Rita Segato, antropóloga y una de las intelectuales más influyentes en Latinoamérica, nos dice: "No queremos solamente consolar a una víctima que llora. El punto es cómo educamos a la sociedad para entender el problema de la violencia de género como un problema político y no moral. Cómo mostramos el orden patriarcal, que es un orden político escondido por detrás de una moralidad".

Sin lugar a dudas, nos encontramos transitando una era que quedará marcada en la historia por la conquista y consolidación de los derechos de las mujeres, sin embargo somos conscientes de que aún queda mucho camino por andar en esta materia y está en nuestras manos hacer de esta transformación una realidad. 

En los últimos tiempos, en Alta Gracia hemos sido testigos de la articulación de nuevas herramientas para el abordaje de la realidad en este sentido. Asistimos a la creación, por primera vez en la historia municipal, de una Dirección de Políticas de Género y de la puesta en marcha del Consejo de la Mujer; la implementación de la Ley Micaela, la exhibición de los números donde atienden casos por violencia de género, entre otras.

El Estado municipal se enfrenta al gran compromiso y desafío de contribuir a una problemática social, en la que indudablemente debemos romper estructuras culturales profundamente imbricadas en el orden político. Y, cuando analizamos los datos alarmantes que existen en materia de violencia de género asumimos que debemos seguir contribuyendo al sistema social con herramientas capaces de generar cambios verdaderos.

La realidad a la que se enfrentan muchas de nuestras compañeras trabajadoras del ejido municipal no escapa a esta problemática. Diariamente nos encontramos con situaciones en las que una trabajadora, víctima de violencia, no tiene la posibilidad de acceder a los canales institucionales de contención, debiendo echar mano a una serie de artimañas para sortear la situación con el menor nivel de exposición posible: que su hija o hijo está enfermo; que algo que  le cayó mal, incluso hacer uso de sus días de vacaciones. Lo cierto es que muchas de esas ausencias, que con el tiempo pueden parecer excesivas, se deben a que los gritos y las agresiones de su pareja no la dejan dormir.

Esta situación conlleva a que durante el proceso de denuncia, las trabajadoras deban solicitar una licencia psiquiátrica, lo cual es inexacto y perjudica a la víctima. Cuando un juez tiene que tomar una decisión con respecto del cuidado de los hijos, la existencia de las carpetas psiquiátricas en un legajo laboral no hace otra cosa que favorecer al agresor, e invisibilizar la situación de violencia.  Por este motivo, es necesario ampliar los ámbitos para la aplicación de la Licencia por Violencia de Género.

Este instrumento, permite visibilizar la situación real en el ámbito laboral. A la mujer le da vergüenza contar lo que le está pasando. Para realizar la denuncia se necesita tiempo y contención, para luego ser ratificada y afrontar los trámites judiciales. Para esta trabajadora, en un estado de vulnerabilidad, muchas veces con hijos y/o hijas de por medio, es terriblemente injusto que en su legajo se le abra una carpeta psiquiátrica. Con eso solo se estigmatiza a las víctimas.

En nuestra Ciudad, dentro de poco tendremos la ordenanza que establece la creación de la figura de la Licencia por Violencia de Género, producto del trabajo legislativo en el marco del consenso, donde participaron de la elaboración diversos actores involucrados en la problemática. Además, mediante la misma activamos los mecanismos de contención que brinda el Estado para el abordaje de este tema.

El Área Familia es el terreno donde un grupo de profesionales del Estado Municipal recepciona y contiene a las víctimas de violencia de género de manera articulada con el Poder Judicial, la Secretaria de Salud y Desarrollo Social y los organismos intervinientes en cada caso particular, demostrando una sobresaliente tarea. El Sindicato de Empleados Municipales de Alta Gracia, quien nuclea a los y las trabajadoras del sector público local y la Dirección de Políticas de Género también han realizado importantes aportes para el avance de esta medida que entendemos viene a brindar más herramientas en una lucha que debemos sostener para transformar la realidad social y construir una sociedad equitativa y justa de verdad.

Hasta el mes de julio, durante el 2020, el Área Familia recibió más de 1.060 denuncias por violencia de género, teniendo un incremento en las mismas del 80% durante la pandemia.

(*) Concejal de la Ciudad

Bloque Hacemos Por Córdoba