


(Córdoba; SN) El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó este martes la inmediata liberación de Paola Verónica Ortiz, quien llevaba más de 13 años privada de su libertad por la muerte de su hija recién nacida luego de un parto ocurrido en 2012.
La Sala Penal revisó la condena a prisión perpetua y la redujo a 13 años, nueve meses y 26 días, período que Ortiz ya cumplió detenida. La resolución consideró circunstancias extraordinarias de atenuación vinculadas con el contexto de violencia, pobreza y vulnerabilidad en el que se encontraba la mujer.
Ortiz, oriunda de Villa Nueva, había atravesado sola un denominado “parto en avalancha”. En 2015, la Cámara del Crimen de Villa María la declaró responsable de homicidio calificado por el vínculo y le impuso prisión perpetua.

La revisión fue impulsada por las abogadas Rocío García Garro y Julia Luna. La presentación cuestionó, entre otros aspectos, la ausencia de perspectiva de género en el análisis de las condiciones en las que Ortiz atravesó el embarazo y el parto.
Entre los elementos planteados por la defensa se encontraba además el informe forense, que indicaba que no podía determinarse de manera concluyente si había existido vida posnacimiento. Sobre esa base, las letradas sostuvieron que la sentencia original no contaba con pruebas suficientes para establecer ese extremo.
Organizaciones feministas acompañaron durante años el pedido de revisión y señalaron que la condena inicial no había contemplado adecuadamente las condiciones personales y sociales que atravesaba Ortiz. Según esos planteos, se encontraba desempleada, tenía tres hijos a cargo y vivía en un contexto atravesado por situaciones de violencia.
El TSJ mantuvo la responsabilidad penal por homicidio calificado por el vínculo, pero reconoció circunstancias extraordinarias de atenuación y reemplazó la prisión perpetua por una pena equivalente al tiempo que Ortiz ya llevaba detenida. De ese modo, dispuso su libertad inmediata.
La decisión constituye además un antecedente relevante respecto de la incorporación de la perspectiva de género en la revisión de condenas y del análisis judicial de los contextos de violencia y vulnerabilidad que atraviesan las mujeres sometidas a procesos penales.


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