La suspensión de la construcción del tercer satélite argentino durante el gobierno de Mauricio Macri puede generarle a la empresa estatal Arsat perjuicios económicos importantes.

Bajo la excusa de búsqueda de financiamiento externo el expresidente de Arsat durante el gobierno de Cambiemos, Rodrigo de Loredo (yerno de Oscar Aguad y referente del sector que en Alta Gracia encabeza Amalia Vagni) justificó en marzo de 2016 la interrupción de la construcción del tercer satélite nacional, que el kirchnerismo había proyectado para lanzar al espacio en 2019.

Tras la interrupción del proyecto, Arsat quedó con la obligación de enfrentar pagos de contratos pendientes en dólares y en euros. Uno de ellos es con la empresa Airanespace, a la que se le deben facturas por un total de USD 20.300.000.

Otra de las deudas es con Ariane Group (ex Airbus) por 696.350 eruos. También se registra una mora con la firma Thales Alenia Space, por 308.057,38 euros más los intereses.

La auditoria interna destaca además que bajo el control de Loredo se pagaron cuantiosos honorarios a los cargos directivos y se realizaron contrataciones directas que hoy están bajo sospecha.

Un total de 20 de ellas fueron dadas de baja por la nueva gestión. Se trata de servicios de consultoría; mantenimiento y desarrollo de aplicaciones; "servicios de back office"; "asistencia en gestión de proyectos"; desarrollo de "software de Gestión Documental" y de "inteligencia artificial".

Según el documento oficial, una firma en particular fue adjudicataria directa una y otra vez. Se trata de Consensus Argentina S.A. a la que se le otorgaron cuatro órdenes de compra en siete meses, por más de 38 millones de pesos. El reporte de las nuevas autoridades habla de "contrataciones directas por urgencias injustificadas" y "hasta la contratación de una empresa para cobranza del servicio de internet satelital domiciliario, que es bonificado para los usuarios".

A todo eso hay que sumar 14 millones de euros que el Estado argentino deberá destinar en total para conservar la posición orbital (POG 81°O), algo que no se debería costear aparte "si el proyecto no se hubiese interrumpido", dice el documento oficial que reproduce Ámbito.

Pero las irregularidades también se dieron en el plano administrativo hacia el interior de la empresa. Sucede que entre 2016 y 2019 las deudas en Arsat se incrementaron y los balances no fueron tratados nunca en Asamblea General, como estipula la normativa.

La evaluación debe hacerse cada cuatro meses, luego del cierre de cada ejercicio. Según estimó la nueva administración, distintos clientes del sector público nacional le deben a ARSAT más de $1.400 millones, de los cuales $1.300 difícilmente puedan recuperarse, ya que los cobros están vencidos.

Pero la cancelación del proyecto del tercer satélite impidió alcanzar la contectividad en varias provincias. Ocurre que los ARSAT I y II no son suficientes para la cobertura de todo el territorio nacional. Sin el tercer satélite en órbita son muchas las provincias a las que hoy no se les puede brindar servicios de banda ancha satelital eficientes, lo que mantiene la brecha digital en las zonas del país sin cobertura terrestre.

Pero, además, la suspensión del Arsat III impidió a la empresa de capitales estatales posicionarse de lleno en el mercado de servicios satelitales, donde no había competencia alguna.

La auditoria interna destaca además que bajo el control de Loredo se pagaron cuantiosos honorarios a los cargos directivos y se realizaron contrataciones directas que hoy están bajo sospecha.

Un total de 20 de ellas fueron dadas de baja por la nueva gestión. Se trata de servicios de consultoría; mantenimiento y desarrollo de aplicaciones; "servicios de back office"; "asistencia en gestión de proyectos"; desarrollo de "software de Gestión Documental" y de "inteligencia artificial".

Según el documento oficial, una firma en particular fue adjudicataria directa una y otra vez. Se trata de Consensus Argentina S.A. a la que se le otorgaron cuatro órdenes de compra en siete meses, por más de 38 millones de pesos. El reporte de las nuevas autoridades habla de "contrataciones directas por urgencias injustificadas" y "hasta la contratación de una empresa para cobranza del servicio de internet satelital domiciliario, que es bonificado para los usuarios".