(SN; Buenos Aires). El Senado sesiona este jueves desde las 11 con un temario central para el Gobierno nacional: la reforma a la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). El oficialismo asegura contar con los votos necesarios para avanzar con ambas iniciativas.
En la misma jornada está previsto el tratamiento del pliego del exdiputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.
Para el viernes, a la misma hora, fue convocada una nueva sesión en la Cámara alta para debatir los proyectos de reforma laboral y de régimen penal juvenil, ambos con media sanción de Diputados.
El acuerdo birregional entre el Mercosur y la UE fue adelantado en el temario por decisión del Ejecutivo. La Casa Rosada busca acelerar la ratificación ante el avance del Parlamento uruguayo en el mismo sentido.
El tratado fue firmado el 17 de enero en Asunción, con la participación del presidente Javier Milei y sus pares Santiago Peña y Yamandú Orsi. No asistió el mandatario brasileño Lula Da Silva.
El Gobierno nacional aspira a convertirse en el primer socio en ratificar el convenio, con la expectativa de obtener ventajas comerciales diferenciales frente a otros países de la región.
Según sus impulsores, el acuerdo permitiría reducir aranceles a más del 90 por ciento de las exportaciones argentinas y disminuir barreras para bienes industriales europeos. Se suprimirían tributos para productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, indumentaria y bebidas, entre otros rubros.
El entendimiento prevé la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 700 millones de consumidores, que representa alrededor del 20 por ciento del Producto Bruto Interno mundial. No obstante, su implementación definitiva aún depende de instancias institucionales en Europa, donde se dispuso la revisión del tratado antes de su entrada en vigencia.
En el Senado, el oficialismo estima que el interbloque peronista podría votar dividido, como ocurrió en Diputados.
En paralelo, el Senado debatirá la modificación de la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa del Poder Ejecutivo redefine el alcance de las zonas protegidas y abre la posibilidad de habilitar actividades económicas en determinadas áreas periglaciares que no cumplan una función hídrica comprobable.
La normativa vigente, sancionada en 2010, protege tanto los glaciares como las formaciones periglaciares, consideradas reservorios estratégicos de agua dulce en zonas de alta montaña.
El proyecto oficial mantiene la prohibición de actividades extractivas en glaciares, pero propone distinguir entre formaciones periglaciares con función de reserva hídrica y aquellas que no la tengan. En estos últimos casos, podrían autorizarse proyectos productivos.
La iniciativa crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización quedaría a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, con coordinación de la Secretaría de Energía.
Uno de los puntos de mayor controversia es la distribución de competencias. El texto del Ejecutivo otorga a las provincias la facultad de determinar qué áreas deben protegerse y cuáles podrían destinarse a explotación económica, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones provinciales.
En cambio, un proyecto alternativo presentado por senadores de la UCR propone concentrar esa atribución en el organismo técnico nacional, sin delegación a las provincias.
La reforma cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias cordilleranas interesadas en dinamizar inversiones mineras e hidrocarburíferas. En oposición, asambleas ambientalistas y sectores de la Iglesia manifestaron su rechazo y advirtieron sobre una posible regresión en materia de protección ambiental.
El oficialismo se muestra confiado en reunir los apoyos necesarios para aprobar al menos una de las versiones en debate y avanzar así con un paquete de reformas clave en la agenda legislativa del Gobierno.
