El Gobierno prevé enviar la semana próxima al Congreso un proyecto de moratoria amplio que incluirá deudas previsionales, aduaneras e impositivas vencidas hasta el 31 de mayo último, por unos $300.000 millones, para salir en auxilio de empresas afectadas por la crisis sanitaria.

El nuevo plan de pagos, que perdonaría algunas deudas, abarcaría a empresas de todos los tamaños y a contribuyentes individuales que tengan atrasos en el pago de impuestos. "Entendemos que el Estado debe estar más presente que nunca en este momento, y una forma es facilitando a las empresas, en especial las pymes, el cumplimiento de sus obligaciones, sin asfixiarlas", dijo a la agencia NA un funcionario que está contribuyendo a diseñar el proyecto.

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Un grupo de diputados del Frente de Todos fue el que llevó esta iniciativa al presidente Alberto Fernández, quien la recibió de buena grado y le pidió al gabinete económico definir los detalles. La moratoria ampliará a la establecida por la Ley de Solidaridad.

El objetivo, según se hizo trascender, será buscar una "universalización del beneficio", para que todos los contribuyentes puedan acceder. Así, el proyecto incluirá, además de las pymes y demás empresas, a monotributistas y autónomos.

Una moratoria se diferencia de los planes de pago en que permite a la AFIP perdonar parte de las deudas, pero para eso el Poder Ejecutivo -la AFIP en particular- requieren que sea aprobada por el Congreso.

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Los contribuyentes, según el proyecto que se prepara, tendrán plazo para anotarse hasta el 31 de agosto próximo, y el primer pago sería recién en noviembre, cuando se confía en que la economía habrá vuelto a la normalidad.

En la AFIP estimaron que en la próxima moratoria podrían entrar deudas por hasta $300.000 millones, a lo que habría que sumarle la morosidad impositiva de las grandes empresas o contribuyentes que no califican como Pymes.