"El miedo idiotizante"

A fines de marzo especulé sobre las peligrosas consecuencias de entrar en pánico frente a la amenaza – real – del COVID 19, en un artículo publicado en SUMARIO que titulé “UNA DEMOCRACIA INTUBADA”. Dos meses después lamentablemente se ha confirmado mi hipótesis: el Poder usa el virus para desandar tropelías tales como el recorte jubilatorio ejecutado en esta Provincia, justo un día en que se había dispuesto sitiar la ciudad de Córdoba con esta excusa, claro que con el fin de “preservar la vida”, en especial la de los mismos adultos mayores a los que esa injusta ley perjudica. Inmediatamente después de hecha la trampa, una suerte de milagro sanitario posibilitó la flexibilización de la cuarentena.

Uno desearía que el tiempo transcurrido en reposo vaya devolviendo racionalidad; sin embargo, al acercarse de una vez por todas el “pico” de contagios, el miedo está enfermándonos más, nos está idiotizando.  Por ser mi ámbito laboral, ejemplificaré con algunas aseveraciones desopilantes con las que se intenta excusar la deserción del Poder Judicial en esta excepcional coyuntura, dichas incluso por magistrados “superiores”:

1)   “el Poder Judicial no funciona porque lo impide el DNU del presidente que obliga a un aislamiento social, el cual está vigente”.  Semejante aberración no puede ser sostenida por alguien que haya leído – aun no estudiado – la Constitución Nacional y menos todavía por quiénes son los garantes de su vigencia: los jueces. No se ha declarado el “estado de sitio”, por ello, cualquier restricción a la libertad ambulatoria en modo alguno es un impedimento para la administración de justicia. El Estado Nacional no ha recurrido tampoco a la “intervención federal”, instituto constitucional por el que transitoriamente puede gobernar un Poder Judicial provincial. Es mentira que el DNU sea la causa de la ausencia de actividad jurisdiccional.

2) “el Poder Judicial no funciona porque para ello requiere previamente la aprobación de un protocolo por el COE”. Es incuestionable que el Poder Judicial de la Provincia es un poder constitucional que se autogobierna en forma independiente del Poder Ejecutivo; un órgano creado por un Gobernador  - como el COE – no puede condicionar, por la finalidad que fuera, el funcionamiento de la Justicia. La realidad es que el Poder Judicial no funciona porque se ha autoimpuesto una cuarentena, se ha clausurado a sí mismos mediante un acuerdo de los miembros del Tribunal Superior.

3) “ni la Justicia ni la abogacía son ’actividades esenciales´’ porque ni el DNU del presidente ni las disposiciones del COE la han previsto como tal”. No faltan letrados que airadamente “exigen” al Colegio de Abogados tramite ante el COE así sea tenida. Ahora bien: el ACCESO A LA JURISDICCIÓN, que es integrado por el DERECHO DE DEFENSA, es un derecho humano fundamental, inherente a la dignidad de la persona humana, y como tal es reconocido en cantidad de TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, los que son directamente operativos, lo tengan así o no el DNU del presidente o el COE. Siendo la abogacía la forma por la cual ese DDHH se materializa ante los jueces, los abogados no necesitan autorización de nadie para, por ejemplo, abrir su estudio jurídico. Tampoco los Tribunales pueden excusar el abandono de sus responsabilidades republicanas en este “olvido”.

Colorido ejemplo de alienación es el procedimiento para la restitución de expedientes a tribunales que se ha dispuesto en el protocolo de actuación: deben dejarse en una mesa, dónde deberán reposar por el lapso de tiempo necesario (48 hs.) para que el virus no sobreviva, luego de lo cual recién lo podrá asir un empleado. Un rito similar he visto en Chichicastenango, una población del Altiplano guatemalteco: para dejar una ofrenda a Maximón (una mezcla de Dios y sabio maya corporizado que fuma habanos) previamente debe

entregársela a un brujo, que le sopla humos de hierbas incendiadas para recién entonces llevarla a la imagen. Parafernalia que no existe – hasta ahora - cuando uno pasa las compras por la caja del supermercado, sin que ello importe algún alza en la mortalidad entre las cajeras. 

Cualquier situación, por extrema que sea, debe ser resuelta en libertad, apegados a la ley y por gente en sus cabales.