aparece ahora dentro del equipo jurídico que impulsa una nueva demanda contra el país.

Se trata de **Agustín García Sanz**, socio del estudio internacional Three Crowns. En septiembre de 2024, Argentina lo eligió para integrar durante seis años los paneles de árbitros y conciliadores del Centro Internacional de Arreglo dze Diferencias Relativas a Inversiones, el tribunal dependiente del Banco Mundial que interviene en litigios entre empresas y Estados.

La designación fue anunciada por el [propio estudio Three Crowns](https://www.threecrownsllp.com/news/agustin-g-sanz-appointed-to-the-icsid-panel-of-arbitrators/), que informó entonces que García Sanz había sido propuesto por la República Argentina. El abogado agradeció públicamente al país por la oportunidad de intervenir en casos internacionales.

Dos años después, García Sanz ya no aparece dentro de la nómina argentina y su nombre figura entre los profesionales del estudio que representan el nuevo reclamo relacionado con la nacionalización de YPF.

El economista Eduardo González Olguín abordó el caso durante su columna semanal en **Siempre Radio 93.3** y reclamó que se determine qué conocía el Gobierno al momento de realizar aquella designación.

“Sería necesario hacer una indagación muy fuerte”, expresó González Olguín, quien advirtió sobre la gravedad institucional de que un profesional elegido por Argentina para integrar el sistema arbitral termine participando de una demanda contra el propio país.

La designación no convertía a García Sanz en funcionario ni en abogado del Estado y tampoco intervino como árbitro en la causa por YPF. Sin embargo, el caso abre interrogantes sobre los criterios utilizados por el Gobierno para seleccionar a quienes integran la representación argentina dentro de un tribunal que resuelve litigios multimillonarios.

### El nuevo intento de Burford

La presentación ante el CIADI llegó después de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocara la condena que obligaba a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la nacionalización de YPF.

El tribunal estadounidense consideró que la sentencia de primera instancia había interpretado de manera equivocada la legislación argentina. El fallo representó una fuerte derrota para Burford Capital, que había comprado los derechos para financiar el litigio y aspiraba a quedarse con una parte considerable de la eventual indemnización.

Tras ese revés, el fondo avanzó por otra vía y llevó el reclamo ante el CIADI. Formalmente, la presentación fue realizada por Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, las sociedades cuyos derechos litigiosos fueron adquiridos por Burford.

Se trata de un proceso diferente al desarrollado en los tribunales estadounidenses. Su apertura no representa una condena ni implica que Argentina vaya a perder sus acciones en YPF, pero inicia un nuevo frente internacional alrededor de la nacionalización concretada en 2012.

La demanda también incorporó declaraciones realizadas por Javier Milei luego del fallo favorable obtenido en Nueva York. En aquella oportunidad, el Presidente afirmó que “expropiar está mal porque robar está mal” y calificó la nacionalización de YPF como una “aventura suicida”.

Esas expresiones fueron utilizadas por los demandantes para sostener que el propio Gobierno argentino desautorizó la decisión adoptada en 2012.

“Con ese argumento del propio Milei, el fondo se presenta para seguir avanzando contra YPF”, señaló González Olguín.

### El valor estratégico de YPF

El economista remarcó que el nuevo litigio no puede analizarse únicamente desde el plano judicial. YPF ocupa un lugar central en el desarrollo de Vaca Muerta, la producción de hidrocarburos y la generación de dólares mediante exportaciones energéticas.

“Sería un golpe muy grande para la Argentina y nos condicionaría mucho”, advirtió ante la posibilidad de una resolución desfavorable.

González Olguín también cuestionó el funcionamiento del CIADI y recordó que el organismo ha recibido fuertes críticas por sus decisiones en controversias entre fondos de inversión, empresas multinacionales y países en desarrollo.

El desenlace del nuevo expediente todavía es incierto. Primero deberán resolverse cuestiones relacionadas con la jurisdicción del tribunal y posteriormente, si el proceso avanza, comenzará la discusión sobre el fondo del reclamo.

### Servicios públicos en pocas manos

El caso YPF formó parte de una advertencia más amplia de González Olguín sobre la reorganización del poder económico alrededor de la energía y los servicios públicos.

Durante su columna mencionó la venta de activos estatales y el crecimiento de grupos nacionales en sectores como la electricidad, el gas y la generación energética. Entre las operaciones recientes se encuentra la adquisición del 70% de Metrogas que pertenecía a YPF por parte de Edenor, empresa vinculada al empresario José Luis Manzano.

“En la medida en que se concentra la economía y son muy pocos los que tienen su manejo, los grados de libertad de un gobierno futuro son muy pocos”, sostuvo.

Para el economista, el avance de un número reducido de grupos sobre áreas estratégicas puede condicionar las tarifas, las inversiones y la capacidad del Estado para intervenir en servicios esenciales.

En ese escenario, la nueva demanda por YPF y el paso de García Sanz desde el panel argentino del CIADI hacia el equipo jurídico que litiga contra el país agregan una pregunta inevitable: quiénes defienden los intereses argentinos cuando están en juego empresas y recursos estratégicos.

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