SN(Buenos Aires; SN).- El oficialismo logró reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, en una sesión que se prevé atravesada por fuertes tensiones políticas y cuestionamientos ambientales.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca modificar el régimen vigente desde 2010, que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
El nuevo texto propone reducir las áreas protegidas y habilitar actividades productivas, incluida la minería, en zonas periglaciares bajo determinados criterios.
Con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, el oficialismo estima superar el mínimo de 129 votos necesarios y alcanzar alrededor de 135 apoyos para aprobar la norma.
El impulso a la reforma también cuenta con el apoyo de gobernadores de provincias mineras, quienes sostienen que los cambios permitirán atraer inversiones y dinamizar las economías regionales.
En paralelo, la oposición presentó dictámenes de rechazo y anticipa un debate marcado por denuncias de conflictos de intereses y advertencias sobre posibles consecuencias ambientales. Legisladores cuestionan la flexibilización de controles y el avance sobre zonas actualmente protegidas.
En ese contexto, la diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, adelantó su voto en contra del proyecto y sumó críticas al rumbo ambiental del Gobierno. La legisladora expresó su “compromiso público y absoluto” de rechazar la iniciativa y sostuvo que se ubica “en las antípodas” de la gestión nacional.
Durante un encuentro de Jóvenes por el Clima Argentina realizado en San Antonio de Arredondo, De la Sota cuestionó lo que definió como una intención del oficialismo de “borrar derechos” en materia ambiental y vinculó el proyecto con el rumbo iniciado a partir de la Ley Bases.
La diputada también destacó la masiva participación ciudadana en el debate parlamentario y señaló que más de 100 mil personas se inscribieron en la audiencia pública convocada en el Congreso, lo que consideró un hecho sin precedentes y una señal del rechazo social a la reforma.
El debate en comisiones ya mostró un clima de alta confrontación, con cruces entre funcionarios del área minera y diputados opositores, en una antesala de lo que se espera para la sesión en el recinto.
La votación definirá el futuro de una ley estratégica en materia ambiental, en un escenario donde se enfrentan intereses productivos, presiones provinciales y reclamos de organizaciones ambientalistas.
