LA NOTA DEL DOMINGO.

Obsceno

Por Jorge Conalbi Anzorena
domingo, 27 de junio de 2021 · 00:42

Junio 17

Invitado a exponer en la apertura de la 109° Conferencia Internacional del Trabajo, el Papa Francisco traza una descarnada descripción de los efectos de la pandemia y advierte que "deberíamos prestar especial atención al peligro real de olvidar a los que han quedado atrás. Corren el riesgo de ser atacados por un virus peor aún del COVID-19: el de la indiferencia egoísta. O sea, una sociedad no puede progresar descartando, no puede progresar. Este virus se propaga al pensar que la vida es mejor si es mejor para mí, y que todo estará bien si está bien para mí, y así se comienza y se termina seleccionando a una persona en lugar de otra, descartando a los pobres, sacrificando a los dejados atrás en el llamado altar del progreso”. En el texto completo, cuya lectura es mucho más recomendable que los titulares que escandalizaron a la derecha argentina, el líder de la Iglesia le recuerda a los empresarios "su verdadera vocación: producir riqueza al servicio de todos. La actividad empresarial es esencialmente «una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios cada hombre está llamado a promover su propio progreso, y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, junto al derecho de propiedad privada, esta el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso» (Fratelli tutti, n. 123). A veces, al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario, que es el destino universal de los bienes". 

 

Junio 22

Enfundado en su uniforme camuflado, el Teniente Delgado Rivero comenzó a desplegar a sus hombres del Ejército Argentino en el predio de Colectividades. Las primeras horas de la mañana del 22 de junio encuentran a las tropas nacionales montando un hospital de campaña en Alta Gracia, varios días después de que el pico de contagios de Covid 19 comenzara a descender. La sorpresiva instalación -que el militar describió casi como regular, explicando que esa unidad se estaba movilizando periódicamente de una ciudad a otra- llama a preguntarse si se trata de una medida tardía o, si por el contrario, las autoridades sanitarias están previendo una tercera ola de infecciones.

 

Junio 23

Marcos tiene 32 años. Creció y estudió en Alta Gracia. Siempre le inculcaron que la senda del progreso estaba marcada por el estudio. Por eso, una vez concluido el secundario, también fue a la facultad. Pero como en muchísimos casos, tampoco en el de Marcos aquella máxima se cumplió y hasta ahora sus estudios no le garantizaron el horizonte que soñaba: por cuarto día consecutivo, a las 8 de la mañana ingresa al barrio privado para trabajar en tareas de desmalezamiento. Está contento... se había cortado una larga racha sin conseguir changa alguna.

Pasadas las 9 de la mañana, la Oficial de Justicia Alicia Fontanari llega al número 70 del Pasaje Domínguez. La acompañan un abogado, seis móviles policiales y unos 16 efectivos. La funcionaria judicial lleva en sus manos una orden de lanzamiento firmada por la jueza Graciela María Vigilanti y la Secretaria Mariela Ferrucci.

Media hora después Marcos atiende el llamado de su pareja. La mujer llora y grita desesperadamente, "están pateando la puerta y dicen que tenemos que irnos, nos dan 20 minutos para sacar todas las cosas", le dice. Y ahí va Marcos también al encuentro de una pesadilla. Tiene dos hijas, una de seis años y una bebé de uno y medio. Y no sabe quien es esa mujer que en la puerta de la casa lo amenaza con llevarse los niños.

Tres familias quedan en el medio de ese callejón que ya no es solamente geográfico, a la intemperie del naciente invierno que amenaza con el arribo de una nueva ola polar. Llega un camión de la Municipalidad donde deben cargar sus pertenencias. Impávidos por momentos, llorando por otros, seis niños ven llegar a la topadora que convierte en escombros lo que apenas un par de horas antes era un hogar.

Tres lunitas -cada una rodeada de estrellitas- sobreviven pintadas sobre la pared de lo que ya no es un dormitorio infantil.

 

Durante 2020, Marcos Oyola, los suyos y las otras dos familias encontraron cobijo en la prohibición de desalojos decretada por el gobierno nacional en el marco de la lucha contra los efectos socioeconómicos de la pandemia. Pero a principios de 2021, ese paraguas se cerró junto a muchas de las medidas de protección que no volvieron, a pesar de la crudeza de la segunda ola.

Independientemente de la legalidad del lanzamiento -que no estaría de más revisar- resultó evidente la intención de golpear por sorpresa, al estilo guerra relámpago (Blitzkrieg, la bautizaron los nazis), sin dar tiempo a la respuesta. Sin que los ocupantes de la vivienda pudieran recurrir a un abogado que les asegurara el derecho a defensa. Una y otra vez insistieron en que jamás recibieron notificación ni comunicación alguna.

Es cierto que Vigilanti tomó la precaución de resolver que "se haga saber que el caso que existir en el inmueble personas en estado de vulnerabilidad deberá comunicarse la realización del procedimiento al área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Alta Gracia" para que intervenga. Sin embargo, esa comunicación llegó cuando las tres familias ya estaban en la calle, sin que al menos el área de Trabajo Social pudiera haber realizado un relevamiento previo de las personas que allí residían y su situación.

Así como resulta innegable la defensa del derecho de propiedad privada que les asiste a los dueños del inmueble, de igual modo resulta obsceno que esas familias quedaran en la calle para que la casa sea demolida.

El derecho a la propiedad es un derecho humano, que son los que hacen a la dignidad humana y cuyo respeto está íntimamente relacionado con la posibilidad de las personas de poder realizar su plan de vida. Cabría determinar qué aspectos hacen a la parte vital para diferenciarla de los que no resultan esenciales para garantizar la dignidad humana. Un límite que incluso contempla la Constitución Nacional al garantizar el derecho de propiedad, aunque la derecha argentina se horrorice porque el Papa lo definiera como un derecho secundario frente "al destino universal de los bienes".

La luz verde a los desalojos encendida tras la caída de la prohibición anuncia una seguidilla de procedimientos durante las próximas semanas. En su obligación de defender los derechos de los propietarios la Justicia debería sopesar (se supone que para eso está) cada situación con detenimiento y evitar echarle combustible a la hoguera social.

 

Junio 28 (¿hay futuro?)

Los desahuciados del Pasaje Domínguez al 70, deberán abandonar el hospedaje temporal que les gestionó la Municipalidad de Alta Gracia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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