Sumario Noticias, Anisacate. Un confuso episodio se vivió en la tarde de ayer en la zona de Villa Río, Anisacate. El grupo de vecinos autoconvocados de Villa Río, denunció que durante la tarde del pasado viernes 5, efectivos policiales acompañados por el representante legal de la empresa IMPRETA S.A., “en forma violenta, injustificada, y sin orden se llevaron a dos vecinos poseedores del barrio de Villa Río”.

“Ayer a la tarde había dos vecinos que son legítimos poseedores de terrenos. Ellos han limpiado y alambrado el lote y están construyendo sus casas. En el lugar se presentó un abogado,  Nicolás Saiej, represando a la empresa IMPETRA, a cuestionarles el porqué de su presencia en el lugar. Ellos le explicaron que estaban haciendo una posesión legítima y pacifica sobre terrenos que estaban abandonados. Hubo una discusión y el abogado se fue”, explicó un vecino del sector. “Al rato cayó con la policía. Le dijeron que los iban a detener por usurpación. Los vecinos se negaron a subir al móvil y comenzó un forcejeo donde uno de los policías le pegó una patada a uno, lo tira al piso, le dobló el brazo y le puso la rodilla sobre la espalda. El otro vecino estaba con el hijo, que tiene cinco años, y se lo querían llevar con él”, agregó el hombre. “La situación fue muy violenta e innecesaria y hoy la policía lo caratulo como violación a la cuarentena y resistencia a la autoridad”.

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Por la tarde noche de ese mismo día, los vecinos se presentaron en la comisaría para exigir “la liberación, la explicación, y las disculpas correspondientes sobre este atropello hacia la libertad de les ciudadanes”. Al mismo tiempo, hoy a las 16, el grupo convoca a los vecinos a realizar una concentración frente a la subcomisaría de Anisacate para exigir la liberación de las dos personas detenidas.

Hasta el momento, la policía departamental Santa María no brindó información sobre el hecho.

El conflicto por la posesión de estos lotes se remonta a 2015, cuando tuvo lugar uno de los primeros intentos de la empresa Impetra de tomar el control de las tierras en posesión de los vecinos. Las familias sostienen que las tierras son terrenos fiscales que fueron comprados de manera fraudulenta por la firma IMPETRA S.A.