(Córdoba; SN).- El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear un programa destinado a familias con dificultades para afrontar sus deudas. La iniciativa propone refinanciar préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y otras obligaciones vinculadas con gastos cotidianos, con una tasa nominal anual (TNA) fija máxima del 35% y plazos de entre 24 y 48 cuotas.
El proyecto crea el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar y apunta a personas cuya capacidad de pago se haya deteriorado y necesiten refinanciar, reprogramar o reestructurar sus compromisos financieros.
La propuesta llega en un escenario marcado por las dificultades de numerosos hogares para sostener sus gastos y cumplir simultáneamente con créditos y tarjetas. El objetivo declarado por la Provincia es reducir el costo financiero de esas obligaciones y evitar que los deudores profundicen su deterioro dentro del sistema crediticio.
Uno de los principales puntos del proyecto establece condiciones para las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito que decidan adherir voluntariamente al programa.
Los bancos y tarjetas deberán instrumentar mecanismos especiales para consolidar, refinanciar o reestructurar las obligaciones alcanzadas. Esas operaciones tendrán una TNA fija que no podrá superar el 35% y deberán ofrecer plazos de entre 24 y 48 cuotas mensuales.
La diferencia respecto de las condiciones habituales del mercado será uno de los ejes del programa: la Provincia pretende ofrecer una vía para reordenar las obligaciones de quienes ya comenzaron a registrar problemas para cumplir con sus vencimientos.
El programa incluirá préstamos personales, saldos financiados de tarjetas de crédito y otras modalidades de financiamiento utilizadas para cubrir gastos ordinarios relacionados con la subsistencia y las necesidades básicas del hogar.
Los detalles sobre qué obligaciones podrán incorporarse y los mecanismos para hacerlo quedarán sujetos a la reglamentación posterior de la ley.
El proyecto establece, además, una exclusión expresa: no podrán refinanciarse deudas relacionadas directa o indirectamente con juegos de azar y apuestas, ni obligaciones contraídas para cancelar o refinanciar deudas originadas por esas actividades.
La iniciativa establece requisitos para limitar el programa a personas que ya presentan dificultades financieras.
Los solicitantes deberán acreditar al menos dos años de domicilio en la provincia de Córdoba y haber figurado, al 31 de julio de 2026, en Situación 2 o Situación 3 de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La Situación 2 identifica a quienes presentan atrasos de entre 31 y 90 días desde el vencimiento, mientras que la Situación 3 corresponde a deudores con atrasos de entre 91 y 180 días.
El alcance del programa deja afuera a los deudores más comprometidos según la clasificación del BCRA. La Situación 4, considerada de riesgo alto, comprende atrasos de entre 181 y 365 días, mientras que la Situación 5, calificada como irrecuperable, incluye demoras superiores a un año o deudas de entidades liquidadas. En ambos casos, quienes se encuentren en esas categorías no podrán acceder a esta iniciativa, que se concentra en personas con un nivel de incumplimiento menor y con mayores posibilidades de reordenar sus obligaciones.
No bastará, sin embargo, con encontrarse dentro de esas categorías. La reglamentación establecerá condiciones económicas, financieras y patrimoniales adicionales para determinar quiénes podrán ingresar al programa.
Entre los factores que podrán evaluarse figuran los ingresos del solicitante y de su grupo familiar conviviente, la propiedad de inmuebles y vehículos, la existencia de otros bienes registrables, activos financieros e inversiones y la relación entre ingresos disponibles y deudas.
También podrán fijarse topes relacionados con el Salario Mínimo, Vital y Móvil y exigirse declaraciones juradas y documentación respaldatoria.
Para conseguir que bancos y emisoras de tarjetas participen de un esquema de adhesión voluntaria, el Gobierno provincial propone un incentivo tributario.
Las entidades adheridas tendrán una alícuota del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre los intereses y ajustes generados por las operaciones de refinanciación, reprogramación o reestructuración realizadas dentro del programa.
Un tratamiento similar tendrán las emisoras de tarjetas sobre los intereses correspondientes a la refinanciación de los saldos alcanzados.
La efectividad del programa dependerá así no sólo de su aprobación legislativa y posterior reglamentación, sino también de la adhesión de las entidades financieras y emisoras, ya que serán ellas las encargadas de instrumentar las nuevas líneas.
El Ministerio de Economía de Córdoba será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la instrumentación del régimen, los procedimientos para que las entidades adhieran, la acreditación de los beneficiarios y los sistemas de registración, información y control.
La cartera económica también estará facultada para celebrar convenios e intercambiar información con organismos públicos, bancos, emisoras de tarjetas y otras instituciones involucradas.
Si la Legislatura convierte el proyecto en ley y posteriormente es reglamentado, el programa tendrá una vigencia de tres meses calendario para concretar las operaciones.
La propuesta coloca así el endeudamiento de los hogares en la agenda legislativa provincial y plantea una salida acotada para quienes ya registran dificultades en el sistema financiero: refinanciar deudas de consumo y gastos esenciales a una tasa máxima establecida por ley, a cambio de beneficios fiscales para las entidades que acepten participar.
