Coimas en ANDIS: el colectivo de discapacidad y un amplio repudio al Gobierno de Milei

(SN; con información de La Nueva Mañana) Este lunes y luego del estallido por el escándalo que vincula a diferentes funcionarios del Gobierno en la causa de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el colectivo que nuclea a pacientes, familiares y profesionales emitió un comunicado que se replicó en diferentes puntos del país en repudio a este caso de corrupción en el que estarían implicados desde el presidente Javier Milei, su secretaria Karina Milei, Lule Menem y ahora también la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"Es inadmisible que un organismo creado para garantizar derechos de las personas con discapacidad se haya transformado en un posible escenario de corrupción y enriquecimiento personal", comienza el documento que difundió el sector de la discapacidad.

Este lunes, el colectivo de discapacidad, conformado por familiares, pacientes y trabajadores realizó una conferencia de prensa en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, donde repudiaron al Gobierno Nacional ante las presuntas coimas. Allí el reclamo estuvo centrado en el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Dsicapacidad, informó LNM.

Desde el sector denunciaron que el escándalo se suma a un contexto de "recortes brutales" que vulneran derechos básicos, como la suspensión de prestaciones, el freno en las pensiones, las trabas en el otorgamiento del CUD y demoras en los pagos a prestadores.

"Mientras se ventilan tramas de coimas millonarias, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad con el pretexto de la 'austeridad. Esta contradicción desnuda la verdadera lógica de un modelo político que ajusta a quienes más necesitan apoyo, al mismo tiempo que habilita negocios espurios con fondos públicos", reza el comunicado, con el que además alertaron por los discursos de odio que "elevan la vara de tolerancia al ajuste desmedido que se traduce en un genocidio por goteo". 

Al mismo tiempo exigieron "una investigación pública que garantice sanciones a todos los responsables políticos y administrativos" y la conformación de una comisión investigadora en el Congreso. En este marco solicitaron la suspensión de las auditorías en curso, hasta tanto se aseguren mecanismos "transparentes"  y que "ninguna medida afecte a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores" ni al acceso a las "pensiones, prestaciones y derechos esenciales".