(Sumario Noticias) Al defender el proyecto de legalización del aborto en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, la diputada nacional Brenda Austin (UCR Córdoba) advirtió que desde el que Senado rechazó la propuesta en 2018 “no se salvó ninguna vida” e insistió en que “la evidencia científica disponible le permite a nuestro país sancionar una legislación que sea compatible con el derecho internacional de derechos humanos”.

La legisladora cordobesa sostuvo, además, que  “los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, están protegidos por nuestra Constitución y merecen que el congreso legisle en consecuencia. Ya tenemos una legislación que está pronta a cumplir cien años, que fue interpretada con mucha claridad por el fallo FAL que permitió avanzar en el dictado de protocolos, aunque en muchas provincias costo muchísimo y todavía hay cinco que no han avanzado”.

Austin se preguntó además “¿qué paso desde que el Senado rechazo hace dos años el avance de la ley?” y subrayó: “No se salvó ninguna vida. Se siguieron practicando los abortos clandestinos y ocurrieron las mismas cosas que pasaron en la Argentina en los últimos cien años”.

Al respecto, la referente de la UCR insistió en que en la Argentina “tenemos un problema enorme que afecta a las mujeres, pero también a adolescentes y niñas de una manera profundamente dolorosa” y marcó la importancia de avanzar “no sólo hacia la despenalización sino en la legalización”, porque si únicamente se quita la amenaza de la cárcel “seguiría todavía presente la misma inequidad en el acceso a las mujeres a un tratamiento igualitario en todo el país y, a la vez, le haríamos el caldo gordo a los que hacen negocios con la clandestinidad”.

Por otra parte, Austin manifestó su “profundo respeto por aquellos que tienen una visión absolutamente religiosa”, pero pidió “separar eso cuando se tiene que trasladar al diseño de políticas públicas”. Hizo entonces un repaso de la postura contraria que adoptó la Iglesia en materia de diversos avances en derechos sociales en los últimos dos siglos, que permitieron que el Estado recuperara “el dominio de aquellos aspectos que tenían que ver con la vida civil y no con la vida religiosa”. Mencionó, por ejemplo, la secularización de los cementerios, el matrimonio civil, el voto femenino, la patria potestad, el divorcio, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de educación sexual integral, el matrimonio igualitario o la ley identidad de género, entre otros.

Expresó que si los legisladores hubieran votado conforme a las convicciones religiosas de un sector de la población y no conforme a la lógica de avance de derechos “los no bautizados no tendríamos derecho a ser enterrados en los cementerios; las mujeres no tendríamos derecho al voto ni a ejercer el derecho a la patria potestad; los hijos fuera del matrimonio serian ilegítimos; no podríamos divorciarnos; no podríamos casarnos con alguien del mismo sexo; no podríamos acceder a métodos anticonceptivos ni a una educación sexual integral ni a que se le reconozca la identidad de género autopercibida a una persona”.

Austin advirtió que “el Congreso es el lugar donde se sancionan las leyes para toda la ciudadanía, que tiene distintas religiones y donde también conviven los ateos, las ateas y quienes no tienen ninguna convicción religiosa”, por lo que “tiene que contemplar todas esas visiones”.

Por otra parte, la diputada indicó que quienes se oponen a la IVE “han pretendido poner un obstáculo insalvable en materia constitucional haciéndole decir a nuestro ordenamiento cosas que no dice”, como que “la Constitución protege la vida desde la concepción”. En este sentido remarcó que la voluntad de la Convención Constituyente de 1994 fue la de no sentar posición respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y de dejar librado al Congreso el debate sobre este punto.

Finalmente destacó la importancia de la jerarquía constitucional con la que cuentan determinados tratados internacionales de derechos humanos, resaltando que “todos los órganos de monitoreo de estos tratados le han venido a pedir a nuestro país que dé un paso adelante y avance hacia la regulación de una legislación más clara vinculada a la interrupción del embarazo”.