Por Stefanía Tomalino

De nuestra redacción

La probable sanción de una nueva ley de alquileres –que el gobierno nacional espera sea sancionada antes de fin de año- viene recogiendo el rechazo de los corredores inmobiliarios de la provincia. En Alta Gracia, los consultados por este medio se expresaron en igual sentido. Como contrapartida, hay un moderado optimismo en una asociación de inquilinos, a pesar que si bien la norma propuesta inclina un poco la balanza en favor de los inquilinos, no establece medidas de control que pongan freno a los abusos propios de posición dominante en el mercado.

Entre los cambios más significativos, el proyecto de ley propone:

• El valor del alquiler se podrá actualizar cada seis meses basándose en un índice combinado entre la inflación y la evolución de los salarios.
• Sólo el propietario pagará comisión inmobiliaria (como ya sucede en la Ciudad de Buenos Aires)
• Cambia el plazo mínimo de contrato de 2 a 3 años.
• En caso de que no haya acuerdo entre las partes para la renovación del alquiler, el inquilino podrá dejar el inmueble dos meses antes de que termine el contrato sin pagar multa

Con estas medidas, el Gobierno pretende que se formalicen los contratos, y que se "blanqueen" los alquileres, ya que en su mayoría, en los hechos se trata de contratos “en negro”.

“Venimos trabajando con un impulso bastante grande en esta Ley de Alquileres. La media sanción en Senadores permitió cristalizar que el problema perjudica a toda la sociedad”, manifestó a Sumario, el diario de los viernes, Maximiliano Vittar, titular de Inquilinos Córdoba.

Las modificaciones propuestas a la ley actual, buscan beneficiar a los inquilinos, pero según Miriam Pagani, vicepresidenta segunda del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, algunos cambios perjudicarán a locadores y al sector, haciendo que “deje de ser rentable” que el propietario alquile sus inmuebles.

En este sentido Hernán Cortez, propietario de una inmobiliaria ubicada en el centro de la ciudad, manifestó que “es posible que muchos dueños saquen los inmuebles del mercado. Este tipo de cambios, sobre todo en la cuestión inmobiliaria, hace que la gente empiece a retrotraerse, a no querer exponer sus inmuebles o su dinero. Lo que puede ocurrir después, cuando salgan a la cancha nuevamente, es que los precios sean mucho más elevados de lo que solían ser”. Sin embargo, el profesional agregó “debe haber una ley que regule los alquileres, pero hay algunos puntos que deberían reverse, como el tema del pago de los honorarios. Según la nueva ley, estarían a cargo del propietario en su totalidad y no me parece que sea justo, ya que debería ser repartido”.

Siguiendo la misma línea Pablo Eberle, de Invertir Bienes Raíces sostuvo que “provocará una retracción por parte de los propietarios. La nueva ley no beneficia al rubro inmobiliario, porque la retracción va a llevar a un aumento en los alquileres, ya que no le da la posibilidad al propietario de poner sus propias pautas y garantías”. 

Sin embargo, ante un mercado con mayor demanda que oferta –como el de Alta Gracia- la falta de controles concretos deja al inquilino en una situación de indefensión ante el propietario.