(Alta Gracia, de nuestra redacción) El 7 de junio, La Cámara Federal de Córdoba resolvió sobreseer al cura Marcelo Siderides y a los arquitectos responsables de las obras de restauración de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. Los mismos habían sido procesados en agosto de 2016 por el juez Ricardo Bustos Fierro, quien los consideró partícipes en la ejecución "ilegítima” de un proyecto de restauración que terminó ocasionando un "daño arqueológico irreparable” en el interior del templo. Sin embargo, la Jueza de Cámara Graciela Montesi expresó en el último fallo que el proceso de investigación muestra "la falta de intención dolosa en la prosecución del resultado alcanzado". 

La respuesta de la Justicia no calmó los ánimos de quienes impulsaron el reclamo allá por el año 2012. María Esther Solla Lozada de Reyna, es una de ellas. Como familiar de una de las personas que estaban sepultadas en el templo y presidenta de la Asociación de Amigos del Museo siempre manifestó su postura crítica frente a lo que se estaba realizando. "El fiscal Maximiliano Hairabedian tiene como plazo hasta la semana próxima para apelar el fallo, no sabemos qué resolución va a tomar”, expresó a días de conocerse la noticia. "Este fallo ha sido una sorpresa muy grande, pero calculo que la Cámara debe haber estudiado a fondo el expediente que se origina con la denuncia del Defensor del Pueblo de la Nación. Habrá que ver si esto sigue o si para. La justicia no ha tomado el estudio del Equipo Argentino de Antropología Forense. Hay una cantidad de restos óseos encontrados, ellos sabrán cuales son los tecnicismos que nosotros desconocemos”, afirmó Solla.

En los argumentos del fallo que desliga de responsabilidades tanto a Siderides como a los arquitectos Melina Malandrino, Pedro Cufre y Juan Pablo Orozco, el Juez Ignacio María Vélez Funes señaló que: "los resultados obtenidos por las tareas de refacción en el lugar, conforme pude observar, muestran un escenario actual que contrasta con cualquier hipótesis fáctica inspirada en causar daño”. Asimismo aclara: "Como ya lo he dicho, hubo consecuencias dañinas en el solado histórico subyacente del interior de la iglesia, derivado de su extracción, lo cual encuentra reprobación jurídica en otros ordenamientos legales".

Las obras realizadas en la parroquia que forma parte del conjunto jesuítico de la ciudad generaron dudas desde un comienzo. Las resoluciones de la Comisión de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, la denuncia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el pedido de justicia de algunos vecinos preocupados por el patrimonio, entre otros sucesos hicieron que el tema no pierda vigencia desde 2012. En 2009, se había firmado el acuerdo con la Universidad Católica de Córdoba para avanzar en la restauración de la Iglesia, la Provincia aportó fondos por varios millones y los trabajos concretos no dejaron de sembrar dudas. Hasta una "marcha de las velas” movilizó a los vecinos pidiendo que se esclarezca lo ocurrido. 

Las preguntas con el tiempo fueron avanzando más allá de los hechos concretos y materiales que despojaron a la Parroquia de sus pisos y los cuestionamientos apuntaron también al uso de los fondos públicos. "Hay que poner foco en lo que motivó todo esto, si en el fondo no un hubo una causa de corrupción por el dinero que la provincia ha invertido en esto”, había expresado Solla cuando se conoció el procesamiento de Siderides y los arquitectos.

Repercusión

En las redes sociales, la noticia del sobreseimiento ha generado un malestar basado principalmente, en la incertidumbre de saber si se establecerán o no responsabilidades por los trabajos realizados. Los pisos faltaron, los restos óseos fueron removidos y arrojados a una cancha de fútbol y luego reincorporados. Las personas que desde el comienzo fueron señaladas como posibles responsables del accionar dañino contra el patrimonio fueron sobreseídas. Las preguntas ahora, giran en torno a saber si, en algún momento, se establecerá quién o quiénes deben responder por lo ocurrido.