(Por Leonardo Castillo para Agencia Télam) La periodista y escritora Adriana Meyer afirmó que, a casi cuatro décadas de la restauración de la democracia en la Argentina, la desaparición forzada de personas sigue siendo una práctica vigente y consideró que ese "resabio de la dictadura" todavía está presente porque los integrantes de las fuerzas de seguridad "pagan muy pocos costos" cuando incurren en ese tipo de delitos. Durante años, Meyer cubrió temas de violencia institucional para el diario Página/12 y desde esa experiencia escribió el libro "Desaparecer en Democracia", un trabajo en el que analiza por qué esta metodología de ilegalidad y complicidad estatal aún persiste, incluso en un país que supo juzgar a los responsables de un genocidio planificado.

"Empecé a pensar la idea de este libro cuando cubría el caso de la desaparición de Jorge Julio López, pero en ese momento no se dio. También seguí de cerca la desaparición de Santiago Maldonado. Estuve en el sur, en la Pu Lof de Cushamen y recorrí los lugares donde estuvo en El Bolsón. Viajé a 25 de Mayo (provincia de Buenos Aires) y estuve con su familia", señaló Meyer en diálogo con Télam.

Y en ese sentido, agregó: "El año pasado, a partir de la pandemia de coronavirus se producen dos desaparecidos (Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro) y eso me motivó a escribir un libro sobre los casos que se produjeron en democracia".

En el libro se da cuenta de los 218 casos de desaparición forzada que se dieron en democracia a manos de las fuerzas estatales, en base a un registro confeccionado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), al cual se le agregó uno más: Lautaro Rosé.

Se trata de un joven correntino que desapareció a principios de este mes cuando se arrojó al río Paraná mientras era perseguido por policías y cuyo cuerpo fue encontrado días después en cercanías de un astillero, un hecho que Meyer también cubrió para Página/12.

"A lo largo de estos 40 años, lo que se verifica es que hay una práctica objetiva que va más allá de lo ideológico y se termina aplicando esa máxima que elaboró Rodolfo Walsh: 'La secta del gatillo fácil es también la logia de los dedos de lata'. Muchas veces hay un móvil económico. La policía no se prefigura hacer desaparecer una persona como se hacía en la dictadura, cuando hubo un plan sistemático. Pero se les va la mano y para encubrir el hecho los desaparecen. Muchas veces sucede eso", indicó la autora.

En ese sentido, Meyer cuestiona como una deficiencia de la democracia que no haya condenas ejemplares contra los policías que terminan involucrados en estos hechos y cita al respecto el caso de Daniel Solano, desaparecido en 2011 en Río Negro, en un caso en el que los efectivos implicados siguen en libertad a la espera de que haya una condena por parte de la Corte Suprema.

"Lamentablemente, se pagan muy pocos costos. Las fuerzas no exoneran, encubren. Y en muchos casos, los efectivos siguen cobrando los sueldos. Hay muy pocas condenas por estos delitos. Las fuerzas se blindan porque hay siempre un juez o un fiscal amigo que las apañan", remarcó la periodista.

Meyer cita el caso de Luis Espinoza, un joven tucumano desaparecido en la localidad de Simoca el 15 de mayo de 2020, en los primeros meses de la pandemia, cuando las policías estaban abocadas al cumplimiento del aislamiento social.

"La policía interviene para detener una carrera de cuadreras, cerca estaban Luis y su hermano. Son detenidos y los encuentran con dinero, porque había cobrado un trabajo. Los policías quieren quitarle la plata, se produce un forcejeo, Luis sale corriendo; los efectivos disparan, lo matan y luego lo desaparecen para encubrir el hecho", reseñó.

El cuerpo de Espinoza apareció y en la actualidad hay seis policías con prisión preventiva, en un caso en el cual "hubo una buena actuación del Ministerio de Seguridad, lo que muestra que si hay voluntad política, se puede sancionar y actuar contra la violencia institucional".

En la obra se enumeran los casos que se sucedieron en todos los gobiernos desde 1983 hasta la fecha, y consideró que las desapariciones forzadas "son parte de una matriz de violencia institucional" que atraviesa todos las administraciones de la democracia y es la misma que "se cobró la vida" del Lucas González, el joven recientemente asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Barracas

La autora considera además que el Estado argentino "está en deuda en relación a la elaboración de un protocolo que aborde la temática de la desaparición forzada", sobre todo después de la condena que recibió en 2011 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte-IDH por caso del joven Iván Torres, ocurrido ocho años en Comodoro Rivadavia, Chubut.

"Hay una deuda en ese sentido. No se entiende que Argentina, que pudo juzgar un genocidio y un plan sistemático no pueda establecer un protocolo para abordar los casos de desaparición forzada. Existen protocolos por cuestiones de género y no sobre este tema", se lamentó.

Abogados, funcionarios, antropólogos y forenses brindan en este libro sus testimonios sobre la desaparición forzada, e incluso se aportan una serie de recomendaciones sobre cómo actuar en el caso de una desaparición forzada.

"Las fuerzas de seguridad no tienen tampoco en claro cuándo se debe actuar ante una desaparición. Algunos dicen que hay que esperar 24 horas o 48 y eso no es así. Cuando una persona hace una denuncia por desaparición, aunque hayan pasado unas horas, se debe tomar la denuncia y el Estado tiene la obligación de investigar. Si el cuerpo aparece, y los funcionarios le mintieron a los familiares de las víctimas, el delito se agrava y hay un caso de desaparición forzada", definió Meyer.

La escritora consideró además que "el costado luminoso" del libro es la lucha de los familiares de las víctimas en pos de justicia y para que nunca más una persona padezca lo que sufrió un ser querido.

"Los familiares son resilientes, porque desde su dolor se proponen cambiar la realidad. Hay casos como el de los parientes de víctimas que forman asociaciones o entidades que tienen fines solidarios como hicieron los parientes de víctimas como Miguel Bru o Sebastián Bordón", subrayó.

Al respecto, Mayer evocó un diálogo que mantuvo con Miriam Bordón, la madre de Sebastián, el joven desaparecido y asesinado por la Policía de Mendoza, en 1997, en el cual le confió que ante un hecho de violencia institucional, "un familiar puede hacerse religioso, místico, alcohólico o elegir luchar para que nunca más una persona, sea mujer, hombre, trans o joven tenga que desaparecer a manos de las fuerzas de seguridad".