Río Seco: removieron a la cúpula policial tras los abusos y el “cajoneo” de una denuncia

(Córdoba; SN) – El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, removió a la cúpula policial del departamento Río Seco en medio de la investigación por casos de grooming y abuso sexual contra niñas y adolescentes en el norte provincial.

La medida alcanza al director, al subdirector y a los responsables de las zonas 1 y 2 de la Unidad Regional Departamental. Según explicó Quinteros, el recambio responde a la “falta de credibilidad de la institución por parte de la sociedad” después de conocerse las graves irregularidades vinculadas con el caso.

La causa, dirigida por la fiscal de Instrucción de Deán Funes Analía Cepede, tiene 15 personas imputadas. Catorce se encuentran detenidas y una permanece prófuga. Entre los acusados aparecen un policía en actividad y José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor del legislador oficialista Ernesto Ramón Flores.

Hasta el momento fueron identificadas cuatro adolescentes como víctimas, aunque los investigadores no descartan que aparezcan nuevos casos.

Una denuncia que nunca llegó a la Fiscalía

La actuación policial quedó bajo sospecha después de que la fiscal encontrara una denuncia anterior contra Villarreal por presuntos hechos de abuso sexual ocurridos cuando la denunciante era menor de edad.

La presentación había sido realizada en la comisaría de Villa de María de Río Seco, pero nunca fue remitida a la Fiscalía y permaneció paralizada durante años.

Cepede confirmó que el expediente quedó “frisado” en la dependencia policial. El hallazgo abrió interrogantes sobre la responsabilidad de quienes recibieron la denuncia y debían comunicarla a la Justicia. 

Quinteros solicitó al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario que investigue por qué esa presentación no avanzó y determine si existieron incumplimientos o responsabilidades dentro de la fuerza.

El desplazamiento de la conducción departamental ocurrió también después de la detención de un agente policial en actividad, acusado en el marco de la misma investigación.

Una causa que comenzó con una adolescente desaparecida

La investigación se inició cuando una familia denunció la desaparición de una adolescente de Villa de María de Río Seco, localidad ubicada en el extremo norte de Córdoba, cerca del límite con Santiago del Estero.

La joven fue encontrada con vida y el análisis de teléfonos y comunicaciones permitió detectar contactos de distintos adultos con adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Algunos de los imputados están acusados de grooming, delito que consiste en contactar a menores mediante medios digitales con fines sexuales. Otros también enfrentan imputaciones por abuso sexual con acceso carnal.

La fiscal aclaró que, hasta ahora, no existen elementos para sostener que funcionara una organización criminal o una red de trata. La investigación apunta a contactos individuales realizados mediante redes sociales, algunos de los cuales habrían derivado en encuentros presenciales a cambio de dinero. Infobae

El vínculo con el poder político

Entre los principales acusados se encuentra Villarreal, quien se desempeñaba como asesor del legislador departamental Ernesto Ramón Flores, integrante del bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba.

Villarreal fue apartado de su cargo después de quedar detenido e imputado. Flores solicitó posteriormente una licencia de 180 días sin goce de sueldo, aprobada por la Legislatura provincial.

La causa también colocó bajo análisis el funcionamiento de las instituciones políticas, policiales y de protección que debían intervenir frente a la vulnerabilidad de las adolescentes.

Las nuevas autoridades

La conducción de la Unidad Regional Departamental Río Seco quedará integrada por el comisario inspector Pablo Sebastián Allendes como director y el comisario inspector Miguel Silva como subdirector.

El comisario Franco Javier Montoya asumirá como jefe de las zonas 1 y 2. Las nuevas autoridades serán puestas en funciones por el subjefe de la Policía de Córdoba, Iván Rey.

El cambio de nombres no cierra los interrogantes sobre lo ocurrido. La investigación deberá determinar quiénes participaron de los abusos, por qué una denuncia anterior nunca llegó a la Justicia y qué responsabilidad tuvieron las instituciones que debían proteger a las víctimas.