La oportunidad perdida

Fracasó el más reciente intento de la Cámara de Diputados de abandonar su inmovilidad típica en períodos electorales para tratar -tres meses después de la última convocatoria, de informe del Jefe de Gabinete de Ministros-, con hasta ayer evidente pero hoy prescripto consenso, la Ley de Etiquetado Frontal, la principal de las iniciativas propuestas en el temario de la fallida sesión del pasado martes.

Siete Diputados más eran necesarios para comenzar el debate de unas de las mayores demandas sociales de los últimos años en materia legislativa: la de una regulación que, como en muchos otros países, obligue a las compañías que producen y comercializan lo que comemos a informar veraz y claramente el contenido de sus productos. Se busca que este sistema permita advertir a los consumidores cuando dichos componentes resulten perjudiciales a la salud, con destino específico y prioritario de revertir los alarmantes indicadores sanitarios de enfermedades asociadas -malnutrición, hipertensión, diabetes, obesidad-, con énfasis en los hábitos alimentarios respecto a niños y niñas.

Legisladores oficialistas, otros funcionarios públicos, pero también referentes de organizaciones sociales militantes del etiquetado frontal y otras causas asociadas a la soberanía alimentaria, la salud pública y la sostenibilidad ambiental, hablaron en estas horas de la “oportunidad perdida”, conclusión que es en realidad el punto de partida de estas palabras. Resulta entonces valioso desglosarla, en tanto abre interrogantes necesarios para la acción de quienes trabajamos diariamente movilizados por la convicción, creemos en la práctica política, la ejercitamos cotidianamente, o al menos para todos aquellos que conserven su fe en la institucionalidad democrática, honren el poder que el pueblo argentino delega constitucionalmente a sus representantes, o al menos la necesidad de seguir viviendo en comunidad, para la que resulta fundacional la directriz de lo colectivo.

¿En qué sentido hablamos de oportunidad perdida y por qué ese desperdicio trasciende el fracaso específico de esta iniciativa y tiene más, y más hondas implicancias?

La media sanción del Senado al Proyecto de Ley de Etiquetado Frontal -de 2020- perderá estado parlamentario el 30 de noviembre próximo, con lo cual su tratamiento -si no se logra acuerdo previo – deberá volver al punto de partida. Completo triunfo de una oportunidad perdida para la salud pública, el derecho a la información, la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas y el empoderamiento hacia modos de vida más conscientes y sostenibles.

Infructuosas fueron las demandas de cordura, incluso de otros actores de la propia fuerza política de Juntos por el Cambio, que osaron manifestarse a favor de que se concrete el tratamiento: Julio Cobos -uno de los autores del texto en discusión, con acuerdo transversal y generalizado de los Bloques políticos que en el Senado acordaron su media sanción, y a la vez creador de uno de los antecedentes de este texto, presentó una iniciativa similar en 2016- pidió públicamente a Mario Negri que abandone la puesta en escena para posibilitar el tratamiento del etiquetado frontal. Mirá.

Soledad y Carla Carrizo, Diego Mestre y Luis Petri fueron algunos de los Diputados que volantearon más obscenamente.  En primera instancia, la del debate en Comisiones, avalaron en sentido afirmativo la Ley como integrantes de las Comisiones en las que arduamente se deliberó, incluso con extensas reuniones informativas, participación de especialistas, de referentes sociales, de representantes de organizaciones asociadas a las múltiples implicancias de esta iniciativa.

En esas instancias, asumieron el compromiso institucional del tratamiento e incluso dejaron previstos en el dictamen sus específicos aportes a la cuestión, que consideraron ineludibles del tratamiento en el recinto y que, apenas menos de noventa días después, en el marco del show del pasado martes, ellos mismos consideraron no deberían ver la luz.

Los interlocutores de este debate: sociedad civil, organizaciones, militancia por la Ley, deberán comprender que la política no es otra cosa que un banal ejercicio del show: contingencia electoral + lobby corporativo + oportunismo partidario matan causa justa.  Oportunidad perdida.

Esos nombres, y muchos otros, se repiten en el repaso que en el marco de estas líneas realizo de la tarea de nuestros Diputados y Diputadas en los últimos meses. Esos nombres y muchos otros se repiten en declaraciones radiales y televisivas que en las que contradicen casi esquizofrenicamente su propia acción: la frecuencia de las sesiones, la modalidad de las sesiones, los temas aptos para la discusión y los que no: reforma judicial, Ministerio Público Fiscal, impuesto a las grandes fortunas fueron palabras tabúes y la olla a presión de esos latiguillos.

El mismo día en que Waldo Wolff miró la banca que debía estar ocupando desde una pantalla en la sala contigua, apenas horas después, anunciaba en un estudio de TV que consultaba a sus seguidores vía Twitter si consideraban había sido eficaz “no haberle dado quórum al oficialismo”. Para el debate institucional, la asunción del compromiso público, el fortalecimiento de las instituciones democráticas a través de la tarea de quienes en su accionar diario las forjan, el respeto por el rol que detenta, para todos ellos y más, oportunidad perdida bajo el peligroso eslógan de que la política se combate a sí misma y no está para cambiar nada.

Apenas un año atrás Luis Juez no votaba la Ley que obliga a que toda decisión respecto a la deuda pública de los gobiernos sea avalada por el Congreso, a los fines de garantizar su legitimidad y sostenibilidad. Tras las catastróficas consecuencias históricas del préstamo al  FMI que contrajo el gobierno del que formó parte, no ejerció su voto porque en ese momento estaba dando entrevistas en canales de televisión. Imploraba a la república a través de los medios de comunicación pero no acudía a su llamado en los entornos que la república ha previsto para ser ejercida. Oportunidad perdida.

Dos estadísticas sobrevuelan dolorosamente este texto.

Por un lado, tres empresas concentran el 85% del azúcar que compran los argentinos, cuatro, el 80% del café, dos, el 90% de las bebidas gaseosas. Respecto a esa conformación oligopólica de la industria alimentaria, el panorama sólo empeora considerando que, al 8% del mercado restante lo condensan empresas propiedad de los supermercados, que a su vez concentran, en tres monstruosas cadenas, el 58% de las ventas de productos alimentarios a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Por otro, 238.552 votos obtuvo “La Libertad Avanza”, partido político liderado por Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Los mayores porcentajes de adhesión, en las Comunas 7, 8 y 9 -Flores, Villa Riachuelo, Parque Avellaneda-, barrios laburantes donde ineludiblemente permeó el discurso de que la política como la conocemos no sirve y debe ser dinamitada.

Esas cifras se encuentran en esta idea de oportunidad perdida.

Si los representantes del pueblo desoyen una demanda colectiva a favor de la salud pública, el derecho a la información y la mejora de la calidad de vida de nuestra ciudadanía, desprecian al respecto el acuerdo político, ironizan sobre su tiempo histórico, burlan a quienes lo protagonizan, entonces la política pierde la oportunidad de ejercerse dignamente a sí misma.

Si los Diputados y Diputadas observan la instancia de la deliberación democrática por excelencia desde fuera de sus bancas, escondidos literalmente tras las cortinas, y trasladan ese ejercicio al barro de las redes sociales, la política pierde la oportunidad de demostrar que quienes la hacen merecen ocupar los lugares que detentan.

Si nuestros representantes niegan dar la discusión en el ámbito y con las herramientas que el pueblo les ha otorgado para ello, acorralados por las presiones de las corporaciones interesadas en que una iniciativa popular no prospere, a ellas le deben no sólo exorbitantes montos de dinero. A ellas le deben su resignación a la imposibilidad de construir una sociedad más justa, en la que las demandas históricas se transformen en conquistas para todos y todas. La negación de la discusión por cómo será esa sociedad por la que trabajamos y qué hacemos aquí y ahora para ello -qué hacemos, no qué decimos-, es otra oportunidad perdida.

Si quienes hacen la política la ejercen desde eslóganes en los que esconden tras ideas vacías de libertad (¿de quiénes?, ¿para qué?), de república (¿para quiénes?), de institucionalidad (¿a qué instituciones en realidad se acogen?), entonces las buenas disputas, la buena política, pierde otra oportunidad de que la ciudadanía no termine por creer que no existe, que no merece la pena, que la lucha por lo que es de todos debe ser abominada.

Que la convicción y la tarea cotidiana no nos dejen ser cómplices de otra oportunidad perdida.

(*) Asesora del Diputado Nacional Eduardo Fernández