El pasado viernes 4, a través de un Decreto el Gobierno estableció el Cupo Laboral Trans. De esta manera se garantiza que un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos del sector público nacional, en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes, serán ocupados por travestis, transexuales y transgénero.

"Es un día histórico", dice en declaraciones públicas Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Rueda es una mujer trans que ahora es funcionaria, pero ha sido militante por los derechos de las personas trans y travestis durante décadas.

"Es un día histórico para toda nuestra sociedad porque implica el reconocimiento del Estado sobre su responsabilidad en generar respuestas frente a la desigualdad estructural. Respuestas que tienen que ver con la protección de los derechos y, principalmente, porque, en este caso, abordan uno de los ejes fundamentales de la desigualdad en perspectiva de género y diversidad. Las personas travestis, transexuales y transgénero hemos vivido a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la historia argentina, mucha violencia. Y esta violencia se tradujo efectivamente, no solamente en una expulsión, muchas veces, de nuestros ámbitos familiares, sino también dentro de los demás ámbitos como el educativo, el de salud y en el laboral".

Histórico: se decretó el cupo laboral travesti trans en Argentina

A partir de este cupo, no solo se establece el acceso al empleo sino también a la formación laboral. Se pueden completar estudios de modo de cumplir con la normativa vigente en el empleo público en materia de formación educativa obligatoria.

"Principalmente, es la consecuencia de una lucha que se sitúa a lo largo de los años porque efectivamente hay organizaciones sociales, organizaciones de personas travestis y trans que llevaron adelante esta enorme convocatoria al cupo trans en nuestro país", agrega Rueda.

Y explica que el Cupo también se vincula con la aprobación y la sanción, en 2015, de la Ley Diana Sacayán en la Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que la agenda de las organizaciones y los movimientos sociales formen parte de la agenda pública "para dar respuesta a la exclusión histórica y efectivas, creando oportunidades reales y concretas".