Hábitat

Un desalojo que vuelve a poner en discusión la falta de políticas de tierras

Por Claudia Moreno
miércoles, 23 de junio de 2021 · 14:07

(Sumario Noticias, Alta Gracia) Tres familias fueron – literalmente- tiradas a la calle con sus pertenencias en una jornada fría de junio. El caso tomó trascendencia porque los medios fueron los amplificadores de la dramática situación. Sin embargo, es algo que empezamos a ver con mayor regularidad en Alta Gracia y la región. 

El martes 22 de junio, vecinos y vecinas asistieron cual espectadores privilegiados tras los teléfonos celulares o de las pantallas de internet, cómo tres familias que vivían en barrio General Bustos fueron sacando sus pertenencias y las ubicaron en un camión, ante la mirada atenta de los efectivos policiales que cumplían órdenes.

Dolor, impotencia, desazón se dibujaba en el rostro de los moradores, entre ellos niños y niñas quienes recibieron un golpe más del sistema inequitativo en el que empiezan a moldear sus infancias. 

El Estado municipal tiene, al menos hace más de seis años en su poder, una ordenanza aprobada por unanimidad sobre políticas públicas de acceso a la tierra. Sin embargo, duerme el sueño de los justos. 

La ordenanza Nº 9554 de "Políticas Habitacionales Integrales para la gestión y procesos de producción social de hábitat",  tiene como objetivo principal el trabajo coordinado entre todos los estamentos del Estado (nacional, provincial y municipal) y los vecinos y vecinas organizadas. Gestionar los distintos programas para el acceso a la tierra y vivienda digna contemplado como un derecho consagrado en la Constitución Nacional. 

Pero nada de esto se pone en práctica en la ciudad del Tajamar. El gobierno de la provincia de Córdoba, anuncia con bombos y platillos, el relanzamientos de los créditos “Vida Digna”. Quizá este paliativo sea más fácil que meter el dedo para regular el mercado de tierras. Cientos de “avivadas” y otros cientos que bajo el manto del capitalismo, compra, vende o alquila a precios exorbitantes. 

El vía crucis que deben afrontar los “desalojados” del sistema es un camino que todos miran para otro lado, incluído el Estado que es el único que tiene la obligación de promover la igualdad entre los ciudadanos.

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