El debate y el diálogo siguen siendo fundamentales; son muchas las consideraciones que se deben tener en cuenta, ya que es un tema muy complejo que debe analizarse principalmente desde salud pública. Datos concretos demuestran que el tema debe ser abordado y con urgencia.

Cuando se habla de legalidad, no se discute solamente sobre un derecho individual, un credo o una postura ideológica, sino de la necesidad de parte del Estado de poder asistir, contener y prevenir situaciones vinculadas a embarazos no deseados para los que la clandestinidad es un obstáculo. 

Los datos dan cuenta que en nuestro país se realizan entre 371.000 y 522.000 abortos al año, que en general se realizan en condiciones inseguras. Según la OMS la mayoría de las muertes y complicaciones relacionadas a los abortos inseguros se producen en países en los cuales el aborto está sujeto a severas restricciones, tanto en las leyes como en la práctica. Y eso se debe justamente a la distancia entre las mujeres que recurren al aborto y el Estado.

La criminalización no reduce los abortos, solo los esconde, incrementa las muertes de las mujeres y se invisibilizan los casos, los contextos socioeconómicos, la eficacia de los programas de prevención, las estadísticas y sobre todo se le niega a la mujeres la posibilidad de acceder al Estado mismo.

Solo garantizando que las mujeres acudan al Estado o espacios seguros de salud o de asistencia a la mujer, se podrá no solo evitar muertes y afecciones graves, sino también que se podrá trabajar en el territorio para la prevención del embarazo no deseado, con contención y acompañamiento.

Por eso mismo, espero que la discusión y el debate no se limiten a la despenalización o legalización del aborto, ya que es necesario que se profundicen, articulen y discutan una serie de acciones y políticas que desde la concientización, la educación y el acceso a la información, no solo centradas en las mujeres,  apunten a una política de salud pública de prevención seria e integral.

*Directora de Relaciones Institucionales y Políticas de Género.