Porsche, Mercedes, BMW, coches de alta gama y también de colección aparecen siempre vinculados a los detenidos por las continuas causas de narcotráfico que se abren en el sur de la provincia. Un Mustang rojo, por ejemplo, secuestrado a fines de septiembre en el marco de 36 allanamientos. Cuatro fueron en Salta, los otros 32 se repartieron entre Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Funes, Roldán, Álvarez, Acebal, Alvear y Piñero. Un radio que no excede los 50 kilómetros. Mientras tanto, en las últimas décadas, en esos alrededores de Rosario y dentro de la misma ciudad fueron floreciendo las concesionarias de autos importados, al punto de convertir a la zona en uno de los principales mercados del país en ese rubro. Dos más dos es cuatro.
“Tengo oficios varios, contrato sicarios para tirar tiros a jueces judiciales”, fueron las palabras del líder de la banda narco Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, cuando se presentó en el juicio que se le hacía por, justamente, al menos diez atentados contra domicilios de funcionarios e instituciones judiciales, entre mayo y agosto de 2018. A Cantero le encontraron a fines de agosto pasado una línea de teléfono fija directa en su celda, en la cárcel de Marcos Paz. Tras el escándalo, retiraron esa línea. A principio de septiembre se la volvieron a encontrar. Debe ser muy sencillo llevar un cable de teléfono fijo a una cárcel. “Claramente puede observarse que el señor Cantero tenía montado en la celda una especie de oficina”, cuestionó el fiscal que había solicitado la requisa. Dos más dos es cuatro.
Las migajas del comercio internacional de estupefacientes les deliran la cabeza a los soldaditos de los barrios pobres, regados de búnkers de ladrillo hueco donde se vende falopa cortada para el mínimo consumo local. Los soldaditos sobreviven de las bolsitas, un ingreso infinitamente superior al de cualquier changa, entregados a una refriega donde tras cada muerte violenta viene la reposición por otro soldadito, destinado a morir de la misma forma. Mientras tanto, de la buena se puede jalar en las torres de superlujo de la costa de Rosario, que aún con sus departamentos vacíos crecen sin parar. Porque no se explican sólo por la soja. Dos más dos es cuatro.
El 1º de enero de 2012, tres militantes jóvenes del Frente Darío Santillán estaban al fresco de una plaza de Villa Moreno, en Rosario, levantando la resaca de fin de año. Los acribillaron a balazos. Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Leonel “Patón” Rodríguez fueron confundidos con soldaditos. Por la masacre fueron encarcelados Sergio “Quemado” Rodríguez (44 años), Daniel “Teletubi” Delgado (24) y Mauricio “Chupín” Palavecino (23). Ungido por el dolor, el pastor Eduardo Trasante hizo del asesinato de su hijo una causa política. De la mano de Ciudad Futura, convirtió su drama en acción y fue electo concejal en 2017. El 15 de julio de 2020 el padre de Jeremías también fue matado y no por error. Dos asesinos, dos balazos en su domicilio, tras ingresar con un ardid para después salir sin robar nada. Dos más dos es cuatro.
En San Lorenzo, sobre el Paraná, se enclava el mayor complejo portuario de Sudamérica, con salida directa al Atlántico. Su actividad es continua. Es puerto de granos y también de contenedores. El senador de ese departamento, Armando Traferri, está acusado de ser una pieza clave del juego clandestino de la provincia. Su nombre saltó a partir de un asesinato. La historia es más o menos así: en enero de 2020 balearon por error al gerente del Banco Nación de Las Parejas, que se estaba fumando un pucho en el balcón del casino City Center de Rosario. A partir de la investigación de ese crimen, perpetrado por Los Monos, surge el nombre de Leonardo Peiti, empresario del juego ilegal en el sur. Peiti le pagaba “protección” a Maximiliano “Cachete” Díaz, integrante de Los Monos. Hasta las manos, Peiti se entregó y reveló que le pagaba a Los Monos, pero también a dos fiscales rosarinos, Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal. Ponce Asahad confesó y agregó algo: Traferri era el intermediario entre Peiti y ellos. Traferri es el líder político del espacio peronista donde milita la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Dos más dos es cuatro.
En 2009, el Ministerio de Seguridad había relevado 194 pistas de aterrizaje para aviones pequeños. La mayoría, ubicada en el norte de la provincia o cerca de la costa, dentro de estancias o establecimientos agropecuarios. Ante la Administración Nacional de Aviación Civil, el órgano regulador, sólo figuraban 26 sitios habilitados. En la otra punta de la provincia, 12 años después, en una noche cualquiera de noviembre una moto se detiene delante de la vidriera de la parrilla El Establo, llena de comensales. El sicario descarga una larga ráfaga de balazos. El tradicional restorán del centro rosarino no había querido pagar “protección”. Dos más dos es cuatro.
Dos más dos no es cuatro
La criminalidad narco echó raíces en la provincia. Es un problema muy distinto respecto de la violencia urbana regular de algunas bandas de pibes maldrogados y abandonados de todo, matándose en las vísceras retorcidas de los pasillos de los barrios mientras la Policía, sobre las avenidas de salida, hace “cerco sanitario”, en sus macabros términos. Tiene otra jerarquía, superior, a la del juego y la trata de personas, a los que puede subsumir. Como rubro económico, el narcotráfico implica un flujo continuo de comercio exterior, de ingreso y egreso ilegal, implica pequeños laboratorios de fabricación, moviliza múltiples rubros de forma indirecta con su plata negra, emplea cientos de personas y, además, para los más jóvenes y desesperados, sostiene ingresos ampliamente superiores a los de un jornal de construcción o trabajo doméstico. Es una red densa, extensa y compleja cuya descripción supera muy largamente una serie de escenas narradas en seis párrafos. Pero en esos seis párrafos ya se puede vislumbrar la extensión de la telaraña: los puertos y las pistas de aviones, las torres y el lujo suntuario, el sistema penitenciario y la Policía, la política y la Justicia, los barrios y los búnkers, los soldaditos y los sicarios, la sangre y la muerte.
Elección tras elección, candidatos y candidatas gustan de jugar al sheriff. La figura se repite y abruma, se alimenta del miedo popular mientras la violencia escala, ensanchando además las chances del delito común en el descalabro.
Entre esa oferta de sheriffs, el más perjudicado políticamente hoy es el gobernador Omar Perotti, no sólo por ser el máximo responsable político de la provincia sino porque el eje principal de su campaña fue el lema “Ahora la paz y el orden” y su repetida promesa de ser él mismo el “jefe de la Policía”. Perotti paga por su demagogia impracticable.
Si bien es imposible decir “no sé” en política, al menos sería como mínimo saludable decir abierta y conjuntamente, de una vez, que enfrentar la criminalidad narco va a tomar muchísimo tiempo, que no hay solución inmediata y que se requieren reformas institucionales muy de fondo, más allá del sustrato fértil para la ilegalidad que ofrece el contexto económico.
Esto no sucederá. De producirse esa asamblea de fuerzas políticas provinciales a la que el gobernador convocó ante su fracaso, la música no será diferente a las razones de ese mismo fracaso. La jefa espiritual de la oposición, Patricia Bullrich, puso el tono cuando el 22 de noviembre propuso que “las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante las afectaciones de logísticas, transportes, comunicaciones, arsenales y demás elementos necesarios dispuestos en la Ley de Seguridad Interior”.
Ante esa línea se combinan la falta de imaginación para ofrecer otra cosa y la potencia para calmar la angustia que tienen las simplificaciones milagrosas, como aquella consigna ganadora que le inventó el marketinero político Ramiro Agulla a Perotti en la campaña de 2019.
Enfrentar esta criminalidad sólo con ferocidad represiva resultará en un mayor entrelazamiento entre el poder y el narcotráfico, fuera de que la convocatoria a las Fuerzas Armadas erosiona a fondo las bases de la democracia renacida en 1983. El corte quirúrgico está en la circulación y blanqueo del dinero, en meterse en los campos con pistas para avionetas, en controlar qué es lo que se llevan los barcos. El corte grueso está en legalizar lo que hace rato consumimos de manera ilegal. Pero nada de eso le conviene a nadie cuya muerte importe, a diferencia del rédito suicida que sí ofrece seguir disfrazándonos de pistoleritos del Far West.
El peronismo ensaya por estos días la puesta en marcha de una estrategia de "sindicalización", al plegarse a la movilización que la CGT, las CTA y los movimientos sociales llevarán a cabo el 24 de enero como parte de un paro general contra el DNU de deregulación económica y el proyecto de Ley 'Bases' del Gobierno de Javier Milei.
El servicio de agua pasó de bimensual a mensual, con aumentos de hasta el 400 por ciento en la facturación. Hogares que pagaban unos $1.250 de manera bimensual, por un consumo de 15 metros cúbicos, hoy reciben boletas de $14.000 mensuales.
En un nuevo aniversario de este evento sanitario, nos encontramos ante una galopante epidemia de dengue que genera el colapso del sistema de salud. A su vez, el gobierno nacional se niega a comprar la vacuna alegando que su efectividad no está garantizada.
Desde febrero, Alta Gracia adhiere a la Ley Integral de Seguridad. Sin embargo, muchos delitos en la ciudad son "resueltos" por civiles que se encuentran frente a los hechos. Ante la grave crisis y el aumento del crimen, no parece haber medidas que den respuestas.
HORÓSCOPO. La influencia de los astros en la vida y el destino de las personas.
Luego de la medida tomada este jueves, AOITA anunció una asamblea para mañana viernes y nuevos paros en el transporte interurbano provincial.
Así lo confirmó el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe. Se trata de un predio histórico que durante años sirvió a la promoción del turismo en la ciudad. Su restauración se viene trabajando de manera articulada a fines de devolver a la Colonia su vitalidad perdida.
El caso se encuentra en plena etapa investigativa y el hecho se produjo en una clínica dedicada a la salud mental y la discapacidad.
El Ministerio de Capital Humano había anunciado un aumento del 70% para gastos de funcionamiento, lo que representa un 10% del presupuesto total. En los medios circuló como un acuerdo, cuando en realidad, fue una decisión unilateral del gobierno libertario.
