La fiscalía boliviana imputa al expresidente Evo Morales los delitos de “terrorismo” y “financiación al terrorismo” y pide su detención preventiva. El exmandatario, refugiado en Argentina desde diciembre, está acusado de impulsar desde el exilio las revueltas callejeras que sucedieron los días posteriores a su dimisión y salida de Bolivia el 10 de noviembre.

La imputación formal, a cargo de la Comisión de Fiscales Anticorrupción, tuvo lugar este lunes pero la acusación de la fiscalía data de diciembre pasado, cuando el gobierno argentino dejó claro que no concedería la extradición de Morales, que tiene estatus de refugiado político. La prueba de cargo contra el líder aymara es una grabación telefónica del 14 de noviembre donde Morales -en ese momento refugiado en México- pide al dirigente cocalero Faustino Yucra que agite la insurrección popular y provoque “el bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales”, según indica la nota de prensa difundida por el ministerio público.

La justicia boliviana solicitó la colaboración de técnicos de la fiscalía de Colombia para analizar el audio telefónico. El peritaje concluyó que “las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma”.

Evo Morales llegó al país en condición de refugiado

El exmandatario rechazó las acusaciones desde su exilio porteño. “De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado, una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto. Pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a Bolivia”, tuiteó el líder cocalero.

Morales considera que su salida del poder fue producto de un golpe de estado y tacha de dictadura el gobierno provisional de Jeanine Áñez, que prevé realizar elecciones presidenciales el 6 de septiembre.