(Buenos Aires; SN).- A medio siglo del golpe de Estado de 1976, la sociedad argentina mantiene una condena mayoritaria al régimen militar y respalda la continuidad de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad. Así lo revela una encuesta nacional elaborada por el observatorio Pulsar.UBA y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El estudio indica que el 71% de las personas consultadas tiene una visión negativa de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983. Dentro de ese grupo, el 45% la califica como “muy mala” y el 26% como “mala”. Solo una minoría mantiene una valoración positiva o neutral del período.
La investigación también detectó un fuerte consenso en torno a la justicia: alrededor del 70% de los encuestados apoya que continúen los juicios contra los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.
El rechazo social se refleja además en la percepción sobre el origen del golpe. Un 63% de las personas sostiene que no existieron motivos que justificaran la intervención militar de 1976. En cuanto a las responsabilidades históricas, el 39% identifica directamente a la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti como principal responsable del quiebre institucional.
Cuando se consulta qué imagen surge al pensar en aquellos años, predominan conceptos asociados al terrorismo de Estado: desaparecidos, represión, violencia y tortura. Estos términos aparecen en el centro de la memoria social sobre la última dictadura.
La encuesta también muestra que la interpretación histórica no es completamente homogénea. Un 61% considera que el régimen implementó un plan sistemático de desaparición de personas, mientras que un 32% interpreta el período como una lucha contra el terrorismo en la que se produjeron “excesos”.
En cuanto a la transmisión de la memoria, la investigación destaca el papel de la educación. La escuela y la universidad aparecen como los principales espacios donde las nuevas generaciones conocen lo ocurrido entre 1976 y 1983, seguidas por las conversaciones familiares y los relatos culturales.
Otro dato relevante es que solo tres de cada diez encuestados dicen tener un familiar, amigo o conocido que fue víctima directa de la represión. Sin embargo, ese vínculo personal influye en la percepción del período: quienes lo tienen suelen mostrar una condena más fuerte a la dictadura y mayor reconocimiento del terrorismo de Estado.
A cincuenta años del golpe, el estudio concluye que la condena social al régimen militar y el respaldo a las políticas de memoria, verdad y justicia continúan siendo consensos mayoritarios en la Argentina, aunque persistan debates sobre la interpretación histórica de aquel período.
La encuesta también explora la percepción actual sobre las Fuerzas Armadas. Los resultados muestran una valoración diferenciada entre la institución y el rol que desempeñó durante la dictadura.
Una mayoría reconoce que las Fuerzas Armadas deben cumplir funciones en el marco democrático, aunque persiste una mirada crítica sobre su actuación histórica. En ese sentido, una parte significativa de los consultados considera que las instituciones militares todavía cargan con las consecuencias del accionar represivo del régimen que encabezaron los comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti.
El estudio también registra que el respaldo a los juicios por delitos de lesa humanidad se relaciona con esa percepción histórica. Para amplios sectores de la sociedad, los procesos judiciales constituyen una herramienta central para consolidar la democracia y delimitar el rol de las fuerzas militares dentro del sistema institucional.
