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(Buenos Aires; SN) El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves el proceso de privatización de AySA, la empresa estatal encargada del servicio de agua potable y cloacas para más de 11 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida, celebrada por el ministro de Economía Luis Caputo como una apuesta a la “eficiencia privada”, reabre uno de los capítulos más cuestionados de la historia reciente argentina: la entrega de servicios públicos esenciales al mercado.
La operación contempla la venta del 90 por ciento de las acciones estatales y una concesión de 30 años, prorrogable por otra década. El Ejecutivo busca transferir el control de la principal empresa de saneamiento del país a grupos privados nacionales y extranjeros, varios de ellos vinculados a compañías que ya participaron del modelo privatizador de los años noventa.
El argumento oficial es conocido: atraer inversiones, mejorar el servicio y aliviar las cuentas del Estado. El problema es que ese libreto ya fue aplicado. Durante la década menemista, la entonces Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez, acumuló denuncias por incumplimientos de obras, aumentos tarifarios y problemas sanitarios en distintas zonas del conurbano bonaerense.
En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner reestatizó el servicio tras acusar a la concesionaria de abandonar inversiones comprometidas y poner en riesgo la salud pública. Desde entonces, AySA amplió la cobertura de agua potable y cloacas a millones de usuarios mediante obras de infraestructura financiadas por el Estado.
Ahora, el Gobierno libertario vuelve a abrir la puerta a capitales privados sobre un recurso estratégico y un servicio esencial. El anuncio llega además en medio de la presión oficial por conseguir dólares y avanzar con el programa de privatizaciones incluido en la Ley Bases.
Entre los grupos interesados aparecen empresarios locales ligados al sector energético y compañías extranjeras vinculadas al negocio del agua. También figuran firmas relacionadas con la estructura empresarial que absorbió a la vieja Suez, símbolo de la privatización fallida de los 90.
Mientras el oficialismo habla de “modernización”, sectores políticos, sindicales y sociales advierten que la medida puede derivar en nuevos tarifazos, menor control estatal y recortes en obras que históricamente no resultaron rentables para las empresas privadas.
El agua, una vez más, quedó en la lista de activos a vender.
