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(Buenos Aires; SN) – Javier Milei llegó a la Presidencia con la promesa de “dinamitar” el Banco Central. Casi tres años después, el organismo continúa abierto y la Cámara de Diputados aprobó una reforma destinada a reducir sus funciones, impedir que financie al Estado y blindar a sus autoridades frente a futuros gobiernos.
El proyecto obtuvo 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. Fue respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la Unión Cívica Radical, el MID y diferentes bloques provinciales. Ahora deberá ser tratado por el Senado.
La iniciativa convierte la preservación del valor de la moneda en la única misión del Banco Central y elimina otros objetivos relacionados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
También endurece las condiciones para remover al presidente y los directores de la entidad. Si el Senado convierte el proyecto en ley, desplazar a una autoridad del Banco Central requerirá reunir dos tercios de los votos tanto en Diputados como en la Cámara alta.
Durante la campaña de 2023, Milei aseguró que cerraría el Banco Central y eliminaría el peso. Después de ganar el balotaje, la Oficina del Presidente Electo llegó a comunicar que la desaparición de la entidad “no era negociable”.
Aquella promesa quedó desplazada. El Gobierno ahora busca conservar el organismo bajo un nuevo diseño institucional y limitar por ley las decisiones que puedan adoptar las próximas administraciones.
“Le vamos a poner un candado al Banco Central”, resumió el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, durante el debate.
El diputado oficialista Santiago Pauli sostuvo que la reforma pretende impedir que los gobiernos recurran a la entidad ante la falta de recursos.
“Cada vez que al Estado le faltaba plata, se metía mano en el Banco Central”, afirmó. Según el legislador, el objetivo es “erradicar la posibilidad de que cualquier gobierno emita indiscriminadamente”.
La explicación reproduce la postura de Milei, quien atribuye la inflación principalmente a la emisión monetaria. Sin embargo, la reforma también eliminará herramientas que permitían al Banco Central intervenir sobre el crédito, la producción y el empleo.
La nueva Carta Orgánica establece que el Banco Central tendrá como finalidad exclusiva preservar el valor de la moneda.
De esta manera, desaparecerán los objetivos incorporados en 2012, que también asignaban a la institución responsabilidades sobre la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
El cambio no es solamente técnico. Las decisiones monetarias quedarán concentradas en combatir la inflación, aunque puedan tener consecuencias sobre la actividad económica, el acceso al crédito o los puestos de trabajo.
Durante el debate, el diputado Miguel Ángel Pichetto calificó la iniciativa como una “trampa cazabobos” y advirtió que conduce hacia una “peruanización del Banco Central”.
Para el legislador, la entidad debería funcionar como una herramienta para el desarrollo y permanecer subordinada a las decisiones políticas del país.
Otro de los puntos centrales es la prohibición de financiar al sector público. La restricción alcanzará al Tesoro nacional, las provincias y los municipios.
El Banco Central tampoco podrá comprar títulos públicos directamente en el mercado primario. El Gobierno busca cerrar legalmente la posibilidad de recurrir a la emisión para cubrir déficits fiscales.
La medida también reducirá la capacidad del Estado para utilizar la entidad frente a crisis económicas o situaciones extraordinarias.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que la reforma busca facilitar el endeudamiento y proteger intereses financieros externos.
“Hay alguien por encima de Bausili y Caputo, que es JP Morgan”, denunció durante la sesión. El diputado Itai Hagman, del mismo espacio, afirmó que el objetivo es “endeudar a la Argentina a través del Banco Central”.
La reforma establece que la remoción del presidente y los directores del Banco Central deberá contar con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
El Gobierno presenta el cambio como una garantía de independencia frente a la política. La oposición advierte que podría convertirse en un escudo para las autoridades nombradas por la actual administración.
Santiago Bausili conduce el Banco Central en comisión desde diciembre de 2023 porque Milei todavía no envió su pliego al Senado. Antes de asumir, fue socio del ministro Luis Caputo en la consultora Anker.
Pichetto cuestionó que el proyecto pueda utilizarse para mantener en el cargo al actual titular de la entidad, a quien definió como “amigo y socio” del ministro de Economía.
El diputado Esteban Paulón planteó una sospecha similar: “¿Será que el Presidente llegará al final del mandato y cinco minutos antes meterá el pliego de Bausili y se lo dejará como clavo al que sigue?”.
Si el Gobierno consigue aprobar primero la nueva Carta Orgánica y luego confirma a Bausili, el funcionario podría continuar en la entidad bajo un régimen que volvería considerablemente más difícil su desplazamiento.
Uno de los puntos más discutidos fue el artículo 13, referido a la administración de las reservas internacionales.
La nueva redacción declara inembargables los bienes que integran las reservas, pero también permite mantener una parte de los activos externos en bancos del exterior, oro, instrumentos financieros líquidos y papeles pagaderos en moneda extranjera.
Además, autoriza al Banco Central a utilizar esos activos como garantía en operaciones propias de banca central.
Unión por la Patria solicitó votar el artículo por separado. La conducción de Martín Menem avanzó con la votación por títulos, lo que provocó una fuerte discusión dentro del recinto y cruces entre legisladores oficialistas y opositores.
El proyecto coincide con las recomendaciones efectuadas por el Fondo Monetario Internacional. En su informe correspondiente a la revisión del acuerdo con Argentina, el organismo consideró “esenciales” las reformas legales destinadas a modificar la conducción, los objetivos y la independencia del Banco Central.
El Fondo también pidió reforzar las barreras contra el financiamiento monetario del Estado y aumentar la protección de las autoridades de la entidad.
El dato llamativo es que, en ese mismo documento, el Gobierno argentino había respondido que la Carta Orgánica vigente no constituía un obstáculo para reducir la inflación y que su modificación no representaba una necesidad urgente.
Meses después, Milei anunció la iniciativa por cadena nacional y la convirtió en una de las prioridades legislativas de su administración.
La media sanción fue acompañada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales como Argentina Federal, Independencia, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires y parte de Provincias Unidas.
El proyecto pasará ahora al Senado, donde el oficialismo deberá conseguir los votos necesarios para convertirlo en ley.
La reforma no cierra el Banco Central ni avanza con la dolarización prometida durante la campaña. Hace exactamente lo contrario: conserva la entidad, reduce sus funciones y fortalece la permanencia de sus autoridades.
El Banco Central que Milei prometió dinamitar seguirá funcionando. Si el Senado acompaña, quedará sujeto a una Carta Orgánica alineada con las recomendaciones del FMI y diseñada para condicionar las decisiones de los gobiernos futuros.
