Dos damnificadas solicitaron intervenir formalmente en la investigación que lleva la Fiscalía de Alta Gracia. La denuncia apunta a maniobras basadas en vínculos de confianza dentro de la comunidad.
Policiales03 de febrero de 2026
SN
(Alta Gracia; SN) La causa judicial por presuntas estafas que investiga la Fiscalía de Alta Gracia sumó un nuevo capítulo con el pedido formal de víctimas para ser admitidas como querellantes particulares. La presentación fue confirmada por el abogado penalista Carlos Nayi, quien representa a dos damnificadas en el expediente.
Según informó el letrado, la solicitud busca que las víctimas tengan participación activa en el proceso penal que analiza la operatoria atribuida a una mujer identificada como Karina Acevedo, señalada como la principal apuntada por los denunciantes. Hasta el momento, se registraron al menos ocho denuncias en sede judicial y aún no se dispusieron imputaciones formales.
Entre las personas representadas por Nayi se encuentra Cintia Navarro, madre de Ignacio “Nacho” Pereyra, un joven de Alta Gracia que necesita una intervención quirúrgica tras un siniestro vial ocurrido en 2022, y la ciclista de Anisacate Ludmila Corroux. De acuerdo a la denuncia, ambas habrían entregado dinero bajo promesas de inversión que no fueron cumplidas.
Nayi calificó los hechos como un “atentado a la confianza pública” y sostuvo que se produjo una afectación directa al tejido social de la ciudad. En ese sentido, afirmó que la acusada habría aprovechado relaciones de cercanía en una comunidad pequeña para captar fondos, asegurando vínculos con una financiera legal y con entidades bancarias.
En el caso de la familia Pereyra, la denuncia indica una pérdida aproximada de 4.600 dólares, dinero que estaba destinado a la compra de una prótesis craneal necesaria para la rehabilitación del joven. Según se consignó en la presentación, la cobertura médica había sido rechazada por otros organismos, lo que incrementó la urgencia de la situación.
Desde la defensa de Acevedo, el abogado Hugo Clavero sostuvo que no existen fondos para devolver a las víctimas y relativizó las cifras que circularon en redes sociales. En declaraciones radiales, indicó que su defendida no fue imputada formalmente y que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico. También aseguró que recibió amenazas, motivo por el cual permanece resguardada en una vivienda de Alta Gracia.
En paralelo, el abogado Diego Agüero, representante de la expareja de Acevedo y de otros damnificados, planteó la hipótesis de una operatoria de tipo piramidal, en la que se habrían utilizado aportes de nuevos inversores para cumplir compromisos previos, hasta que el esquema colapsó. Según indicó, su cliente también se considera víctima del engaño.
Mientras la Fiscalía avanza con el análisis de la documentación y los movimientos financieros para determinar el alcance del daño, en la comunidad de Alta Gracia se reactivaron campañas solidarias para asistir a Ignacio Pereyra. La familia difundió una cuenta bancaria para recibir donaciones destinadas a cubrir los gastos médicos pendientes.
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La investigación está a cargo de la Fiscalía que conduce Diego Fernández.
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