(Télam, Córdoba) El abril de 2021 el entonces legislador provincial Aurelio García Elorrio y actual presidente de la ONG Portal de Belén había promovido la acción de amparo para que se “suspenda de inmediato” y se declare “inconstitucional” la aplicación de la IVE en Córdoba.

Entre los fundamentos sostuvo la obligación de la provincia en la “protección del niño por nacer” y exigió a las autoridades locales no permitir la intromisión de las leyes del Gobierno nacional en los actos médicos y del sistema de Salud de Córdoba, y que se “respete la objeción de conciencia” de los profesionales y las instituciones sanitarias.

También planteó la “inconstitucionalidad” del suministro de ‘misoprostol’ a menores de 18 años, al sostener que es de uso exclusivo para adultos y que además “ocasiona daños en las mujeres y que el efecto es más graves en niñas”.

En tanto, desde la organización Católicas por el Derecho a Decidir y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), entre otros sectores sociales, convocaron para mañana al mediodía a realizar un “pañuelazo” frente a Tribunales de la ciudad de Córdoba para esperar la sentencia y manifestar el “rechazo a los sectores antiderechos que pretenden obstaculizar la aplicación de la Ley 27.610 en la provincia”.

Desde esas organizaciones se manifestaron “comprometidas con los derechos humanos y el acceso pleno a los derechos sexuales y (no) reproductivos”, según la convocatoria.

En ese sentido resaltaron que intervinieron en esta causa como terceras interesadas “aportando argumentos que ayuden a despejar confusiones y en defensa de una norma clave que representa un avance innegable en la garantía del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la salud, autonomía, libertad e igualdad de miles de mujeres y personas con capacidad de gestar en nuestra provincia”.

Agregaron que desde la sanción de la Ley 27.610 en 2020, múltiples organizaciones antiderechos “han buscado obstaculizar su plena implementación”, llevando adelante estrategias judiciales que, sin fundamento y mediante judicializaciones abusivas, operan para impedir el pleno acceso de las personas gestantes a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

Este tipo de presentaciones se ocurrieron a lo largo de todo el país y en su mayoría fueron rechazadas en virtud de su improcedencia.

“Confiamos que el Poder Judicial de Córdoba estará a la altura de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, y rechazará también esta acción judicial que antagoniza con una norma lograda con amplio consenso social gracias a la lucha colectiva”, resaltó el comunicado.