El funcionario había llegado con el respaldo de su amigo y ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Semanas atrás, el ahora ex funcionario tuvo comentarios negacionistas sobre la última Dictadura Cívico Militar en el país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Política04 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de Página/12) Este jueves, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, presentó la renuncia a su cargo luego de casi dos años de gestión.
Ex juez del fuero penal, Baños había asumido la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) desde el inicio del gobierno de Javier Milei de la mano de su amigo Mariano Cúneo Libarona. En su cargo dentro de la justicia no investigó la desaparición del policía Arshak Karhanyan y firmó un fallo para que José Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, saliera de la cárcel.
Su gestión estuvo marcada por los despidos y la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) controlando los ingresos a la sede de la SDH en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Baños no logró siquiera designar funcionarios clave en la SDH.
A comienzo de año, su secretaria avisó por WhatsApp el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, con el cual se licenció a todo el personal. Pese a las promesas que Baños hizo en distintos medios de comunicación, el Conti no volvió a abrirse. En ese lugar, Baños también censuró jornadas sobre políticas de la memoria que estaban en marcha.
En febrero de este año, impidió el recital de Milo J que habían organizado los organismos de derechos humanos en la exESMA y fue a la justicia para prohibir actividades en El Faro, el sitio de memoria que funciona en Mar del Plata. Estos hechos fueron parte de una política de ir reduciendo la actividad en los espacios de memoria al tiempo que despedía a sus trabajadores.
Baños también promovió la firma de una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para decir que las acciones de los grupos guerrilleros fueron delitos de lesa humanidad. En el ámbito internacional, también se preocupó por avalar los reclamos de los jueces trasladados por Mauricio Macri a la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, para quedarse en sus cargos.
En mayo pasado aceptó la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría. En ese mismo momento, también desjerarquizó el Museo Sitio ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que pasaron a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Además, Baños permitió las campañas que Luis Petri y Patricia Bullrich hicieron contra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), a la que calificaron como un organismo “militante”.
El mes pasado, Baños se presentó ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas para responder a los cuestionamientos que se le hacían al Estado. Baños aprovechó su presencia como plataforma para repetir los latiguillos negacionistas que dicen que el número de 30.000 desaparecidos fue construido en la búsqueda de un rédito económico. Tras esos dichos, desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. pidieron su renuncia.
Por último, desde Página/12 revelaron que Baños tenía línea directa con el abogado Ricardo Saint Jean, uno de los más activos integrantes de la asociación Justicia y Concordia. Según comentaron fuentes de la SDH, el letrado le iba comunicando su estrategia para forzar la domiciliaria de los pocos represores que aún siguen presos.
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