En los próximos días, el Gobierno Nacional enviará un nuevo proyecto de Ley de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) al Congreso de la Nación para su tratamiento.

En nombre de nuestra democracia, nos debemos un debate serio y maduro, despojado de creencias religiosas o dogmáticas sobre el tema. Sin caer en la violencia que provoca la radicalización de las posturas que, además, nos empuja a la irracionalidad. Es fundamental corrernos de esa lógica de bandos, de buenos y malos, de agrietados. Resulta clave entender que  aquí no se discute aborto sí o aborto no.

Lo que existe es un problema y el Estado no puede mirar para otro lado: en nuestro país se practican alrededor de  500 mil interrupciones de embarazos no deseados al año de forma clandestina; se registran - este es un indicador concreto y fiable- entre 38 mil y 40 mil ingresos hospitalarios por motivo de estas prácticas y constituye la principal causa de muerte materna prevenible. La consecuencia de esa clandestinidad es la puesta en riesgo de la salud de las mujeres, e incluso la vida, una verdadera tragedia que es evitable.

Queda evidenciado por estos números que la penalización actual no disuade a las mujeres a tomar esa decisión. Por el contrario, las condena a la clandestinidad, precariedad e inseguridad de una práctica que en muchas veces es mortal.

Desde ese punto de vista, el debate hace tiempo dejó de ser una cuestión de convicciones íntimas y privadas y es, en cambio, una deuda de salud pública.

Volvemos entonces a uno de los temas centrales de la democracia en esta discusión y nos coloca nuevamente ante el desafío de un Estado que persiga y condene; o que acompañe y contenga.

La penalización fracasó cómo medida, por su imposibilidad de reflejar la complejidad de la problemática. Ese diagnóstico  nos invita a cambiar la perspectiva y buscar nuevas alternativas.

Es preciso entender que no debemos caer en la confusión de que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo viene a reemplazar los programas de prevención sino al contrario. En este sentido, desde el Estado se lleva adelante el Programa de Atención y Prevención del Embarazo No Intencional brindando actividades de promoción, consultoría, asesoría en articulación con todos los niveles estatales para cumplir con la oferta de todos los anticonceptivos: orales, inyectables, implantes, dispositivos intrauterinos, quirúrgicos. Es fundamental profundizar en acciones de prevención y así disminuir los embarazos no deseados y por lo tanto los abortos.

Para dejar en claro, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y la Prevención de embarazos no deseados no son acciones en pugna, sino que son acciones que inevitablemente deben abordarse en conjunto como políticas públicas fundamentales tal como se propone en el modelo actual de educación sexual.

*Concejal del bloque de Hacemos por Córdoba