(Buenos Aires; SN).- La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo tras la detección de movimientos con criptomonedas que no habrían sido incluidos en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito avanza sobre operaciones financieras realizadas durante 2024, cuando todavía se desempeñaba como vocero presidencial.
Los datos surgieron luego de que el fiscal Gerardo Pollicita ordenara el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero del funcionario, de su pareja Bettina Angeletti y de sociedades vinculadas. A partir de esos informes, la fiscalía comenzó a recibir documentación de más de veinte plataformas de activos digitales, entre ellas Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango.
Según trascendió, los registros muestran movimientos de entrada y salida de criptoactivos como bitcoin, ether y USDT. La información no aparecería consignada en la última declaración patrimonial presentada por Adorni. La legislación argentina obliga a los funcionarios públicos a informar este tipo de activos dentro de sus bienes personales.
La causa también investiga operaciones inmobiliarias, remodelaciones pagadas en efectivo y viajes al exterior. Uno de los testimonios más comprometidos fue el del contratista Matías Tabar, quien declaró ante la Justicia que recibió unos 245 mil dólares en efectivo por trabajos realizados en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá. El testigo aseguró además que esos pagos no contaron con documentación respaldatoria.
En paralelo, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia vinculada al escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Allí sostuvo que el funcionario habría movido millones de dólares a través de billeteras virtuales. La acusación todavía se encuentra bajo análisis judicial.
Mientras el Gobierno intenta cerrar filas detrás del jefe de Gabinete, el caso se convirtió en un nuevo foco de desgaste político para la administración de Javier Milei. Distintos sectores opositores exigen explicaciones públicas sobre el origen de los fondos y las inconsistencias patrimoniales detectadas por la investigación.
Para Adorni, el desafío ya no pasa sólo por defenderse mediáticamente. La lupa judicial comenzó a seguir el rastro digital de su dinero.
