Los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 9 y cuyos haberes no superen los $ 105.713, podrán cobrar este martes el beneficio correspondiente a enero en las sucursales bancarias por ventanilla.
(Sumario Noticias; Alta Gracia) Un conflicto que no termina, ni aun habiendo firmado un acuerdo para que se termine.
El tema del día en la sesión del Concejo Deliberante fue un nuevo capítulo de la novela derivada en la frustrada habilitación del Restobar Cocó, en 2015.
Como se recordará, la Municipalidad de Alta Gracia llegó a un acuerdo de partes para poner fin al litigio originado hace seis años. Su consecuencia inmediata, el pago de algo menos de 900 mil pesos en concepto de honorarios y una multa, en tres cuotas. Por otra parte, a los empresarios Santiago Expósito y Andrés Goya le corresponden sendos pagos a cargo de cada uno de ellos. El entendimiento -que implica una importante quita de costos, justamente por dejar de litigar- especifica que en caso de incumplimiento la parte actora podrá ejecutar la acción original, es decir, ir por todo en lugar de aceptar la quita.
El Tribunal de Cuentas de Alta Gracia -controlado por la oposición- observó el trámite destinado a pagar la primera cuota, reclamando su homologación judicial. Según la Asesoría Letrada del Estado local, tal homologación “no es necesaria en virtud del nuevo Código Civil y su tramitación demanda un lapso en el que se caerá el acuerdo alcanzado”.
Con el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas acomodado en el centro de la mesa del Concejo Deliberante, le llegó el turno a la oposición legislativa, que reclamó “a viva voz”, según la concejala Amalia Vagni, “una investigación para determinar las responsabilidades” de lo que considera un juicio perdido.
“Queremos que se investigue para saber quién fue el responsable de haber incumplido la orden judicial, si fue el Asesor Letrado, un Secretario el Intendente, porque al no haberla cumplido estamos pagando lo que estamos pagando. Si se hubiera cumplido la orden judicial, no tendríamos que pagar un solo peso”, argumento Ricardo González, también concejal de Alta Gracia Crece. El representante del PRO en ese bloque, apuntando contra el entonces intendente Facundo Torres Lima y el Asesor Letrado Daniel Villar, agregó: “Esas multas no las tienen que pagar los vecinos, pedimos que las paguen los responsables de haber desoído la orden judicial”.
Vagni, por su parte, sacó a relucir que Espósito y Goya cuentan con contrataciones en la órbita del Ministerio de Gobierno que comanda Facundo Torres Lima y en la Municipalidad. Para la concejala, se trata de un modo de que el Estado pague la parte que les corresponde pagar a los empresarios. “Amiguismo y caprichismo”, disparó en el recinto.
"Es lamentable que el ofícialismo no quiera tratar los temas importantes", se quejó la concejala Lucía Allende, en una sesión en la que hubo gritos, muchos gritos.
La bancada oficialista atribuye la embestida opositora como “una necesidad de campaña de una precandidata que utiliza al Concejo Deliberante para tal fin”, según dijo el Manuel Ortiz. El concejal consideró que el pago del acuerdo alcanzado “obedece a que la Justicia declaró inconstitucional una ordenanza municipal que había sido aprobada con mayoría agravada”, dijo sobre la norma que habilitó al restobar y que contó con los votos de los concejales radicales Leandro Morer y Germán Rodríguez.
“No desobedecimos ninguna orden judicial. No estábamos notificados y de hecho, la misma Cámara que nos impuso la multa nos denunció penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobedecer su orden judicial, pero el fiscal que actuó frente a esa denuncia comprobó que ni los funcionarios ni la Municipalidad habíamos sido notificados, y la archivó por inexistencia de delito”, se defiende Villar.
HISTRIÓNICO. Molesto porque la oposición lo había acusado de "no poner ni las manos" para defender a la Municipalidad en los juicios, Villar llevó al Concejo Deliberante el voluminoso expediente del caso Cocó.
“No pagamos la sentencia, sino un acuerdo para que no se haga más grande, como ocurrió con los juicios que el Estado arrastraba desde la gestión radical, y que terminamos pagando más de 12 millones de pesos”, contraataca Ortiz. Se refiere a las causas derivadas de la muerte de un niño en un accidente con un camión municipal en la cancha de Banfield, y en la inundación de un taller mecánico, provocada por una obra de asfalto mal realizada. “Llama la atención que ni el Tribunal de Cuentas ni la oposición no pidan explicaciones por esos juicios”.
Ortiz también se preguntó “por qué el Tribunal de Cuentas deja vencer los plazos. Tenía 10 días para visar, observar, pedir explicaciones o lo que fuera, pero tardó un mes en hacerlo”.
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