(SN; con información de Página12) Francisco Jorge Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, sigue sumando cargos públicos de la mano del ministro de Defensa, Luis Petri. El hermano del portavoz fue elegido por Petri para presidir el directorio del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), organismo encargado del pago de pensiones y retiros al personal militar. Motosierra en mano, Adorni podría ser el responsable de cerrar el ente de Construcción de Vivienda para la Armada, que está bajo la órbita del IAF.
Adorni arribó a la función pública desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, cuando fue nombrado como asesor del Ministro de Defensa. Contador público y empleado estatal desde hace más de veinte años, el hermano del vocero presentó un pedido de licencia en el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, donde trabajaba desde 2003, y pegó el salto a la administración oficial.
Petri lo puso bajo su ala rápidamente y, en menos de un mes, lo ascendió y le duplicó el salario. En medio del ajuste fiscal y los miles de despidos de empleados estatales, Petri le dio un ascenso de asesor a titular de la Unidad de Auditoría Interna del ministerio, lo que incrementó su salario de los 2,6 millones de pesos a los 4 millones.
El IAF gestiona el pago de 300 mil retiros y pensiones del personal de las Fuerzas Armadas y maneja una cartera de inversiones financieras para otorgar préstamos entre los integrantes de la fuerza u organismos militares.
El directorio del IAF está presidido por un representante del Ministerio de Defensa, por lo que la designación de Adorni emana directamente de Petri, y lo acompañan representantes de las tres fuerzas, otro por el Ministerio de Economía y otro por la Secretaría de Trabajo.
El hermano del vocero presidencial ocupará la silla de Bettina Surballe, a quien el ministro de Defensa envió a Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), tras la renuncia de Roberto Fiochi, criticado por una gestión marcada por el recorte de prestaciones --una norma en las obras sociales estatales en tiempos de ajuste libertario-- y una deuda de hasta 160.000 millones.
