El Fiscal de Instrucción de la Fiscalía en lo Penal Económico de Primera Nominación solicitó a la Cámara en lo Criminal dicte decreto de citación a juicio contra los funcionarios policiales Ricardo Adrián Chávez, Ricardo Gabriel León y Ulises Fernando Zurita, como probables autores penalmente responsables del delito de Abuso de Autoridad en los términos de los arts. 45 y 248 tercer supuesto del Código Penal.

Los mencionados no habrían cumplido con la custodia ordenada por la Justicia sobre el domicilio donde se produjo una agresión con arma blanca contra Julia Felicia Torres, quien falleció cinco meses después producto de las lesiones.

De acuerdo a los hechos, el 8 de febrero del 2013, el sargento Gabriel Ricardo León, en calidad de Oficial de Servicio en funciones omitió designar al personal policial que debía cumplir la consigna policial requerida; mientras que los jefes a cargo de la Comisaría 16 Bis de la ciudad de Córdoba, Comisario Ricardo Adrián Chávez y Subcomisario Fernando Zurita, omitieron arbitrar los medios necesarios para que se hiciera efectiva la orden judicial dispuesta, dejando todos ellos de prestar colaboración al Poder Judicial de esta provincia a la que se encontraban obligados en función de lo ordenado en los arts. 15 y 16 de la Ley N° 9235 de “Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba”.

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De esta forma se interrumpió el desarrollo normal de la administración de justicia, que implicaba evitar las consecuencias ulteriores del delito que se investigaba, esto es, la agresión de las víctimas que había de protegerse.

Ese día, ausente la custodia policial ordenada, Ramón Alberto Gonzalía derribó con su automóvil el portón de ingreso de la casa y habiendo dado alcance a Julia Felicia Torres, la lesionó gravemente con un arma blanca, falleciendo la víctima cinco meses más tarde, motivo por el cual resultó aquel condenado, en diciembre del 2014, a prisión perpetua por los delitos de homicidio calificado tanto por el vínculo y como por violencia de género en concurso real con los delitos de amenaza calificada, coacción y desobediencia de autoridad reiterada.

La víctima lo había denunciado 25 veces a lo largo de 20 años.

La Fiscalía a cargo de Matías Bornancini investigó la responsabilidad funcional de los mencionados policías que tenían a cargo el manejo y control de las consignas.

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Fueron imputados, prestaron declaración y ahora se eleva la causa a juicio. Actualmente la causa fue girada al Juzgado de Control por la oposición de los abogados defensores.