El sistema de salud de Santiago del Estero obstaculizó la Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 12 años producto de una violación.

El hecho ocurrió a principios de abril en la localidad santiagueña de La Banda. Según recabó la periodista de Página 12 Mariana Carbajal, la niña fue con su madre el 2 de abril a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3 por problemas abdominales.

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Por falta de ecógrafos, fue derivado a otra UPA donde se determinó el 6 de abril que estaba atravesando una gestación de 20 semanas. Tras el diagnóstico, la niña no obtuvo información completa, adecuada y conforme a su autonomía progresiva contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26).

Por otro lado, la médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA Nº 3, demoró 18 días en informar el caso a las autoridades provinciales. Además, en el documento presentado, la gestación informada es de 26 semanas cuando debía ser de 20 a principios de mes.

El área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia tomó cartas en el asunto al recibir el informe y derivaron a la niña al Centro Integral de La Banda.

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Para el 7 de mayo, la niña es internada para realizarse estudios y se verifica que estaba en la semana 24 de gestación, es decir, el informe médico de Pereyra tenía los números abultados para desalentar la ILE. Había posibilidad para la intervención, no obstante desde Maternidad e Infancia desalentaron la medida alegando que el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva no lo recomendaba.

No obstante, el Programa dijo lo contrario. El 14 de mayo, según pudo saber Página 12, una abogada y una médica del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva elevaron a su titular, Valeria Isla, un reporte con todas las irregularidades que se habrían cometido.

La niña retornó a su hogar con su madre.