La ley de emergencia económica contempla en su artículo 58 la posibilidad de facultar al ejecutivo para imponer al sector privado el otorgamiento de aumentos a los asalariados que más detrás hubieran quedado en sus paritarias con relación a la inflación acumulada en los últimos años.

El mismo artículo permite otorgar exenciones para el pago de las contribuciones y aportes a las patronales que se vieran obligadas a cumplir con ese pago aunque la intención es que, en este caso, el pago tenga un carácter remunerativo.

Según trascendió, el decreto podría conocerse esta semana luego de una ronda de negociaciones con las diversas cámaras empresarias. Con todo ya estaría definido que el monto sea de entre $6 mil y $9 mil a pagarse en tres cuotas idénticas con los salarios de enero, febrero y marzo que, por lo tanto, rondarían entre los $2 mil y $3 mil.

Para la mediana del salario de los trabajadores privados, situado en septiembre según cifras oficiales en $37.486, se trata de una suba de entre el 5% y el 8%. La intención es que el incremento sea fijo y por lo tanto impacte de manera más sensible entre los asalariados de más bajos ingresos.

Además, el incremento será a cuenta de las futuras paritarias. Desde el gobierno negaron que el mecanismo oficiara de antecedente para que sea el ejecutivo el que establezca los aumentos salariales en forma unilateral cancelando el proceso de acuerdos paritarios.

Así lo aseguraron Claudio Moroni, ministro de Trabajo y Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete, en una reunión con los dirigentes de las tres centrales sindicales. Si bien aún no está confirmado, la fecha elegida por el gobierno para anunciar la decisión sería durante el mensaje de Navidad que prepara Alberto Fernández.

Fuente:Tiempo ar