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(Córdoba; SN) – Las universidades nacionales iniciaron este jueves un paro de 48 horas contra el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la pérdida salarial acumulada desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.
La medida continuará durante el viernes y alcanza a docentes, investigadores y trabajadores no docentes. Fue convocada por las federaciones que integran el Frente Sindical Universitario y tiene impacto en la Universidad Nacional de Córdoba.
Los gremios reclaman una recomposición salarial de entre 31% y 34% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023. También exigen la actualización de las becas estudiantiles y de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, los hospitales universitarios, la investigación científica y la extensión.
El conflicto presenta una particularidad: los trabajadores no reclaman únicamente la apertura de una negociación salarial. Exigen que el Gobierno cumpla una ley vigente, aprobada por el Congreso incluso después de que el Presidente intentara impedir su aplicación.
La Ley 27.795 fue sancionada el 21 de agosto de 2025 para garantizar el sostenimiento de las universidades públicas y recomponer los salarios docentes y no docentes.
La norma estableció que las remuneraciones debían recuperar lo perdido frente a la inflación desde diciembre de 2023 y continuar actualizándose mensualmente. También ordenó recomponer las becas Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, entre otras.
Milei vetó completamente la iniciativa. Sin embargo, Diputados y el Senado reunieron posteriormente los dos tercios necesarios para rechazar el veto y confirmar la sanción.
La ley quedó promulgada por decisión del Congreso y fue publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025.
El Gobierno respondió mediante el Decreto 759/2025, que condicionó su ejecución a la determinación de una fuente específica de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes dentro del presupuesto.
Esa decisión provocó una demanda colectiva del Consejo Interuniversitario Nacional y los rectores de 49 universidades públicas.
La Justicia ordenó cautelarmente al Gobierno aplicar de manera inmediata los artículos 5° y 6° de la ley, referidos a la actualización salarial y las becas estudiantiles.
El Estado intentó apartar al juez de la causa porque se desempeña como docente universitario. El planteo fue rechazado por la Cámara y el Gobierno llevó la discusión hasta la Corte Suprema.
El máximo tribunal desestimó el recurso y sostuvo que ejercer la docencia en una universidad nacional no demuestra, por sí mismo, la existencia de un interés personal capaz de afectar la imparcialidad de un magistrado. Corte Suprema
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó posteriormente la medida cautelar. Pese a esas resoluciones, los sindicatos sostienen que el Ejecutivo continúa sin actualizar los salarios y las becas en los términos establecidos por la ley.
“Hace más de 300 días que el Gobierno no cumple la Ley de Financiamiento Universitario”, denunciaron desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba —ADIUC—.
Según las estimaciones gremiales, los salarios universitarios se encuentran entre 31% y 34% por debajo de la inflación acumulada desde noviembre de 2023.
CONADU reclama el pago inmediato del 31,2% adeudado hasta julio y sostiene que la pérdida acumulada equivale a más de cuatro salarios.
ADIUC señaló que los trabajadores lograron recuperar 21,33 puntos mediante las últimas negociaciones, pero todavía permanecen pendientes otros 34 puntos.
El reclamo también incluye la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente —FONID—, la actualización de la garantía salarial y el envío de recursos para capacitación.
“La Ley de Financiamiento Universitario no se está cumpliendo en ninguna de sus partes, porque ninguna de las partidas que contempla fue actualizada a los valores que tenían en noviembre de 2023”, afirmó ADIUC.
En la Universidad Nacional de Córdoba, ADIUC convocó a docentes e investigadores a no prestar tareas durante el jueves y el viernes.
Los trabajadores no docentes también participan de la protesta convocada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales —FATUN—.
La medida afecta el dictado de clases y las actividades administrativas en distintas facultades y dependencias, aunque el nivel de adhesión puede variar según cada unidad académica.
FATUN ratificó el paro después de una audiencia de conciliación ante el juez Enrique Lavié Pico, de la que participaron representantes sindicales, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina. El encuentro terminó sin acuerdos ni respuestas favorables por parte del Ejecutivo. FATUN
Ante la profundización del conflicto, el Gobierno convocó a los gremios universitarios a una reunión paritaria para el próximo martes 1° de septiembre.
Las organizaciones asistirán con el reclamo de recuperar el poder adquisitivo perdido y exigir la aplicación completa de la ley.
La convocatoria no implica que el Ejecutivo haya aceptado realizar la recomposición salarial. Los sindicatos advirtieron que mantendrán el plan de lucha si la reunión no produce una propuesta concreta.
Mientras tanto, continúa pendiente la actualización de partidas para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, becas, investigación y extensión.
Después de más de 300 días, el conflicto dejó de ser solamente presupuestario. El Congreso sancionó la ley, rechazó el veto presidencial y la Justicia ordenó aplicar algunos de sus artículos. El Gobierno, sin embargo, todavía no la cumple.
