Este martes, la diputada nacional de la Unión Cívica Radical Soledad Carrizo presentó un proyecto en el que manifiesta la preocupación por el tratamiento de la protesta social como criminalización en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. “Con mucha preocupación hemos visto en los últimos días que escudados bajo un cumplimiento estricto y formal del decreto 297/20 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, criminalizan y restringen el derecho constitucional a la protesta pacífica, a través de las detenciones e imputaciones producidas en la ciudad de Córdoba a participantes de la manifestaciones públicas realizadas por abogados del Colegio de Abogados de la Provincia,  la Red de Comerciantes Unidos de Córdoba, la Unión Tranviarios Automotor de Córdoba (UTA), y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM)” señaló.

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“Es por esta razón que presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación en la que expresamos nuestra preocupación por esta situación,” expresó la diputada nacional, quién agregó, “el decreto que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha permitido una retracción de su impacto y una disminución de la propagación comunitaria del Covid 19. Sin embargo, no debe transformarse en una herramienta y un justificativo desde el cual las autoridades públicas condicionen, restrinjan y mucho menos criminalicen otros derechos constitucionales”.

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Para la diputada, en todas estas situaciones resulta claro que dos extremos constitucionales entran en tensión: el derecho fundamental a protestar frente al derecho a la salud (traducida en el poder de policía reglamentario en materia sanitaria que prohíbe la circulación). Esto parece mostrar un escenario de colisión y contradicción irreconciliable, donde uno de ellos debe ceder de forma absoluta frente al otro.  Desde este paradigma de concesión de uno frente al otro por el cual se sanciona al ciudadano que protesta, se produce en realidad el vaciamiento total del contenido del derecho de libertad de expresión.

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“Ello, no ocurriría si se adoptara una interpretación más elástica o flexible, en donde el derecho a la salud sufriría una disminución, pero que podría ser igualmente protegido a través de la aplicación de medidas de prevención correctas que impidan la propagación del virus como el distanciamiento o el uso de barbijos” aclaró Carrizo.

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“Conscientes de que ningún derecho es absoluto, y por el contrario, deben ejercerse en conformidad a las leyes que reglamentan su servicio y con una visión integral y social consideramos que limitar y restringir el derecho de protesta a través de una aplicación rigurosa del aislamiento social, no sólo termina viciando el verdadero espíritu de esta medida preventiva sino que nos aleja de una convivencia democrática”, finalizó la diputada.