(Sumario Noticias, Anisacate) Un hecho repudiable tuvo lugar el pasado domingo 11 de abril por la mañana en la localidad de Anisacate, cuando un miembro de la Guardia Urbana fue amenazado e increpado por un comerciante.

El episodio tuvo lugar durante un recorrido de Defensa Civil por los comercios de la localidad, recordando y controlando el correcto cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia.

“Cuando las chicas de Defensa Civil le recordaron las medidas, el dueño del lubricentro se alteró mucho y comenzó a insultarlas. Nos dieron aviso para intervenir, y cuando llegué al lugar para ver de qué se trataba la situación vi al hombre muy alterado. Le pedí que se calme, le expliqué bien cuál eran las medidas y que tenía que cumplirlas, pero él seguía muy nervioso”, explicó José, efectivo de la Guardia Urbana de Anisacate.

“En determinado momento, cuando vi que las cosas no se calmaban, salí hasta el auto para buscar la libreta y labrar el acta, a lo que el hombre reaccionó aún peor. Salió a buscarme, me persiguió por la calle y me empujó. Después me dijo ‘que me iba a buscar y me iba a matar como lo había hecho en la dictadura”, dijo el efectivo amenazado.

Luego, las amenazas continuaron por parte de la esposa del comerciante, que argumentó que al ser jubilada de Tribunales, los fueros la amparaban, que eran “intocables” y que lo que estaba haciendo el efectivo era “abuso de autoridad”.

José explicó que ya asentó la denuncia correspondiente antes la justicia y que la misma ya fue elevada a Fiscalía.

Reacciones y repudios

Al conocer la situación, el Partido Solidario de Alta Gracia, emitió un comunicado repudiando el hecho. “La situación sufrida por el vecino de Anisacate nos agrede como sociedad democrática, toda vez que reivindica el accionar genocida llevado adelante por el terrorismo de Estado en nuestro país y desnuda también todo lo que nos falta en materia de Justicia si una persona puede gritar a los cuatro vientos su rol en la comisión de delitos de lesa humanidad, sin temor a represalias legales”, manifestaron los miembros de la organización.

Al mismo tiempo instaron a “la intervención de la Justicia, para investigar el rol de este comerciante en los crímenes cometidos por la última dictadura militar, y a todos los organismos del Estado para profundizar las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, imprescindibles para consolidar el espíritu democrático de nuestras comunidades”.